Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980

El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada " Proceso de Reorganización Nacional", que gobernó la Argentina entre comienzos de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983.[1] Durante este tiempo el Estado realizó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas

La denominación también utilizada de « guerra sucia» alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. La denominación «guerra» fue utilizada por organizaciones guerrilleras [5]

Conceptualización

Conforme al sitio oficial del Ministerio de Educación y Deportes las notas distintivas del Terrorismo de Estado son:

  1. El uso de la violencia para eliminar los adversarios políticos y para amedrentar toda la población con diversos mecanismos represivos tales como encarcelamiento, exilios forzados, prohibiciones, censura y vigilancia, y fundamentalmente, el uso de centros clandestinos de detención.
  2. La utilización del terror con la finalidad del disciplinamiento social y político en forma constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia desde el Estado constituyendo la «regla» de dominación política y social o sea una política de terror sistemático.
  3. La realización de todas estas acciones contra quienes fueran considerados enemigos del régimen, realizada de manera clandestina fuera de todo marco legal o bajo una ficción legal justificativa.
  4. La deshumanización del «enemigo político», la desaparición sistemática de personas, el borrado de toda huella de su historia -e incluso de su muerte- que pudiera significar un legado que se caracterizara como peligroso, cuya forma más extrema fue la sustracción de bebés.
  5. El uso para asesinatos masivos de de los recursos técnicos del Estado.
  6. El quiebre de de los lazos sociales mediante la internalización del terror, la categorización como actividades «sospechosas» frente al Estado -ser joven, obrero, estudiante, representar a un grupo- conllevando una exacerbación del individualismo cuyos efectos fueron más allá del 10 de diciembre de 1983.[6]

El jurista español Ernesto Garzón dice que el Terrorismo de Estado es:

”un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder."[7]

También se ha expresado:

”Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”[8]

La Enciclopedia Encarta define al Terrorismo de Estado como el:

”Uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población.[9]

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