Ley de dependencia | aplicabilidad real y financiación de la ley

Aplicabilidad real y financiación de la ley

La entonces ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció en el pleno de control al Gobierno de 21 de mayo de 2008 que el Ejecutivo iba a adelantar la primera evaluación del desarrollo de la Ley de Dependencia con un diagnóstico de la situación actual, ante su "compleja aplicación", a pesar de que la norma prevé que este análisis se realice transcurridos los tres años de vigencia.

Sin embargo, hasta la celebración del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 10 de julio de 2012 no se aprobó la primera evaluación de los resultados obtenidos durante los cinco primeros años de vigencia de la Ley (de 2007 a 2011).[11]

Posteriormente, se aprobaron por este Consejo Territorial sendas evaluaciones oficiales correspondientes a los ejercicios 2012[13]​ Ambas evaluaciones anuales muestran un continuado incremento de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia que reciben prestación hasta las 753.842 de diciembre de 2013.

Aunque algunos medios han publicado que la Ley no se está financiando y, por tanto, no está funcionando como se esperaba,[19]

Llegados a este punto cabe destacar que la Ley de Dependencia se financia mediante un complejo sistema basado en tres fuentes de origen de los fondos:

  • La financiación estatal que, a su vez, se divide en:
    • a) Aportaciones del Imserso para cubrir el nivel mínimo de protección garantizado.
    • b) Aportaciones del ministerio de Hacienda derivadas de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • La financiación mediante recursos propios de cada Comunidad Autónoma.
  • Las aportaciones de los propios beneficiarios de la Ley de Dependencia (copago).

a) El nivel mínimo de protección estatal

Establecido en el artículo 7 de la Ley de Dependencia y regulado en detalle por el Real Decreto 1.050/2013, de 27 de diciembre.

b) Las aportaciones estatales de la Ley de Financiación Autonómica

Desde el año 2009, además de la financiación del nivel mínimo de protección, el Estado aporta directamente a los haciendas autonómicas una cantidad adicional calculada en función tanto del número de personas en situación de dependencia con prestación, como de la población potencialmente dependiente de cada Comunidad Autónoma.

c) Recursos propios de cada Comunidad Autónoma

A las Comunidades Autónomas corresponde cofinanciar también la Ley de Dependencia con una cantidad anual igual, al menos, a la aportada por el Estado.

d) Pago de los propios beneficiarios

Las aportaciones de las personas beneficiarias se efectúa dependiendo de su capacidad económica personal y del tipo y coste del servicio que reciban.

Para los profesores de la Universidad de Valladolid, Dolores de Prada y Luis M. Borge, la financiación real de la Ley de Dependencia estaría recayendo, en su mayor parte en el Estado, con un 54,77% en total, así como en el copago de las personas en situación de dependencia, un 28,73%, mientras que las Comunidades Autónomas estaría incumpliendo su obligación de cofinanciarla a partes iguales con el Estado, al estar aportando tan solo un 16,5%.[20]

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