Crisis final del reinado de Isabel II | la vuelta de los moderados al poder (1863-1865)

La vuelta de los moderados al poder (1863-1865)

El gobierno de Miraflores y el retraimiento de los progresistas

Para decidir quién sustituiría a O'Donnell la reina convocó a palacio al presidente del Congreso de los Diputados, Diego López Ballesteros, y al del Senado, Manuel Gutiérrez de la Concha, quienes le aconsejaron que nombrara a un progresista como nuevo presidente del gobierno. La reina aceptó la propuesta pero cuando se entrevistó con una comisión del Partido Progresista integrada por el "resellado" Manuel Cortina y por el "puro" Pascual Madoz éstos no le dieron ningún nombre para presidente del gobierno y le pidieron tiempo para reorganizar el partido. Los dos sectores del Partido Progresista -"resellados" y "puros"- se reunieron el 19 de marzo de 1863 para reunificar el partido ante la inminencia de la entrada en el Gobierno de los progresistas. En la reunión se barajó el nombre del general Juan Prim, quien mantenía unas excelentes relaciones con la reina y que además había sido el político progresista que O'Donnell le había propuesto a Isabel II para sustituirle.[5]

El problema que tenía la reina es que no encontraba ningún político que quisiera hacerse cargo del gobierno con unas Cortes con mayoría de la Unión Liberal y al que no podía otorgar el decreto de disolución porque ya se lo había denegado a O'Donnell, lo que había causado su dimisión. Así que tuvo que recurrir a última hora al anciano moderado Marqués de Miraflores para que gobernara con las Cortes «tal cual existían». Como de era de esperar Miraflores se tuvo que enfrentar con una fuerte oposición parlamentaria por lo que suspendió las sesiones de las Cortes el 6 de mayo y finalmente obtuvo de la reina el decreto de disolución a mediados de agosto de 1863.[6]

Miraflores se reunió con el líder progresista Salustiano de Olózaga ofreciéndole entre 50 y 70 diputados en las nuevas Cortes que tendrían una mayoría moderada y unionista, pero Olózaga "tras una primera aceptación, acabó negándose a la componenda".[8]

Entonces el ministro de la Gobernación Florencio Rodríguez Vaamonde envió unas circulares a los gobernadores civiles en las que, para impedir que los progresistas consiguieran más escaños de los que pensaba "otorgarles" el gobierno, se restringía el derecho de reunión exclusivamente a las personas que tenían derecho al voto -"que eran 179.000 en toda España, en una población de unos diecisiete millones de habitantes"-[10]

La vuelta de Narváez

El gobierno del Marqués de Miraflores duró diez meses, hasta el 17 de enero de 1864. La razón de su corta duración fue que no tenía detrás de él a ninguna de las facciones que constituían el Partido Moderado por lo que cuando presentó en las Cortes su proyecto de reforma de las Constitución de 1845 -intentando introducir como en 1853 los senadores hereditarios- su propio partido tampoco la apoyó. Le sucedió Lorenzo Arrazola, que se presentó en las Cortes como representante del «partido moderado histórico» pero su gobierno sólo duró cuarenta días. Su final se debió a que varios ministros prefirieron dimitir antes que ceder a la presión del rey consorte Francisco de Asís de Borbón que quería que firmaran una concesión de ferrocarril para el financiero José de Salamanca, de quien iba a recibir una comisión millonaria.[12]

El gobierno de Alejandro Mon estaba integrado por moderados y unionistas con lo que contaba con una base parlamentaria más amplia que los dos gobiernos anteriores, pero a pesar de ello sólo logró mantenerse en el poder seis meses, hasta que en septiembre de 1864 los ministros de la Unión Liberal dimitieron para forzar la caída del gobierno. Su única obra importante fue la aprobación de una nueva ley de imprenta, que sustituía a la de Cándido Nocedal y que fue redactada por Cánovas del Castillo, en la que se ponía bajo la jurisdicción militar los artículos periodísticos que «tendieran a relajar la fidelidad o disciplina de las fuerzas armadas».[13]

"Con la dimisión de Alejandro Mon se cerraría un período de año y medio de inestabilidad presidido por gobiernos de bajo perfil, buenas intenciones y escaso apoyo político. [...] Tampoco se puede decir que la reina y su círculo más conservador mostrara excesivo entusiasmo por aquel moderantismo de medias tintas [un «moderantismo teñido de unionismo»]", afirma Juan Francisco Fuentes.[15]

La corona estaba sin norte, el gobierno sin brújula, el Congreso sin prestigio, los partidos sin bandera, las fracciones sin cohesión, las individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el crédito en el suelo, los impuestos en las nubes, el país en la iquietud...

Entonces la reina llamó el 16 de septiembre de 1864 al general Narváez, el único político que podía unir tras de sí a un Partido Moderado muy dividido, para que formara gobierno por sexta vez -mientras, el general Prim seguía sin conseguir que los progresistas abandonaran el retraimiento-. Al parecer, en la decisión de llamar a Narváez influyó la reina madre María Cristina de Borbón, que pensó en él para que consiguiera apartar del retraimiento a los progresistas derogando las circulares restrictivas del derecho de reunión y prometiéndoles unas elecciones limpias, dentro de lo que cabía en aquella época. Según Jorge Vilches, María Cristina se llegó a entrevistar con el general Espartero para que hiciera cambiar de opinión al Partido Progresista, lo que no consiguió, e incluso intentó que su hija Isabel II despidiera a la camarilla clerical que la rodeaba, que era otro de los argumentos de los progresistas para seguir sin participar en las instituciones de la Monarquía, pero su hija se negó.[16]

Narváez siguió con la política conciliadora de los tres gobiernos anteriores -nada más producirse su nombramiento declaró ser «más liberal que Riego»- por lo que pactó con O'Donnell la alternancia en el poder entre moderados y unionistas y tomó algunas medidas "aperturistas", como el mantenimiento de los funcionarios en sus puestos o una amnistía por los delitos de opinión, para que los progresistas abandonaran el retraimiento.[15]

Pero cuando Narváez convocó elecciones los progresistas se mantuvieron en su postura del retraimiento afirmando que sólo la abandonarían si la reina les llamaba a gobernar, volviendo a repetir el "o todo o nada" que ratificaron a finales de octubre en una asamblea de los representantes de los comités provinciales reunidos en Madrid, en la que 61 votaron a favor del retraimiento, y sólo 4, Prim y los suyos, en contra. El retraimiento acercó a los progresistas con el sector "liberal-democrático" del Partido Demócrata que encabezaba Emilio Castelar y que defendía la "abstención" de su propio partido y la alianza con los progresistas para «humillar y vencer a los enemigos de la libertad».[17]

La respuesta de Narváez fue abandonar rápidamente la política de conciliación escorándose hacia posiciones autoritarias que radicalizaron la actitud los progresistas cada vez más decantados hacia la insurrección y hacia la adopción de la causa de la democracia, desarrollando al mismo tiempo un discurso político claramente antidinástico. El progresista Carlos Rubio declaró en 1865: «La democracia es hoy la teoría del partido progresista; el partido progresista es la práctica de la democracia».[18]

Retrato de Sor Patrocinio.

Otro problema al que tuvo que hacer frente el gobierno de Narváez fue la cuestión romana porque Isabel II se oponía al propósito del gobierno y de toda la clase política liberal de reconocer al nuevo reino de Italia enfrentado con el Papado a causa de la usurpazione ingiusta de los Estados Pontificios -como le escribió el papa Pío IX a la reina- por parte de la monarquía italiana unificada. "La cuestión, que venía coleando desde 1861, contribuyó a dar nuevos argumentos a la leyenda negra sobre la influencia de la camarilla clerical en Palacio, a aumentar el desprestigio personal de Isabel II y, en última instancia, a debilitar aún más un sistema ya de por sí muy frágil por sus divisiones internas y por la creciente fuerza de la oposición. La figura de la reina se colocó así en el centro mismo del debate público. Cada vez eran más quienes cuestionaban abiertamente no sólo su papel político -los famosos "obstáculos tradicionales"- sino su conducta privada, marcada de forma contradictoria por su irrefrenable vida amorosa y por su devoción supersticiosa hacia figuras como el padre Claret y sor Patrocinio, popularmente conocida como la monja de las llagas".[19]

La "Noche de San Daniel" y la caída de Narváez

El desencadenante de la crisis conocida con el nombre de la Noche de San Daniel fueron dos artículos críticos con la reina Isabel II publicados por Emilio Castelar el 21 y el 22 de febrero de 1865 en La Democracia, el primero titulado "¿De quién es el patrimonio real?" y el segundo "El rasgo", que se referían a la decisión de la reina de vender algunas propiedades del Patrimonio de la Corona y, del beneficio resultante, ceder el 75% al Estado para hacer frente a su déficit y conservar para sí el 25%. En palabras de Narváez fue un gesto «tan grande, tan extraordinario, tan sublime» que fue muy aplaudido por la mayoría de los diputados que calificaron a Isabel II de «émula de Isabel la Católica» y por la prensa dinástica que también se deshizo en elogios. Emilio Castelar, por el contrario, opinaba que no existía tal gesto -"el rasgo" como lo calificó irónicamente- porque lo que había hecho la reina en realidad había sido apropiarse del 25% de un patrimonio que era "del país... La casa real devuelve al país una propiedad que es del país". Así pues el supuesto "rasgo" era en realidad un «engaño, un desacato a la ley, una amenaza..., y desde todos los puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para para sostenerse en el poder que la voluntad de la nación maldice».[21]

La reacción del gobierno Narváez fue de gran virulencia. Separó de su cátedra de Historia de la Universidad de Madrid a Emilio Castelar y a los profesores que como Nicolás Salmerón se solidarizaron con él, y destituyó al rector de la Universidad, Juan Manuel Montalbán, por negarse a instruir los expedientes contra sus compañeros. El ministro de la Gobernación Luis González Bravo declaró el estado de guerra en previsión de incidentes. El 10 de abril, día de San Daniel, cuando el nuevo rector debía jurar su cargo, los estudiantes se manifestaron por las calles de Madrid en defensa del rector depuesto.[22]

Entonces el gobierno sacó a la calle a la guardia civil a pie y a caballo y cuando los guardias llegaron a la Puerta del Sol, según relató un testigo, «sin que mediase intimación ni advertencia de ningún género, principiaron con un coraje ciego a hacer uso de las armas y a cazar a la multitud descuidada». Hubo 11 muertos y 193 heridos, en su mayoría transeúntes que no participaban en la algarada estudiantil, incluyendo ancianos, mujeres y niños. En cambio, la guardia civil sólo tuvo un herido, un centinela a caballo que recibió una pedrada -por lo que el ministro de la Gobernación Luis González Bravo faltó a la verdad cuando aseguró ante las Cortes que se había «derramado la sangre de nuestros soldados»-. Los trágicos sucesos de la que sería conocida como la Noche de San Daniel se debieron, según Josep Fontana, "a un ataque de furor de Narváez y González Bravo, que se consideraban desafiados por los manifestantes e incitaron al brutal ataque".[23]

Las consecuencias políticas de la "Noche de San Daniel" acabaron con el gobierno Narváez. Al día siguiente se reunió el consejo de ministros en el que tuvo lugar un acalorado debate entre el ministro de Fomento -del que dependía todo lo relativo a la educación-, el veterano liberal Antonio Alcalá Galiano, y el ministro de la Gobernación Luis González Bravo, durante el cual Alcalá Galiano sufrió una angina de pecho y falleció poco después. Diputados de la Unión Liberal, como Cánovas del Castillo, Posada Herrera y Ríos Rosas también dirigieron sus críticas hacia González Bravo —Ríos Rosas conmocionó al Congreso de Diputados cuando afirmó: «esa sangre pesa sobre vuestras cabezas»—.[26]

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