Monopolio | límites al poder del monopolista: el derecho de la competencia

Límites al poder del monopolista: el Derecho de la competencia

El Estado limita el poder de mercado monopolista mediante la legislación antimonopolio; elaborando leyes y reglamentaciones destinadas a fomentar la competencia en la economía prohibiendo todo lo que puede acarrear algún tipo de ineficiencia en el mercado, limitando las estructuras de mercado permitidas. En estos casos despliega todos sus efectos antes de que se produzca finalmente el monopolio, puesto que se trata de evitar que finalmente se desarrolle una estructura ineficiente.

Sin embargo, existen ciertos casos en los que la regulación despliega sus efectos permitiendo el monopolio, y únicamente se limita a regularlo. Cuando la estructura más eficiente para un mercado sea un monopolio, es decir, estemos ante un monopolio natural, o bien cuando por política económica el estado quiera favorecer la existencia de una empresa que dirija un monopolio en un área concreta, lo ideal será reducir el poder del monopolista hasta el mínimo en el cual le sea rentable estar en el mercado. De esta forma el estado intenta, interviniendo en el mercado, paliar el abuso del poder de mercado del monopolista en beneficio de los consumidores y stakeholders en general.

Es un caso característico, por ejemplo, de los servicios públicos porque suelen acarrear altos costes fijos que propician economías de escala motivando que la solución más eficiente es que haya una sola empresa para que exista la mayor amortización posible de las infraestructuras que han sido necesarias para desarrollar la actividad (monopolio natural). Otras estructuras en las que se observa esta regulación posterior pueden caracterizarse, bien porque sea más rentable permitir la existencia de un poder de mercado, como en la competencia monopolística, o bien cuando no puede obligarse a que se realice otra conducta, como en el caso de la colusión implícita. En estos casos lo que trata la ley es de equiparar la situación del consumidor a la del monopolista, para que este ofrezca una mayor cantidad del productor y a un precio más bajo.

Por último encontramos los casos del monopolio estatal, en los que el estado decide crear un monopolio en un área concreta que considera estratégica (monopolio artificial). En ese caso la regulación es continua, al ser el estado la entidad que toma todas las decisiones por motivos políticos.[7]

Prohibiéndolo

Los organismos más importantes a la hora de desarrollar y ejecutar este tipo de regulaciones son el Departamento de Justicia (en la foto) y la Federal Trade Commission en Estados Unidos; y la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los ministerios de justicia en Europa.

Debido a los costes sociales que conlleva, el monopolio se considera de forma genérica una estructura de mercado ineficiente, por lo que se trata de evitar que finalmente se produzcan concentraciones de poder de mercado. Para ello se desarrollan distintas prohibiciones sobre:

  • Los acuerdos sobre fijación de precios u otras estrategias de mercado similares.
  • La conducta paralela: un tipo de colusión implícita en la que una empresa imita sistemáticamente las acciones de la otra y puede desembocar en una conducta (precios y cantidades) similar a las de un monopolio.
  • Las prácticas depredadoras en la fijación de los precios, que tienen el objeto llevar a la quiebra a los competidores y disuadir de entrar en el mercado a quienes estén considerando esa posibilidad, con el fin de poder disfrutar de un mayor poder de mercado según la teoría de los mercados disputados.
  • La creación de barreras de entrada ya sean legales (patentes, licencias, derechos de autor patrimoniales...), tradicionales (costes de publicidad, altos costes irrecuperables o sunk costs...), de costumbres (crear un compromiso por parte de los consumidores con esa empresa rechazándose las demás...) o mediante el control de un elemento imprescindible para la producción.

La aplicación de las leyes antimonopolio puede realizarse a través de las respectivas divisiones antimonopolio de los ministerios de justicia nacionales resultando en multas e incluso penas de cárcel (por ejemplo en EE. UU.) o a través de los procedimientos administrativos de la Federal Trade Commission que pueden iniciarse no solamente a través de demandas de productores sino también de consumidores (class actions), los cuales pueden exigir el triple del valor monetario de los daños sufridos (triple damages) y las costas judiciales. Algunos ejemplos son la ley Clayton Antitrust o la ley Sherman Antitrust. El organismo que ejecuta y desarrolla las leyes antimonopolio en Europa es la Comisión Europea junto a las administraciones nacionales.

Regulándolo

Si el monopolio resulta ser la estructura más eficiente posible para una determinada industria, se admite su existencia, dando lugar a un monopolio natural, pero se intenta reducir el poder de mercado adquirido por el monopolista hasta el mínimo posible, equiparando la situación del consumidor y del productor. Para ello se realizan diversas prácticas.

Por ejemplo, pueden forzar al monopolista a reducir su precio, estableciendo un precio máximo cercano al precio competitivo (lo que impide que exista una pérdida irrecuperable de eficiencia (X-inefficiency), o en el caso de las economías de escala provoca que se tenga que otorgar una subvención al encontrarse el precio competitivo por debajo de los costes medios), o acosando a impuestos al productor para luego repartirlo entre los consumidores (lo que de nuevo nos dejaría con el coste social de la pérdida irrecuperable de eficiencia), entre otras. En un primer momento eran los Ministerios de economía los encargados de regular el mercado nacional pero hoy día los acuerdos internacionales en materia económica conforman un entramado económico a partir del cual se regula de forma internacional.

Fomentándolo

De la misma forma, también pueden permitirse e incluso fomentarse la existencia de monopolios frutos del intervencionismo estatal, en cuyo caso estaremos ante un monopolio artificial. Esto suele responder a una política económica determinada del gobierno que puede responder a diferentes motivaciones. Dos ejemplos característicos son los derechos de autor o los estancos de tabaco.

También siguiendo la tendencia intervencionista, el Estado puede nacionalizar o estatalizar monopolios, permitiendo así que el poder de mercado caiga en manos estatales y no privadas. El comunismo responde a este tipo de regulación. En la actualidad se ha desarrollado una influencia durante los siglos XIX y XX de las teorías liberales y keynesianas que propician la existencia de liberalizaciones y privatizaciones en la mayoría de países del primer mundo, por lo que actualmente esta regulación basada en la estatización se encuentra en receso.

Tendencias sobre legislación

En relación a la necesidad de una normativa antimonopolio existen dos posturas clásicas al respecto. Los partidarios del intervencionismo estatal en la economía de mercado afirman la existencia de una serie de fallos de mercado, los cuales provocan que se desarrollen estructuras de mercado de este tipo que pueden consecuenciar la sumisión de los consumidores ante el poder de mercado del monopolista, lo que puede acarrear grandes desigualdades económicas y sociales, por lo que los únicos monopolios existentes (ya que se consideran inevitables en aquellas industrias que presentan economías de escala) deben de estar en manos del Estado. Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en sistemas económicos socialistas y comunistas.

Por otro lado los partidarios de las posturas liberales y neoliberales afirman que los únicos monopolios que se podrían mantener en el tiempo son los monopolios naturales que son los que conservan una eficiencia de Pareto y no hacen sino mejorar el mercado abaratando los costes y por tanto el precio del producto o servicio; y que el resto de estructuras monopolistas no son sino el resultado de monopolios artificiales precisamente fruto del intervencionismo estatal (por ejemplo, en el caso de una patente o un permiso único de producción). Estas corrientes encuentran su implantación más férrea en los sistemas económicos capitalistas. Hoy en día las más implantadas en los sistemas occidentales son las corrientes liberales aunque una forma bastante moderada siguiendo en parte el modelo keynesiano.

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