Crisis final del reinado de Isabel II | la últimos gobiernos moderados y el final de la monarquía de isabel ii (1866-1868)

La últimos gobiernos moderados y el final de la Monarquía de Isabel II (1866-1868)

El último gobierno del general Narváez (julio de 1866-abril de 1868)

El neocatólico Manuel Orovio, ministro de Fomento del gobierno de Narváez

El séptimo gobierno del general Narváez optó por una política autoritaria y represiva, como dejó muy claro desde el primer día cuando el general declaró en la Cortes que la prioridad era «la cuestión del orden público, la que interesa a todos los españoles» y a continuación suspendió las garantías constitucionales y decretó el cierre temporal del parlamento. Unas de las víctimas principales de la represión fueron los profesores de la Universidad de Madrid, a pesar de que ya habían pasado varios meses desde la noche de San Daniel, porque muchos de ellos eran krausistas, que eran considerados por los neocatólicos -que predominaban en el entorno de la reina y en el del gobierno moderado- como una especie de secta que quería acabar con la religión y con la monarquía. Así el 22 de enero de 1867 el ministro de Fomento, el neocatólico Manuel Orovio, decretó la destitución de sus cátedras de los profesores Emilio Castelar, Julián Sanz del Río, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón. Este y otros abusos provocaron que un grupo de diputados intentara hacer llegar a la reina su protesta pero el gobierno lo impidió y se incautó del manifiesto. La espiral represiva llegó a alcanzar a los presidentes del Congreso y del Senado -dos unionistas de peso: Antonio de los Ríos Rosas y el general Serrano- que fueron detenidos y desterrados.[48]

La política autoritaria y represiva del gobierno de Narváez hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal de O'Donnell, que optó por hacer el «vacío en Palacio» -según la expresión del propio O'Donnell-, lo que significaba el retraimiento en el Senado. O'Donnell llegó incluso a plantear la abdicación de Isabel II en favor de su hijo Alfonso -el futuro Alfonso XII-, que sólo tenía nueve años de edad. A lo que se negó en rotundo O'Donnell fue a pactar ninguna iniciativa con los progresistas con los que estaba "dolido por los acontecimientos del Cuartel de San Gil, en especial con Prim". Sólo tras su muerte en noviembre de 1867,[50]

Juan Prim en 1869

El pacto de Ostende de progresistas y demócratas, que recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 de agosto de 1866, constaba de dos puntos:[51]

1º, destruir lo existente en las altas esferas del poder;
2º, nombramiento de una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, siendo elegida por sufragio universal directo.

La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell, Prim y Serrano -paradójicamente, el mismo militar que había dirigido la represión de la sublevación del cuartel de San Gil- firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo.[53]

Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios de 1867. La "influencia moral" del gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro diputados. Además en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al gobierno.[55]

La crisis de subsistencias de 1867-1868

A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868 motivada por la malas cosechas de esos años, en un momento en que “el país se encontró totalmente falto de reservas de las que poder echar mano, debido a que las exportaciones a Cuba, Francia e Inglaterra lo habían vaciado prácticamente”.[57]

Los afectados por la crisis de subsistencias no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de "pan a ocho" (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas -incluidos los ferrocarriles- y la construcción. Así pues, como han señalado los historiadores de la economía en esos años confluyeron dos tipos de crisis, una moderna de tipo capitalista que generaba desempleo y otra tradicional, de subsistencias, que provocaba carestía y escasez. La coincidencia de ambas creaba "unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino".[58]

El problema afectaba especialmente a las ciudades de cierta importancia, como lo reflejan las actas del Ayuntmiento de Madrid en las que aparecen los problemas que tenía para intentar remediar la situación y también las medidas que se pusieron en marcha que recordaban las que adoptaban las autoridades en el Antiguo Régimen: “desde la puesta en venta de pan de ínfima calidad y las suscripciones en el vecindario con destino a dar raciones diarias a las clases menesterosas, hasta el tradicional reparto de potaje en los centros de beneficencia”.[59]

Los dos últimos gobiernos de la Monarquía (abril-septiembre 1868)

El 23 de abril de 1868 murió el general Narváez y la reina, que ya no pudo recurrir a O'Donnell que también había fallecido unos meses antes, nombró al ultraconservador ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, nuevo presidente del gobierno. Como ha señalado Juan Francisco Fuentes, en aquel momento "la Monarquía se había situado en un punto de no retorno. Muertos O'Donnell y Narváez y en plena desbandada los principales generales unionistas, como Prim -pasado al progresismo-, Serrano -antiguo favorito de la reina- o Dulce, la soledad política de la reina resultaba incontestable. En opinión de Carmen Llorca, con la muerte de Narváez el reinado de Isabel II se podía dar por virtualmente terminado. Ante tal panorama, la opción de la reina fue reforzar aún más el giro autoritario confiando a Luis González Bravo la formación de un nuevo gobierno".[60]

Cuando González Bravo se presentó ante las Cortes definió a su gobierno como uno «de resistencia a toda tendencia revolucionaria». Enseguida, cerró las Cortes y mandó detener y desterrar a los principales generales de la Unión Liberal -Francisco Serrano, Domingo Dulce, Fernando Fernández de Córdova y Antonio Caballero y Fernández de Rodas. La respuesta de la oposición antidinástica fue el Pacto de Bruselas del 30 de junio de 1868 en el que se ratificaron los objetivos del Pacto de Ostende.[61]

Una prueba más del aislamiento en que se encontraba el régimen isabelino fue el decreto que promulgó el gobierno en julio de 1868 por el que se desterraba de España al duque de Montpensier y a su esposa, que era la hermana de la reina, ya que se sospechaba que aspiraba al trono, una vez que estuviera vacante por el triunfo del pronunciamiento que se estaba preparando. Era el candidato que preferían los generales unionistas una vez hubiera caído Isabel II, por lo que esta decisión hizo que más mandos militares se sumaran al movimiento, entre ellos el almirante Juan Bautista Topete.[62]

La Revolución de 1868

El 16 de septiembre el general Prim llegó a Cádiz procedente de Londres, vía Gibraltar y dos días después, el 18 de septiembre, se sublevaba el almirante Juan Bautista Topete al frente de la escuadra. El 19, tras la llegada desde Canarias del general Serrano y del resto de los generales unionistas comprometidos, Topete leyó un manifiesto redactado por el escritor unionista Adelardo López de Ayala en el que se justificaba el pronunciamiento y que acababa con un grito -«¡Viva España con honra!»- que se haría célebre. En los días siguientes el levantamiento se fue extendiendo por el resto del país, empezando por Andalucía.[63]

El mismo día en que se hizo público el manifiesto de los sublevados, Luis González Bravo aconsejó a la reina Isabel II que a él le sustituyese en la presidencia un militar, para mejor hacer frente a la lucha armada, dimitiendo de su presidencia en favor del general José Gutiérrez de la Concha, quien mantuvo a casi todos los ministros del gobierno anterior y puso al frente del Ministerio de Gobernación a González Bravo, este último habiendo ocupado ya antes tal puesto en tres ocasiones. El nuevo presidente organizó en Madrid un ejército como pudo, dada la falta de apoyo que encontró entre los mandos militares, y lo envió a Andalucía al mando del general Manuel Pavía y Lacy, Marqués de Novaliches, para que acabara con la rebelión. Al mismo tiempo aconsejó a la reina que volviera a Madrid desde San Sebastián donde estaba de veraneo pero al poco tiempo de iniciar el viaje en tren el general de la Concha le envió un telegrama a la reina pidiéndole ahora que siguiera en San Sebastián porque las situación de las fuerzas leales había empeorado.[64]

El 28 de septiembre tuvo lugar la decisiva batalla de Alcolea (en la provincia de Córdoba) en la que la victoria fue para las fuerzas sublevadas al mando del general Serrano que contaron con el apoyo de millares de voluntarios armados. Al día siguiente el levantamiento triunfaba en Madrid y el día 30 Isabel II abandonaba España desde San Sebastián.[66]

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