Tribunal de Orden Público

Tribunal de Orden Público
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Información general
AcrónimoTOP
TipoTribunal de Justicia
Fundación2 de diciembre de 1963
Disolución4 de enero de 1977
JurisdicciónBandera de España España
PaísEspaña
SedePalacio de las Salesas, Madrid

El Tribunal de Orden Público, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial existente en el segundo franquismo en España. Su misión fue la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas delitos políticos. Su sede era el Palacio de las Salesas en Madrid.[2]

Historia

Nace con la Ley 154/1963, de 2 de diciembre de 1963, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, tras el fusilamiento de Julián Grimau, y sus funciones continuaron hasta el año 1977. Como motivo de su creación, se señaló que persiguiría:[1]

aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional.

A esta declaración, concretó su actuación en los siguientes delitos:[1]

Aquellos que van contra el jefe del Estado, las Cortes, el Consejo de Ministros y forma de Gobierno; con ocasión del ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las leyes; la rebelión y la sedición; los desórdenes públicos; la propaganda ilegal; las detenciones ilegales siempre que obedecieran a un móvil político o social; la sustracción de menores; el allanamiento de morada; las amenazas y coacciones; y el descubrimiento y revelación de secretos.

Asumió algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y algunas que limitaban con las propias de la jurisdicción militar, ya que enjuiciaba delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas. Procesos judiciales como el famoso Proceso 1001, contra destacados dirigentes del Sindicato Comisiones Obreras, correspondieron al TOP. Por Decreto Ley del 4 de enero de 1977 se suprimió al mismo tiempo que se creaba la Audiencia Nacional para asumir ciertos delitos que abarcaban el territorio de más de una Audiencia Provincial y cuyo fuero objetivo había sido atribuido al Tribunal de Orden Público. Por ello algunos autores como el historiador Julio Gil Pecharromán consideran que el TOP fue «sustituido por una Audiencia Nacional para juzgar delitos de terrorismo y otros de ámbito estatal»,[4]​ A pesar de que la ley 52/2007 declaró en sus artículos 2 y 3 que este Tribunal era ilegítimo, ello no significa la retroacción de efectos de sus resoluciones, que siguen siendo ajustadas a Derecho, ni va más allá de ser una mera declaración política sin trascendencia práctica.