Selectividad (examen)

El examen de selectividad es una prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios en universidades públicas y privadas de España. Dicho examen forma parte de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios (PAU o PAEU), en los que, además de la selectividad, computan los dos cursos de Bachillerato. Adicionalmente, los alumnos de CFGS ( ciclos formativos de grado superior) pueden realizar la fase específica de dichas pruebas con el fin de acceder a titulaciones con limitación de plazas.

El examen constaba, hasta su reforma en 2010, como mínimo de seis pruebas escritas, y a partir del curso 2009/2010 de dos fases, una fase general obligatoria compuesta de 4 ejercicios (5 en el caso de las comunidades autónomas en donde haya lenguas cooficiales), y una fase específica voluntaria de un máximo de 4 ejercicios, computando en esta última fase solo los dos con mayor calificación.

El examen se realiza en la universidad a la que esté adscrito el centro de estudios donde se cursaron los estudios de secundaria, generalmente durante tres días de mediados de junio en la convocatoria ordinaria, y de septiembre o julio en algunas comunidades en la extraordinaria, a la que el alumno se podía presentar en caso de no haber superado la primera o en caso de querer subir nota. Para poder acceder a la universidad es necesario aprobar la selectividad y, en función de la nota obtenida en la PAU, el alumno puede escoger la carrera universitaria con límite de plazas que quiera cursar en función de la nota de corte (nota mínima que se usa como límite para acceder a una carrera determinada antes de que se ocuparan todas las plazas ofertadas) establecida para cada titulación y universidad. Esta nota de corte varía cada año y de una universidad a otra.

A partir de 2017 adoptó el nombre de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).[1]

Orígenes

La selección del alumnado universitario mediante un examen de ingreso fue una medida propugnada por Giner y otros institucionistas, especialmente a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX, para poder efectuar la acuciante reforma del obsoleto proceder de evaluación seguido en la enseñanza superior, así como para dotar de seriedad a los estudios universitarios y de homogeneidad a los estudiantes que accedían a las facultades.[nota 1]

Siguiendo estas indicaciones, se promulgó entre 1898 y 1902 por sucesivos ministros, primero de Fomento y luego de Instrucción Pública, una serie de disposiciones encaminadas a introducir dicho examen. Este trabajo analiza la génesis de esta normativa, su puesta en práctica y su derogación, situándolas en el contexto de la reforma educativa nacida del arrebato pedagógico originado por el Desastre, así como en el de la conflictividad social y estudiantil de la España del cambio de siglo.

Introducción

La estructura universitaria española, configurada por los moderados a mediados de los años cincuenta del siglo XIX,[7]

La conmoción del 98 supuso, en todos los niveles de la enseñanza, el impulso para la realización de una serie de medidas largamente reclamadas.[9]

En lo referente a la enseñanza superior, una de las normativas más controvertidas durante estos dos primeros momentos, cuyo estudio puede permitirnos esclarecer algunos de los entresijos del arraigo legislativo del institucionismo a partir de la crisis del 98, fue la legislación sobre el examen de ingreso en las Facultades; la cual ha pasado hasta ahora prácticamente inadvertida en los trabajos dedicados a la historia de la educación superior durante la Restauración, incluso en de las de más reciente factura.[10]​ Sin embargo el seguimiento de los avatares de este examen permite sacar a la luz una valiosa información sobre la forma en que incidía la opinión de los expertos en la legislación universitaria, la manera en que se producían las continuas modificaciones de la normativa educativa universitaria, su contexto y repercusión en la opinión pública, la polémica que rodeaba su aplicación y las causas que motivaban su derogación. Todo ello, además, en relación muy específica con estas dos etapas iniciales del definitivo asentamiento legislativo del institucionismo que tuvieron lugar durante el cambio de siglo, ya que la normativa sobre el examen de ingreso en la Universidad se extendió precisamente de septiembre de 1898 a abril de 1902.

Para perfilar las vicisitudes de este primer intento de selectividad universitaria, tres han sido las fuentes utilizadas en este trabajo: las consideraciones vertidas por los intelectuales sobre el examen de ingreso universitario; la legislación generada al respecto; y, por último, las reacciones de la prensa, tanto política como de distintos sectores profesionales, frente al examen.

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