Sociedad Civil y Democracia

Sociedad Civil y Democracia
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Líder Mario Conde
Fundación 20 de junio de 2011
Ideología Liberalismo
Reformismo
Posición Derecha
Sede C/ Galatea, 4
47004 Valladolid
País España
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Sociedad Civil y Democracia (SCD) es un partido político español fundado por Mario Conde y registrado en el Ministerio del Interior el 20 de junio del 2011.

Ideología

En su ponencia de acción política,[1]​ SCD manifiesta su objetivo de iniciar un proceso constituyente para elaborar una nueva Constitución que refuerce las libertades y soberanía ciudadana. Para este proceso sería necesario su aprobación por 2/3 del Congreso de los Diputados y por al menos el 50% del censo en referéndum. También propone que la organización territorial de España se someta a referéndum igualmente, estableciéndose claramente las competencias estatales y autonómicas.

El partido aboga por el reconocimiento como sistema legislativo de la iniciativa legislativa popular, y el uso de herramientas digitales que faciliten la participación política de los ciudadanos. Su programa también propondría una nueva ley electoral y la supresión del financiamiento por parte del Estado de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones dependientes de los anteriores, sometiendo sus cuentas a la auditoría del Tribunal de Cuentas. Igualmente se eliminarían las subvenciones a medios de comunicación y televisiones autonómicas, con el fin de garantizar su independencia.

SCD propone además la eliminación del Tribunal Constitucional y el traspaso de sus competencias a una Sala de Garantías y otra de Conflictos del Tribunal Supremo, para evitar así su politización; la supresión del Senado, para pasar a un sistema unicameral, y la eliminación de entes públicos inútiles o excesivos. Las personas propuestas para la dirección de órganos e instituciones estatales deberán comparecer ante el Congreso para demostrar su idoneidad, profesionalidad e independencia.

Respecto a la clase política, propone la creación de un estatuto de cargos públicos, el fin de tratamientos privilegiados y la limitación de cargos, así como la instauración de responsabilidad penal o civil en la gestión irregular o irresponsable de recursos públicos. Asimismo, se establecerá una transparencia informativa total de cara que los ciudadanos puedan acceder a los gastos e ingresos de las Administraciones.

En el ámbito del poder judicial, propone regular el acceso a la carrera judicial para garantizar su independencia, impedir a cargos jurídicos que accedan a la política volver a su carrera judicial antes de pasados 5 años, que el Fiscal general del Estado sea elegido por el Congreso de los Diputados, que los delitos de prevaricación de jueces y fiscales se juzguen por jurado popular, y la creación de un cuerpo de interventores que auditen las cuentas públicas cada tres años.

En su ideario también figura la defensa de la Nación española y sus instituciones y símbolos, la modificación del sistema financiero español, la revisión del sistema de pensiones y del sistema educativo, siendo este último competencia exclusiva del Estado y proponiendo la fusión de Universidades, y el apoyo a la investigación científica y técnica.