Tribunal Supremo de Puerto Rico

Edificio del Tribunal Supremo de Puerto Rico en San Juan.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico es el foro judicial de mayor jerarquía en el Estado Libre Asociado (Gobierno) de Puerto Rico. Por delegación constitucional, el Tribunal Supremo es la autoridad judicial máxima en Puerto Rico para interpretar las leyes y la Constitución de Puerto Rico. El Tribunal, además, sirve como cabeza del Poder judicial y tiene la potestad inherente para reglamentar la profesión de la abogacía en el estado. La sede del tribunal se encuentra en la ciudad capital de San Juan.

Estructura y poderes

El Tribunal Supremo de Puerto Rico fue establecido por el Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Es el único Tribunal requerido por la Constitución, pues los demás son creados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. No obstante, ya que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, también existe una corte federal estadounidense de jurisdicción en la Isla.

Los jueces (actualmente nueve) son nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y confirmados por el Senado. Uno de estos nueve jueces ocupa la posición de Juez Presidente; los otros son conocidos como Jueces Asociados. A diferencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la constitución requiere que los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico finalicen su mandato en el día que cumplen setenta (70) años de edad.

Originalmente la Constitución requería un total de cinco jueces para el Tribunal. Sin embargo, este número fue alterado durante los años 1960 cuando se crearon dos posiciones nuevas. A principios de los años 1970, el número de jueces fue aumentado a nueve pero en 1976 fue reducido a siete nuevamente.

La jurisdicción del Tribunal es sólo sobre la Constitución y las leyes de Puerto Rico y funciona sólo como corte apelativa. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, funciona de la misma manera en la cual funcionan las Cortes Supremas de los estados de Estados Unidos. Por lo tanto, una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, solo puede ser revisada, en contadas circunstancias, por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto debido a que el arreglo constitucional de Puerto Rico es análogo al de los estados de la Unión.

Los jueces deciden si un caso amerita una vista oral. Si así lo deciden, cada parte tiene diez minutos para presentar su caso. Cada juez entonces tiene diez minutos para hacer preguntas a los abogados.

El Tribunal Supremo también regula la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Se pueden establecer salas de no menos de tres jueces para oír casos sobre comportamiento de abogados, pero la decisión final, al igual que la de todos los casos, la toman los nueve jueces reunidos en conferencia.

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