Violaciones de los derechos humanos del Régimen Militar (Chile)

Conmemoración de las víctimas de la Dictadura Militar chilena en el barrio París-Londres, donde operó un centro de detención y tortura.

Las violaciones de los derechos humanos en Chile se refieren al conjunto de acciones de persecución de opositores y represión política llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, agentes del Estado y por civiles al servicio de los organismos de seguridad durante la dictadura (Régimen Militar) de Augusto Pinochet entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), la cifra de víctimas directas ascendería, al menos, a unas 35 000 personas —de las cuales unas 28 000 fueron torturadas y 3527 muertas (2279 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente y al menos 1248 habrían desaparecido)—. Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención.

Contexto histórico

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Es parte de dicho contexto histórico el hecho de que el 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que denunciaba un grave quebrantamiento del orden constitucional y le representaba a las Fuerzas Armadas que debían "poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes". A los pocos días, Unidades blindadas y de infantería del ejército atacaron el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) y aviones de la Fuerza Aérea lo bombardearon. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó[2]​ y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.

Buque Escuela Esmeralda, utilizado como centro de detención y torturas en 1973.

Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos fueron ejecutados en el lugar de detención.

El 12 de septiembre, por medio del Bando Militar n° 5 las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente el Estado de Guerra interna en Chile. Se declaró ilegal y proscrito a los partidos Comunista, Socialista y las demás organizaciones de izquierda; los partidos Nacional, Democratacristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Congreso Nacional. También fue disuelto el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de Alcaldes, Regidores y Rectores de las universidades públicas. Los militares llamaron a la población a denunciar a los líderes y adherentes de la Unidad Popular como «traidores a la Patria».

Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas al Estadio Chile y luego al Nacional, a aquellas personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso de Víctor Jara. Las poblaciones populares tales como La Legua, La Victoria y La Bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa.

Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250 000 personas,[3]​ es decir, el 2,7% de la población chilena.

Ante la gran cantidad de denuncias y la inexistencia de instancias formales, en octubre de 1973 se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la participación de las Iglesias Católica, Luterana, Ortodoxa, Evangélica y la Comunidad Israelita, para realizar una acción ecuménica de ayuda a las personas y familias afectadas.[4]

En junio de 1974 la Junta Militar crea la DINA, a cargo del teniente Coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, a las órdenes y mando directo del General Augusto Pinochet.

Los tres expresidentes de la República vivos - Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei - respaldaron, cada uno en su estilo, la intervención militar y la consecuente deposición del gobierno de Salvador Allende.