Suicidio asistido

El suicidio asistido —dependiendo de la legislación del país puede ser asimilable al auxilio al suicidio—, en relación con el final de la vida, consiste en la ayuda o asistencia a otra persona que desea terminar con su existencia. En la mayoría de países la legislación lo contempla como delito punible, en otros las conductas de mera cooperación no necesaria o complicidad son toleradas ( Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España)-[8]

Se considera asistencia al suicidio la entrega del material necesario —habitualmente medicamentos— para su realización. La ayuda puede ser facilitada por profesionales médicos, enfermeras u otras personas. Algunos países europeos como los Países Bajos y Bélgica han regulado al suicidio asistido como una atribución de los profesionales de la medicina y la enfermería. En cambio, Suiza permite tanto el suicidio médicamente asistido como el auxilio al suicidio, es decir, cualquier persona puede ayudar a otra a suicidarse sin consecuencias jurídicas y no necesariamente tiene que realizarse en un contexto médico o de enfermería.[3]

El auxilio al suicidio no debe confundirse con la eutanasia ni con la inducción al suicidio. A diferencia de la eutanasia en el suicidio asistido la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte. El elemento distintivo no radica en el medio que se emplea, sino en el sujeto que la lleva a cabo: en la primera —la eutanasia—, otra persona es el agente activo respecto de quien la solicita; en el segundo, el paciente es el sujeto activo, asistido y aconsejado por un médico. Tampoco debe confundirse con la inducción al suicidio, que consiste en quebrar la voluntad de la persona, que no deseaba suicidarse, para que lo haga.[2]

Legislación sobre eutanasia y suicidio asistido en el Mundo

La eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Colombia y Estados Unidos (en los estados de California Oregon y Washington), y es tolerada en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España. En 2008, en México fue aprobada una ley que permite a los enfermos terminales solicitar legalmente la eutanasia pasiva, la cual incluye una cláusula de conciencia que permite a los médicos negarse a aplicar el procedimiento y transferir el caso a otro médico.[11]

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