Tratado de Ancón

Contexto histórico

Tras la ocupación de Lima por el ejército de Chile en enero de 1881, la guerra del Pacífico no encontró término sino que continuó desangrando ambos países y sumiendo al Perú en una guerra civil que por momentos pareció poner en peligro su existencia como nación. Aunque todos querían la paz, los beligerantes, sobre todo el Perú y Chile, no lograban acordar un tratado de paz. Bolivia tenía una actitud expectaticia, con la esperanza de recuperar los territorios ocupados por Chile en 1879.

En la medida en que se derramaba sangre y se consumían recursos, los costos de la guerra, se endurecían las condiciones de la paz. Si antes de la guerra la disputa era por los impuestos, tras la ocupación de Antofagasta, Chile no se allanó a desocuparla sin garantías como pedía la mediación peruana de José Antonio de Lavalle. Y tras la captura del Huáscar, en una oferta de mediación del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Bolivia, Solomon Newton Pettis, Chile exigió la cesión de Antofagasta.^[1] Durante la conferencia de paz de Arica, en el USS Lackwanna, Chile exigió la cesión de Antofagasta y Tarapacá, más las garantías de que no sería amenazado por un tratado Peru-Bolivia.

Acreedores

La Era del Guano y la guerra misma habían dejado al Perú sumido en enormes deudas que habían sido garantizadas con la riqueza del guano y el salitre y sus acreedores ejercían presiones e influencias para obtener su pago. Entre los acreedores estaban los financistas de los préstamos de 1868, 1870 y 1872 que habían financiado la construcción de los ferrocarriles del Perú, los poseedores de los bonos con que Perú había pagado la expropiación de las salitreras en 1875, la Casa Dreyfuss, encargada de vender el guano peruano en Europa a nombre del estado peruano y que había hecho pagos adelantados al Perú (ver Contrato Dreyfus), la Crédit Industriel et Commercial, un consorcio francés al que M. Prado le dio la consignacion del guano en Europa a cambio de fuertes préstamos al inicio de la guerra pero a la que Piérola había desbancado y reinstalado a Dreyfuss, y la Peruvian Company, una compañía estadounidense basada solamente en los supuestos derechos de Alexander Cochet por US$900.000.000 (de la época) a razón de haber sido el descubridor del uso industrial del guano y de Jean Theophile Landreau por US$300.000.000 (de la época) a razón de haber descubierto varias salitreras en Tarapacá.^{[4] :145})

Entretanto el gobierno chileno, que había privatizado las salitreras de Tarapacá, había reiniciado la producción y venta de guano y salitre y concedía a los acreedores de la deuda peruana una parte de las ganancias pero la Peruvian Company y la Crédit Industriel no se adscribían al gobierno de Chile^[5] sino que ofrecían a los gobiernos de García Calderón y Montero mantener Tarapacá bajo soberanía peruana y pagar una indemnización a Chile a cambio del control de las salitreras y guaneras del Perú.

Intervención de los Estados Unidos

La administración estadounidense de Rutherford Hayes (1877-81), si bien no logró éxitos, tampoco empeoró la situación, a pesar de la propuesta de su ministro plenipotenciario en Lima, Christiancy, de anexar Perú a los EE.UU. También debe constatarse que la mediación estadounidense logró la firma del tratado de límites de 1881 entre Chile y Argentina.^{[6] :p50}

El factor que más influyó en la negación peruana a la cesión fue la política de mediación estadounidense durante la administración del presidente de los EE.UU. James A. Garfield (marzo a septiembre de 1881) y su secretario de estado (ministro de RR.EE.) James G. Blaine^{[6] :40:49}

Mediante una hábil política de lobby y ofertas de comisiones, la Crédit Industriel logró el apoyo primero del ministro plenipotenciario de EE.UU. en París, Levi P. Morton, que obtuvo a cambio el monopolio de venta del salitre peruano en EE.UU. Morton comunicó a Blaine que el presidente de Francia Jules Grévy condenaba las "pretensiones extravagantes de Chile". J. Blaine apoyó entonces a la firma Crédit Industriel en su proyecto de pagar a Chile una indemnización, impedir la cesión de territorio y dejar Tarapacá bajo el control privado de la empresa. Este plan contaba con el beneplácito del gobierno de García Calderón.^[10]

El asesinato del presidente de los EE.UU. James A. Garfield en septiembre de 1881, la toma de posesión del presidente Arthur y su nuevo secretario de estado, Frederick T. Frelinghuysen y la posterior acusación en el senado norteamericano contra Blaine por tráfico de influencias llevaron a EE.UU y a Chile a firmar el Protocolo de Viña del Mar^{[n 2]}

El historiador Jason Zorbas escribió:

in fact, it is possible to state that American attempts to affect the peace settlement not only prolonged the War but made the final peace much harsher on Peru and Bolivia, contrary to America's intentions, and cost America considerable prestige in al1 three countries.

(de hecho, es posible decir que los intentos estadounidenses de influir en el acuerdo de paz no solo prolongaron la guerra sino que hicieron la paz alcanzada más dura a Perú y Bolivia, contrariammente a las intenciones de los Estados Unidos, y restaron considerable prestigio en los tres países)^{[6] :p66}