Segunda República Española en guerra

La Segunda República Española en guerra es la historia de la Segunda República Española durante la Guerra Civil Española de 1936- 1939 y que constituye el último período de su historia. El territorio español que permaneció bajo su autoridad tras el golpe de estado en España de julio de 1936, y que fue denominado zona republicana o zona leal, fue reduciéndose conforme fue extendiéndose la zona sublevada hasta que al final fue completamente ocupada por el bando franquista (que la había llamado durante toda la guerra la zona roja). Durante ese tiempo se sucedieron tres gobiernos: el presidido por el republicano de izquierda José Giral, aunque durante su corto mandato (de julio a septiembre de 1936) el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la revolución social española de 1936; el siguiente gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los dos sindicatos ( UGT; junto con CNT) habían protagonizado la revolución; y el tercer gobierno fue presidido por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras los sucesos de mayo de 1937, y que gobernó hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de estado del coronel Casado que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco.

La reacción del gobierno a la sublevación militar de julio de 1936

En la tarde del viernes 17 de julio ya se conocía en Madrid que en el Protectorado de Marruecos se había iniciado una sublevación militar y el gobierno de Santiago Casares Quiroga cursó las primeras órdenes al Ejército, a la Marina y a los gobernadores civiles para que actuaran. Al día siguiente la sublevación se extendió a la península y las organizaciones obreras ( CNT y UGT) reclamaron "armas para el pueblo" para acabar con ella, a lo que el gobierno se negó, fundamentalmente porque en aquel momento los republicanos de izquierda temían "tanto o más que el golpe militar de signo antirrepublicano, el desbordamiento del orden social por obra de una acción de masas".[1]

Por la noche de ese sábado 18 de julio Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña y éste encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, que formara un gobierno con el mayor apoyo político posible, dejando fuera a los dos extremos (la CEDA y el Partido Comunista de España), cuyo objetivo era conseguir "detener la rebelión" sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras. Martínez Barrio formó un gobierno que, aunque difería poco del anterior (no consiguió que se integraran en él los socialistas), incluyó a políticos moderados y dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con los militares sublevados, como el líder del Partido Nacional Republicano Felipe Sánchez Román, que abandonó la coalición del Frente Popular cuando se integró en ella el Partido Comunista, o Justino de Azcárate.[2]

En la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, Martínez Barrio habló por teléfono con el general Emilio Mola, "El Director" de la sublevación, pero éste se negó rotundamente a cualquier tipo de transacción. "Ustedes tienen sus masas y yo tengo las mías", le dijo Mola al presidente del gobierno. Según la versión franquista posterior éste le llegó a ofrecer algunas carteras ministeriales para los sublevados, pero este extremo siempre lo negó Martínez Barrio. Así pues la pretendida negociación con los rebeldes se saldó con un fracaso, por lo que el "gobierno de conciliación" dimitió a última hora de la tarde del domingo 19 de julio. Azaña nombró como nuevo presidente del gobierno a un hombre de su partido José Giral, que formó un gobierno únicamente integrado por republicanos de izquierda aunque con el apoyo explícito de los socialistas que tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, algo a lo que también se había negado Martínez Barrio porque consideraba que ese hecho traspasaba el umbral de la defensa constitucional y "legal" de la República.[4]

La polémica sobre la entrega de "armas al pueblo"

El historiador británico Hugh Thomas (en una obra actualizada publicada en castellano en 1976) considera que "los medios constitucionales de oposición al alzamiento constituyeron un fracaso. Esto ocurrió inevitablemente, dado que gran parte de las fuerzas de la ley y el orden -el ejército y la guardia civil- estaban con los rebeldes, que afirmaban ser ellos quienes representaban el orden, pese a estar fuera de la ley. La única fuerza capaz de resistir a los rebeldes era la de los sindicatos y los partidos de izquierdas. Pero, para el gobierno, utilizar esta fuerza significaba aceptar la revolución. No es sorprendente que Casares Quiroga vacilara antes de dar este paso. Pero, en el punto al que habían llegado las cosas en España el 18 de julio por la noche, tal paso era también inevitable. En las ciudades donde habían tenido lugar alzamientos, en Marruecos y en Andalucía, quienes se habían opuesto a ellos habían sido los partidos revolucionarios de izquierdas. En realidad, en muchas poblaciones pequeñas la revolución se anticipó a la rebelión, porque cuando la noticia del alzamiento en Marruecos y en Sevilla llegó a los lugares donde no había guarnición militar, la reacción de las izquierdas, naturalmente no fue la de esperar a que se les atacara. (...) [Cuando el gobierno Giral ordenó a los gobernadores civiles] distribuir todas las armas existentes... en muchos casos estas órdenes llegaron demasiado tarde".[5]

El historiador Julio Aróstegui (en una obra publicada en 2006) considera que el retraso del gobierno en entregar las armas a las organizaciones obreras fue clave para que la sublevación triunfara en determinadas ciudades como Sevilla, Granada o Ávila. La "fatal duda" de los gobiernos de Casares Quiroga y de Martínez Barrio de entregar o no las armas "fue definitoria en la imposibilidad de cortar la sublevación en la raíz... En el momento decisivo estos políticos se negaron a apelar al pueblo... para la defensa armada de la República. Se negaron a entregar las armas de procedencia militar que las organizaciones del proletariado, partidos y sindicatos, reclamaban... e impidieron en muchos casos que los gobernadores civiles y otras autoridades subalternas se pusieran decididamente al frente de los movimientos defensivos populares. Hubo casos claros donde esta parálisis fue la mejor baza de los sublevados".[6]

El historiador Julián Casanova (en una obra publicada en 2007) considera un mito la idea de que fue "el pueblo en armas" quien venció a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El factor decisivo, según Casanova, fue la actitud de los militares, incluidos los que dirigían las fuerzas de orden público, pues los militantes obreros sólo pudieron "combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la indecisión de otros, lo permitió. Madrid y Barcelona constituyen buenos ejemplos, aunque también Valencia, Jaén o San Sebastián".[4]

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