Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad pública empresarial española, creada por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, convalidada el 10 de enero de 1996 por la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de Derecho Público, con la finalidad de gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública. Su origen se encuentra en el Instituto Nacional de Industria (INI).

SEPI es una entidad de Derecho Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, con dependencia directa del ministro.

El Presidente de SEPI es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.[1]

Oficinas centrales de la SEPI, en Madrid.

Objetivos y funciones

Bajo la dependencia y supervisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, le corresponden los siguientes objetivos:[1]

  • Rentabilizar las participaciones empresariales que el Gobierno le asigna.
  • Orientar las actuaciones atendiendo al interés público. Este objetivo confiere a SEPI la especial responsabilidad de combinar la rentabilidad económica y social, arbitrando los conflictos latentes entre ambas, para lo cual dispone de un margen suficiente de autonomía.
  • Aportar valor añadido en la traslación de las directrices generales del Gobierno a las estrategias y actividad de sus empresas.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados anteriormente, le corresponden las siguientes funciones:[1]

  • Impulsar y coordinar las actividades de las sociedades de las que sea titular.
  • Fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades que controle en los términos establecidos en la legislación mercantil aplicable y en aquellas en cuyo capital participe mayoritariamente de manera directa o indirecta, así como llevar a cabo el seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento de los objetivos que respectivamente tengan señalados. La gestión ordinaria de las sociedades participadas corresponderá a sus propios órganos de administración y serán controladas de conformidad con lo establecido por el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones o mecanismos de control aplicables.
  • La tenencia, administración, adquisición y enajenación de sus acciones y participaciones sociales.
  • La realización de todo tipo de operaciones financieras pasivas, cualquiera que sea la forma en que se instrumente, incluso la emisión de obligaciones convertibles o no, bonos, pagarés y otros títulos análogos, así como otros instrumentos de gestión de tesorería y deuda. Igualmente podrá garantizar operaciones concertadas por empresas participadas directa o indirectamente. Todo ello sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones administrativas que, en su caso, fueren necesarias.
  • La realización respecto de las sociedades participadas, directa o indirectamente, de todo tipo de operaciones financieras activas y pasivas.
  • Las demás funciones que le atribuya el Gobierno en materia de modernización del sector público empresarial del Estado.
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