Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980

El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada " Proceso de Reorganización Nacional", que gobernó la Argentina entre comienzos de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983.[1] Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas

La denominación también utilizada de « guerra sucia» alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. La denominación «guerra» es objetada por organizaciones políticas y de derechos humanos, quienes sostienen que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada.[2]

Evolución

De 1955 a 1966

Bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955

Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos civiles, marcando un trágico precedente de una fuerza armada que ataca a su propia población. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).

En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada".[4]

El 14 de marzo de 1960 el presidente Arturo Frondizi ordena ejecutar el Plan CONINTES (Decreto 9880/58), militarizando las huelgas y la protesta social, deteniendo a cientos de opositores bajo jurisdicción militar y con sus derechos constitucionales restringidos.

En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea, aunque algunos autores han señalado la existencia de otros activistas desaparecidos con anterioridad.[6]

En 1964 se produjo en Brasil[8] El modelo se extendería por el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

La dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse

Cordobazo, 29 de mayo de 1969

En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973), apoyada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Durante su curso fueron disueltos los partidos políticos y la violencia política se disparó. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes, cuyos nombres ( Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada".[11]

El secuestro y desaparición de Mirta Misetich en 1971 fue el primero en el que se utilizó la metodología de desaparición forzada —incluyendo zona liberada— que se utilizaría sistemáticamente a partir del golpe de estado del 1976.[12]

El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular también ha sido considerado como la primera acción concreta del terrorismo de Estado en la Argentina.[13]

1973

El alto nivel del conflicto social y las acciones de las organizaciones guerrilleras obligó al gobierno militar a convocar a elecciones en las cuales el 11 de marzo de 1973 fue elegido presidente con casi el 50% de los votos Héctor Cámpora, el candidato elegido por Perón dada su proscripción.

El gobierno democrático asumió el 25 de mayo. Una de sus primeras medidas fue anunciar un aumento salarial de emergencia e indultar y liberar a unos 600 presos políticos, medida que se completó al día siguiente con una amplia amnistía sancionada por el Congreso Nacional.[14] en nombre de la reconciliación nacional. Dos meses después Cámpora renuncia para permitir nuevas elecciones pero sin proscripción, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos.

Luego de las elecciones la organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa,[15] mientras que Montoneros declaró que suspendía sus operaciones militares.

El 20 de junio, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo una emboscada conocida como la Masacre de Ezeiza, organizada por la derecha del peronismo, contra las columnas del peronismo revolucionario, en la cual fueron asesinadas al menos 13 personas y 365 resultaron heridas.

En octubre de 1973 comienza a operar un grupo parapolicial conocido como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas.[18] El conocimiento de Perón sobre las actividades de la Triple A es materia de debate entre los investigadores.

Por la misma época se produjeron golpes de estado en Uruguay y Chile, dos países reconocidos por el respeto de la institucionalidad democrática, sobre todo el primero. El 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985 y el 11 de septiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual el general Augusto Pinochet tomaría el poder hasta 1990. De esta forma Argentina quedaba como el único país del Cono Sur donde persistían las instituciones democráticas.

Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, General Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

1974

El 19 de enero, el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo atacó la guarnición militar de la ciudad bonaerense de Azul, lo que motivó una dura respuesta por parte del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón,[19] y contribuyó a que éste tendiese a recostarse cada vez más sobre el ala derecha del movimiento justicialista durante sus últimos meses de vida.

Organizaciones parapoliciales de extrema derecha (vinculadas a la Triple A o a su suerte de "filial" cordobesa "Comando Libertadores de América") asesinaron al dirigente sindical y exgobernador justicialista de Córdoba, Atilio López, además de a los abogados izquierdistas Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña (el primero era hermano del derrocado expresidente argentino Arturo Frondizi, quien se había desempeñado como primer mandatario entre el 1.º de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962). También en 1974 fueron asesinados el sacerdote tercermundista Carlos Mugica y decenas de militantes políticos de izquierda.

El 9 de agosto, un grupo de jóvenes guerrilleros de la denominada Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del ERP (la cual tenía su epicentro de operaciones en la provincia de Tucumán), bajo el comando de Hugo Irurzún ("Capitán Santiago"), iniciaron una operación para asaltar la guarnición militar del Ejército Argentino en la localidad de Catamarca, al mismo tiempo que otro grupo se preparaba para el Copamiento de la Fábrica militar de Villa María (en Córdoba). Dieciséis guerrilleros pertenecientes al primer grupo de ataque fueron sumariamente fusilados después de ser capturados antes de copar la unidad militar. Después de la llamada Masacre de Capilla del Rosario en la cual 16 guerrilleros murieron, el ERP anunció que abatiría a 16 oficiales del Ejército como represalia, la cual se inició en septiembre. Hasta el 10 de diciembre habían sido asesinados 10 oficiales pero entonces la campaña se suspendió a causa de la muerte de la hija de tres años del capitán Humberto Viola, atrapada en el tiroteo durante el asesinato de su padre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1.º de diciembre anterior. El 6 de septiembre la dirección de Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y el 19 de septiembre realizó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas del poderoso grupo empresarial Bunge & Born. Como resultado de tal operación, dicha organización político-militar obtuvo un rescate de unos 60 millones de dólares.

El 30 de septiembre de 1974, fue asesinado con una bomba en la ciudad de Buenos Aires el general (retirado) del Ejército chileno Carlos Prats junto con su esposa Sofía Cuthbert.[21] Este asesinato ya se considera parte de la Operación Cóndor que coordinaba internacionalmente la acción represiva clandestina, aunque el mismo recién se formalizaría al año siguiente.

1975

Si bien ese año disminuyó el número de asesinatos de impacto público (John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el general Jorge Cáceres Monié y su esposa), aumentó en cambio su número hasta alcanzar el punto más alto de las últimas dos décadas. La lista elaborada por el Grupo Farenheit contabiliza 336 personas detenidas-desaparecidas en 1975, frente a 43 del año anterior.[23]

El hecho más importante vinculado a este tema fue el Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo general de ministros mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero, en el que se ordenó al ejército intervenir y «aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» (art. 1), y más adelante en todo el país, cuando ocupaba provisionalmente la presidencia nacional, el presidente de la Cámara del Senado, Ítalo Lúder, por licencia por enfermedad de Isabel Martínez, mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar. La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia,[25]

El 25 de noviembre de 1975 fue establecido oficialmente el Plan Cóndor, en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la DINA (policía secreta chilena), y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina (gobernada por Isabel Martínez de Perón), Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobiernos militares).[26]

1976: antes del 24 de marzo

En los primeros meses de 1976 continuó el alto nivel de violencia política, combinada con un vacío de poder y descontrol institucional casi totales.[29] El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: «Argentina inerme ante la matanza». El 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, dando así inicio a la dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional.

Después del 10 de diciembre de 1983

Ha sido probado en los juicios, que luego de iniciado el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, al menos un centro clandestino de detención continuó en actividad en Mar del Plata y que allí fueron mantenidas con vida hasta el año siguiente varias personas desaparecidas, entre ellas Cecilia Viñas Moreno.[33]

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