Sexenio Democrático

Caricatura sobre las etapas del Sexenio Democrático publicado por la revista La Flaca con el encabezado de La Madeja, en 1874.

Se conoce como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario al periodo de la historia contemporánea de España transcurrido desde el triunfo de la revolución de septiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración borbónica. El Sexenio suele dividirse en tres (o cuatro) etapas: la primera, la del Gobierno provisional español 1868-1871; la segunda, el reinado de Amadeo I (1871-1873); la tercera, la Primera República Española, proclamada tras la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873, y que se divide entre el período de la República Federal, a la que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y la República unitaria, también conocida como la Dictadura de Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la Monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

En la actividad política de estos años se advierte la participación de cuatro bloques políticos: los unionistas encabezados por el general Serrano; los progresistas encabezados por el general Prim y tras su asesinato por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla; los demócratas monárquicos llamados " cimbrios", encabezados por Cristino Martos y Nicolás María Rivero; y los republicanos federales, cuyos líderes son Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Además hay que contar con el Partido Moderado decantado cada vez más hacia las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo y con los carlistas, que desencadenarán en 1872 la Tercera Guerra Carlista para intentar poner en el trono al pretendiente Carlos VII, así como con los independentistas cubanos lo que dará lugar tras el Grito de Yara a la Guerra de los Diez Años.

Antecedentes

En 1863 la reina Isabel II destituye al general Leopoldo O'Donnell que durante los cinco años anteriores había presidido el "gobierno largo" de la Unión Liberal. El Partido Progresista esperaba ser llamado al gobierno, pero la reina decidió nombrar al frente del poder ejecutivo al veterano miembro del Partido Moderado el Marqués de Miraflores, lo que inclinó a los progresistas a optar por el retraimiento, lo que significaba que no presentarían candidatos a las elecciones, deslegitimando así las Cortes que salieran de ellas -e implícitamente a la propia Monarquía. El gobierno de Miraflores tuvo una corta duración como los dos siguientes, también encabezados moderados, hasta que en 1864 fue nombrado presidente del gobierno el "hombre fuerte" del Partido Moderado el general Ramón María Narváez. Este se mantuvo en el poder hasta junio de 1865, siendo destituido por la reina a consecuencia de los trágicos sucesos conocidos como la Noche de San Daniel. Entonces Isabell II volvió a llamar al gobierno a Leopoldo O'Donnell al frente de su partido la Unión Liberal, una especie de partido de "centro" situado entre moderados y progresistas.[1]

En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con la Monarquía de Isabel II que fue dominada por el gobierno de la Unión Liberal del general Leopoldo O'Donnell y que fue conocida como la sublevación del Cuartel de San Gil, porque fueron los sargentos de este cuartel de artillería los que protagonizaron el alzamiento. Al mes siguiente la reina Isabel II, destituyó al general O'Donnell por considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos, a pesar de que habían sido fusilados 66 de ellos, y llamó de nuevo al general Narváez para sustituirle.[2]

Narváez adoptó inmediatamente una política autoritaria y represiva lo que hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal de O'Donnell, que entonces optó por hacer el «vacío en Palacio» -según la expresión del propio O'Donnell-, lo que significaba el retraimiento en el Senado.[3]

La crisis económica de 1866-1868

La red de ferrocarriles en España durante el siglo XIX

A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque estuvo precedida de la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862 a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana, el detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas de las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito.[5]

A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868 motivada por la malas cosechas de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de "pan a ocho" (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas -incluidos los ferrocarriles- y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba "unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino".[6]

Según ha señalado Juan Francisco Fuentes, hay que descartar "una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución de 1868", aunque no "se puede ignorar la importancia que aquella gran crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional. A los ojos de una buena parte de la sociedad española, aquello era el final de una época. Una grave crisis de subsistencias en los años 1867-1868 acabaría de generalizar esa sensación de catástrofe nacional que se apodera del país en la última etapa del reinado de Isabel II".[6]

La crisis económica aceleró el deterioro político del régimen isabelino. El gobierno debía enfrentarse a varios grupos hostiles, como los inversores, que querían salvar su patrimonio; los industriales, que precisaban mayor proteccionismo; y los campesinos y obreros, que no querían pasar hambre.

El pacto de Ostende

Juan Prim en 1869

El pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, que recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 de agosto de 1866, fue una iniciativa del general progresista Juan Prim con el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II. Constaba de dos puntos:[3]

1º, destruir lo existente en las altas esferas del poder;
2º, nombramiento de una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, siendo elegida por sufragio universal directo.

La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell, Prim y Serrano -paradójicamente, el mismo militar que había dirigido la represión de la sublevación del cuartel de San Gil- firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. "Con esto la Unión Liberal aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda de una nueva dinastía, y, según el punto segundo [del pacto de Ostende], la soberanía única de la nación y el sufragio universal".[3]

La respuesta de Narváez fue acentuar su política autoritaria. Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios de 1867. La "influencia moral" del gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro diputados. Además en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al gobierno.[8]