Servicio Electoral de Chile

Servicio Electoral de Chile
Servicio Electoral de Chile.png
Logotipo del Servicio Electoral.

Información general
AcrónimoServel
TipoOrganismo autónomo
Fundación1 de octubre de 1986
PaísChileFlag of Chile.png Chile
SedeEsmeralda 611/615, Santiago
Organización
DirecciónRaúl García Aspillaga
Presidente del Consejo DirectivoPatricio Santamaría Mutis
Presupuesto anual55 183 021 miles de pesos chilenos (2017)[1]
Histórico
Dirección del Registro ElectoralActual
Sitio web

El Servicio Electoral de Chile (Servel) es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos y las demás funciones que la ley orgánica constitucional respectiva,[3]​ Es la máxima autoridad administrativa en la materia electoral en la República de Chile.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral están establecidas en una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal están establecidos en una ley. Su domicilio se encuentra ubicado en la capital de la República, Santiago de Chile.

Inició sus funciones el 1 de octubre de 1986, mientras que la justicia electoral está a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. Se le otorgó autonomía constitucional mediante una reforma en 2015.[2]

Historia

Fue creado mediante la Ley 18.556, publicada el 1 de octubre de 1986,[6]

La sede de la Dirección del Registro Electoral desde 1953 hasta 1977 fue el edificio de la ex-Caja de Crédito Hipotecario, que actualmente es la sede del Tribunal Constitucional de Chile.[7]

La Ley 20.568 del 31 de enero de 2012, que incorporó la inscripción automática y el voto voluntario, modificó la estructura del Servel, creando la figura del Consejo Directivo.[8]

La Ley 20.860 de 20 de octubre de 2015, de reforma constitucional, le otorgó autonomía constitucional.[2]

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