Revolución social española de 1936

La revolución social española de 1936, comúnmente conocida como revolución española,[1]​ fue un proceso revolucionario que se dio tras el intento de golpe de Estado del 17 de julio de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española. Su principal base ideológica fue el anarcosindicalismo y el comunismo libertario de la CNT-FAI, con un componente marxista revolucionario, caracterizado por el POUM y el ala caballerista del PSOE y UGT. Se caracterizó, entre otras cosas: por su anticlericalismo en lo religioso, su cantonalismo y horizontalismo en lo administrativo, su racionalismo en la educación y el colectivismo autogestionario en lo económico.

Fases de la revolución

El 17 de julio de 1936, se inició el golpe de Estado militar. El 18 de julio, mientras los militares golpistas prosiguen su sublevación, se produce el vacío de poder por parte del colapsado Estado republicano (se suceden cuatro gobiernos en un solo día) que da lugar a que las estructuras coercitivas del Estado se disuelvan o paralicen allí donde los golpistas no se hacen con el poder. Para entonces, la CNT cuenta con aproximadamente 1.577.000 militantes y la UGT con 1.447.000 militantes. El 19 de julio la sublevación llega a Cataluña, donde los obreros tomando las armas asaltan los cuarteles, levantando barricadas y frenando a los insurrectos.

Primera fase de la revolución (julio-septiembre de 1936): El verano de la anarquía

Los sindicatos CNT y UGT convocan una huelga general del 19 al 23 de julio como respuesta tanto a la sublevación militar como a la aparente apatía del Estado frente al mismo. Pese a que ya existían antecedentes puntuales en días anteriores de distribución de armas entre sectores civiles, es durante la Huelga General cuando grupos de sindicalistas vinculados a los sindicatos convocantes y a grupos menores, asaltan muchos de los depósitos de armas de las fuerzas del orden, independientemente de que estén sublevados contra el Gobierno o no.

Ya en estas primeras semanas, se establecen dos matices entre los sectores revolucionarios anarcosindicalistas: el grupo radical, vinculado fundamentalmente a la FAI y a través de ella a la CNT, aunque también participen otras organizaciones menores, que entiende el fenómeno del que participa como una revolución a la usanza tradicional; y el grupo posibilista, formado también por miembros de otro sector de la CNT (y otros grupos revolucionarios más moderados), que expresa la conveniencia de participar en un frente más amplio, el posteriormente llamado Frente Popular Antifascista (FPA), resultado de sumar los sindicatos a la coalición electoral Frente Popular.

Emblema de la CNT.

Paralelamente, surge la formación de estructuras administrativas al margen del Estado, la mayoría de las cuales tendrán carácter local o comarcal, sobrepasando en casos puntuales estos límites; algunas de las más importantes serán:

En todas estas estructuras queda reflejada la distinción anteriormente citada entre las dos sensibilidades revolucionarias. En manos de los revolucionarios quedarán los Comités de Guerra y de Defensa, de progresivamente menor importancia, en manos de los posibilistas, el resto.

En pocos días se articulan los frentes de la Guerra Civil, de los cuales uno de los principales en el contexto de la revolución es el de Aragón. El 24 de julio de 1936 parte la primera milicia voluntaria de Barcelona en dirección a Aragón. Es la Columna Durruti, de alrededor de 3.000 personas, en su mayoría trabajadores coordinados por Buenaventura Durruti, que van implantando el comunismo libertario por los municipios por los que van pasando. Además, se formarán otras de estas estructuras militares de carácter popular como la Columna de Hierro o la Columna Rojo y Negro que parten también hacia Aragón. Todo este movimiento dará lugar a una extraordinaria concentración de anarquistas en la parte no tomada por los militares alzados. La llegada, por una parte, de los millares de milicianos anarquistas de Cataluña y Valencia y la existencia, por otra, de una gran base popular rural aragonesa de filiación anarcosindicalista permitirán el desarrollo progresivo de la mayor experiencia colectivista de la revolución.

Durante esta primera fase la mayor parte de la economía española fue puesta bajo el control de los trabajadores organizados por los sindicatos; principalmente en áreas anarquistas como Cataluña, este fenómeno llegó al 75% del total de la industria, pero en las áreas de influencia socialista la tasa fue bastante menor. Las fábricas fueron organizadas por comités de trabajadores, las áreas agrícolas llegaron a colectivizarse y funcionar como comunas libertarias. Incluso lugares como hoteles, peluquerías, medios de transporte y restaurantes fueron colectivizados y manejados por sus propios trabajadores.

...se desarrollaron nuevas estructuras que configuran las bases económicas y sociales de ese contrapoder que se ha visto emerger en los debates municipales y que le otorgan a esta fase de la Guerra Civil el carácter de Revolución Social, por lo menos hasta los hechos de mayo de 1937 en Barcelona.[2]

George Orwell describe una escena de Aragón durante este periodo, en el cual participó como parte de la División Lenin del POUM, en su célebre libro Homenaje a Cataluña:

Yo estaba integrando, más o menos por azar, la única comunidad de Europa occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría, todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría, era una igualdad perfecta, y en la práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos aspectos, se experimentaba un pregusto de socialismo, por lo cual entiendo que la actitud mental prevaleciente fuera de índole socialista. Muchas de las motivaciones corrientes en la vida civilizada —ostentación, afán de lucro, temor a los patrones, etcétera— simplemente habían dejado de existir. La división de clases desapareció hasta un punto que resulta casi inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra; allí sólo estábamos los campesinos y nosotros, y nadie era amo de nadie.

George Orwell

Las comunas fueron usadas de acuerdo al principio básico de «De cada uno de acuerdo a su habilidad, a cada uno de acuerdo a su necesidad». En algunos lugares, el dinero fue totalmente eliminado, para ser reemplazado por vales. Bajo este sistema, el costo de los bienes era con frecuencia un poco más de un cuarto del costo anterior. Las áreas rurales expropiadas durante la revolución son del 70% en Cataluña, cerca del 70% en el Aragón reconquistado, el 91% de la Extremadura que quedaba en la República, el 58% en Castilla-La Mancha, el 53% en la Andalucía no sometida a los militares insurrectos, el 25% para Madrid, el 24% para Murcia[5]​ Muchas colectividades aguantarían hasta el final de la guerra.

En el Aragón en el que se proclama el comunismo libertario al paso de las columnas de milicias libertarias, se forman aproximadamente 450 colectividades rurales, la práctica totalidad de ellas en manos de la CNT, con un número que rondará las 20 a cargo de la UGT.

En el área valenciana se constituirán 353 colectividades, 264 dirigidas por la CNT, 69 por la UGT y 20 de manera mixta CNT-UGT. Unos de sus principales desarrollos serán el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios (conocido por sus iniciales, CLUEA)y la total socialización de las industrias y servicios de la ciudad de Alcoy.[6]

En la industria catalana los sindicatos obreros de la CNT se hicieron con numerosas fábricas textiles, organizaron los tranvías y los autobuses de Barcelona, implantaron empresas colectivas en la pesca, en la industria del calzado e incluso se extendió a los pequeños comercios al por menor y a los espectáculos públicos. En pocos días el 70% de las empresas industriales y comerciales habían pasado a ser propiedad de los trabajadores en aquella Cataluña que concentraba, por sí sola, dos tercios de la industria de España.

A pesar de las críticas que clamaban por la máxima eficiencia, las comunas anarquistas producían más que antes de ser colectivizadas.[7]​ Las zonas liberadas recientemente trabajaron sobre los principios libertarios: las decisiones eran tomadas a través de concilios de ciudadanos comunes sin ningún tipo de burocracia (cabe mencionar que el liderazgo de la CNT- FAI en este periodo no fue tan radical como los miembros responsables de estos drásticos cambios).

Sumado a la revolución económica, existió un espíritu de revolución cultural y moral: los ateneos libertarios se convirtieron en lugares de encuentro y auténticos centros culturales de formación ideológica, en los cuales se organizaban: desde clases de alfabetización, a charlas sobre sanidad, excursiones al campo, bibliotecas de acceso público, representaciones teatrales, tertulias políticas o talleres de costura. Se fundaron numerosas escuelas racionalistas, que ampliaron la oferta ya existente en ateneos y centros sindicales, en las cuales se llevaban a cabo los postulados educativos de Ferrer y Guardia, Mella, Tolstoi o Montessori. Igualmente, en el terreno social algunas tradiciones eran consideradas como tipos de opresión, e igualmente la moral burguesa era vista como deshumanizante e individualista. Los principios anarquistas defienden la libertad consciente del individuo y el deber natural de solidaridad entre los seres humanos como herramienta innata de progreso de las sociedades. Así durante la revolución por ejemplo, a las mujeres se les permitió abortar en Cataluña, la idea del amor libre consensuado se hizo popular y hubo un auge del naturismo. De alguna manera, la liberación fue similar a la de los movimientos de la « Nueva Izquierda» de la década de 1960[ cita requerida] con la diferencia que esta moralidad fue hegemónica, la siguiente máxima podía indicar lo vivido en este periodo: "La utopía libertaria se hizo realidad".

El orden público también varía sustancialmente, llegando prescindir de las fuerzas de orden público clásicas (Policía, Guardia Civil, Juzgados y ejército) suplantadas por las Patrullas de Control formadas por voluntarios, las milicias populares y las asambleas de barrio en las cuales se pretendían resolver los problemas que pudieran surgir. Las puertas de muchas prisiones fueron abiertas liberando a los presos entre los cuales había muchos políticos pero también delincuentes comunes, siendo algunas prisiones derribadas.

Pese a la situación de descomposición de facto del poder estatal, para el 2 de agosto el gobierno toma una de las primeras medidas al objeto de recuperar el control frente a la revolución, la creación de los Batallones de Voluntarios, embrión del Ejército Popular de la República. También promulgará algunos decretos, más simbólicos que reales, desbordado por el fenómeno revolucionario:

  • Decreto del Gobierno de la República del 18 de julio declarando cesantes a los militares que participen en el golpe.
  • Decreto declarando cesantes a los empleados del Gobierno que simpaticen con los golpistas del 25 de julio.
  • Decreto de intervención de la industria del Gobierno del 25 de julio.
  • Decreto de incautación de los ferrocarriles del Gobierno del 3 de agosto.
  • Decreto de intervención en los precios de venta de alimentación y ropa del Gobierno del 3 de agosto.
  • Decreto de incautación de fincas rústicas del Gobierno del 8 de agosto.
  • Decreto de clausura de instituciones religiosas del Gobierno del 13 de agosto.
  • Decreto de socialización y sindicalización de la economía del Gobierno autonómico catalán del 19 de agosto.
  • Decreto de creación de los Tribunales Populares del Gobierno del 23 de agosto.

Surgen también ya las primeras tensiones entre la estrategia de la CNT (y el conjunto del Movimiento anárquico) y la política del Partido Comunista y su extensión en Cataluña, el PSUC, y el 6 de agosto salen los miembros del PSUC del gobierno autonómico catalán por las presiones anarcosindicalistas.

Segunda fase de la Revolución (septiembre-noviembre de 1936): Primer Gobierno de la Victoria

Escudo del Consejo Regional de Defensa de Aragón

Tanto en esta etapa como en la anterior, las estructuras del Estado se limitan a legislar sobre una política de hechos consumados por la Revolución, aunque debido al crecimiento de la escalada bélica contra los militares sublevados, los sindicatos empiezan a ceder circunstancialmente el control de las columnas al Estado para la Defensa de Madrid de octubre-noviembre, que fue dirigida por un organismo semiindependiente, en el que estaban representados todos los partidos del Frente Popular además de los anarquistas, la Junta de Defensa de Madrid, luego llamada Junta Delegada de Defensa de Madrid. El inicio de todo este progresivamente mayor acuerdo y acercamiento entre los partidos del Frente Popular y los sindicatos se plasma en la formación del primer Gobierno de la Victoria (4 de septiembre) de Largo Caballero.

Entre las medidas destinadas a absorber o intentar legislar la actividad de los revolucionarios destacan:

  • Decreto de incautación de fincas de condenados por los Tribunales Populares del Gobierno del 17 de septiembre.
  • Decreto de creación de los Jurados de Urgencia del Gobierno del 10 de octubre.
  • Decreto de colectivizaciones y control obrero del Gobierno autonómico catalán del 22 de octubre.

A pesar de este aparente consentimiento a los revolucionarios, no interviene activamente en el desarrollo de la revolución y su principal objetivo será potenciar y fortalecer el Ejército como piedra base del Estado, a través de distintas medidas, entre las que destacan, aparte de los intentos reiterados de disolución de los Comités de Defensa y Comités de Guerra, los más radicales:

  • Constitución de la Milicia de Vigilancia de Retaguardia (16 de septiembre) con las que el gobierno controla a las milicias de retaguardia, hasta ese momento independientes.
  • Decreto de transvase voluntario de jefes y oficiales de las milicias populares al Ejército (28 de septiembre).
  • Decreto de aplicación del Código de Justicia militar a las milicias populares (29 de septiembre).

Cuando la guerra se empieza a prolongar, el espíritu de los primeros días de revolución afloja y comienza la fricción entre los muy diversos integrantes del Frente Popular, en parte debida a las políticas del Partido Comunista de España (PCE), las cuales eran establecidas desde el ministerio del exterior de la Unión Soviética estalinista,[9]​ la mayor fuente de ayuda extranjera a la República.

El PCE defendía la idea de que la Guerra Civil en desarrollo hacía necesario posponer la revolución social en curso (que se desató tras la derrota de los militares sublevados en varias ciudades) hasta que no se ganase la guerra, una vez derrotadas de las fuerzas del General Franco. El PCE abogaba por no enemistarse con las clases medias, las bases de los partidos republicanos, que podrían verse afectadas y perjudicadas por la revolución y volverse hacia el enemigo. En el Frente Popular en el gobierno desde las elecciones de febrero de 1936, se encontraban partidos como Izquierda Republicana, Unión Republicana o ERC, sustentados en el voto e intereses de la clase media (funcionarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes y campesinos con tierra -sin llegar a ser terratenientes-).

Los anarquistas y los poumistas (comunistas de izquierda) estaban en desacuerdo con esta opinión, al entender que la guerra y la revolución eran lo mismo en el contexto español, una prolongación la una de la otra. Creían que la guerra era una prolongación de la lucha de clases, y que el proletariado había derrotado a los militares precisamente por este impulso revolucionario que traían desde hacía años y no por defender una república burguesa. Los sublevados representaban precisamente la clase a la que combatían estos revolucionarios: los grandes capitalistas, los terratenientes, la Iglesia, la Guardia Civil y el ejército colonial.

A las milicias de los partidos y grupos que se situaron en contra de la posición del gobierno del Frente Popular pronto se les obstaculizó la ayuda y recursos, viendo así éstos reducida su capacidad de actuación, a causa de lo cual en la mayoría de las áreas republicanas comenzaron lentamente a revertirse los recientes cambios realizados. Durante este período algunas estructuras revolucionarias aprueban nuevos programas de acción que los subordinan al Gobierno, lo que da lugar a la disolución o inicio de absorción, apropiación e intervención de las estructuras revolucionarias por parte del gobierno estatal republicano.

Una excepción la constituirá la consolidación del proceso colectivista en Aragón, a donde llegarán miles de milicianos libertarios de Valencia y Cataluña, y en donde ya antes del inicio de la Guerra Civil existía la más importante base obrera anarcosindicalista afiliada a la CNT de toda España. La asamblea convocada en Bujaraloz en las semanas finales de septiembre de 1936 por el Comité Regional de la CNT de Aragón, con delegaciones de los pueblos y las columnas confederales, siguiendo las directivas propuestas del 15 de septiembre de 1936 en Madrid por el Pleno Nacional de Regionales de la CNT, de proponer a todos los sectores políticos y sindicales la formación de Consejos Regionales de Defensa vinculados federativamente a un Consejo Nacional de Defensa que haría las funciones del gobierno central, acuerda la creación del Consejo Regional de Defensa de Aragón, que celebra su primera asamblea el 15 de octubre del mismo año.[10]

A pesar de ello, el 26 de septiembre los sectores más radicales y anarquistas (CNT-FAI) de Cataluña, finalmente dominados por los posibilistas, inician una política de colaboración con el Estado, integrándose en el gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña, que renace frente al Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, autodisuelto el 1 de octubre. Por otra parte el Consejo Regional de Defensa de Aragón es legalizado y regulado el 6 de octubre por decreto (aunque puede decirse que este se mantuvo siempre "al margen de la legalidad republicana", siendo ésta quien lo aceptará). También se regulará el propuesto Consejo Nacional de Defensa, abortando su desarrollo. Frente a esta aparente tolerancia, un decreto de la Generalidad ilegaliza el 9 de octubre todos los Comités locales en Cataluña, sustituyéndolos formalmente por Consejos Municipales del FPA. Todas estas concesiones a las instituciones fueron considerados por algunos como una traición a los principios clásicos del anarquismo, y coartada para recibir duras críticas por parte de compañeros, debates y reflexiones que marcarían el devenir de la Revolución.[a]

Tercera fase de la Revolución (noviembre de 1936-enero de 1937): Segundo Gobierno de la Victoria

El 2 de noviembre el Comité Ejecutivo Popular de Valencia aprueba un nuevo programa de acción que le subordina a la política del Gobierno de la República (segundo gabinete de Largo Caballero el 4 de noviembre), en el que se integran como ministros Juan García Oliver, Juan López Sánchez, Federica Montseny y Juan Peiró, miembros destacados de la CNT. Durante este mes, la Columna de Hierro decide tomar brevemente Valencia, en protesta por la escasez de aprovisionamientos que le proporciona el Comité Ejecutivo Popular, en manos de los posibilistas, produciéndose posteriormente enfrentamientos por las calles de la ciudad entre milicias libertarias y grupos comunistas, con un saldo de más de 30 muertos.

El día 14 de noviembre, la Columna Durruti llega a Madrid, después de ceder ante la presión de los posibilistas, que exigen la colaboración con el Estado. El 20 de noviembre muere en extrañas circunstancias Buenaventura Durruti combatiendo en la batalla de Madrid, a donde había llegado con más de mil milicianos desde el Frente de Aragón.

El 17 de diciembre el diario soviético Pravda de Moscú publica un editorial donde se lee: «Ya ha comenzado en Cataluña la depuración de trotskistas y anarcosindicalistas; se ha llevado a cabo con la misma energía que en la Unión Soviética».[12]​ La liquidación realizada por los comunistas fieles a Stalin de numerosos antifascistas y de colectivizaciones y otras estructuras surgidas espontáneamente desde abajo en consonancia con la Revolución que no se sometiesen a las directrices de Moscú ya había empezado.

Por su lado, otra de las estructuras radicales, el Comité de Guerra de Gijón es trasformado por decreto del 23 de diciembre en el Consejo Interprovincial de Asturias y León, regulado por las autoridades gubernamentales de la República y más moderado en sus políticas, al tiempo que reconoce oficialmente la formación del Comité de Defensa Nacional. El 8 de enero de 1937 se disuelve el Comité Ejecutivo Popular de Valencia.

Durante esta etapa el Gobierno pasa a controlar definitivamente las milicias populares anarquistas, disolviéndolas para que se integren obligatoriamente en el Ejército Popular, estructurado y jerarquizado bajo mando de oficiales profesionales. La revolución no sobrevivirá como poder independiente tras el segundo gobierno de Largo Caballero.

El fin de la revolución (enero de 1937-mayo de 1937)

El 27 de febrero de 1937, el gobierno prohíbe el periódico de la FAI, Nosotros (iniciando así el período durante el que la mayor parte de las publicaciones críticas con el gobierno pasan a sufrir censura), al día siguiente prohíbe a los policías pertenecer a partidos políticos o sindicatos, medida adoptada por el gobierno autonómico catalán el 2 de marzo. El 12 del mismo mes, la Generalidad aprueba una orden exigiendo la entrega de todas las armas largas y materias explosivas a los grupos que no estén militarizados. Empiezan más enfrentamientos entre los sectores del FPA, y el día 27 se produce la dimisión de los consejeros anarquistas del gobierno autónomo catalán. Durante el mes de marzo se completará la militarización de las milicias, transvasadas a un Ejército regular y sujetas a los regímenes de disciplina y jerarquía de éste, contra lo que se alzarán muchas voces del anarquismo.

El 17 de abril, al día siguiente de que los ministros de la CNT volvieran a la Generalidad, una fuerza de carabineros en Puigcerdá pide a las patrullas obreras de la CNT que les entreguen el control de las aduanas de la frontera con Francia; en simultáneo la Guardia Civil y de Asalto es enviada a Figueras y otras localidades por toda la provincia de Gerona a quitarles a las organizaciones obreras el control de la policía, disolviendo el Consejo de la Cerdaña, uno de los más autónomos. Simultáneamente, en Barcelona, la Guardia de Asalto procede a desarmar a los obreros a la vista del público, en las calles.

Durante el mes de mayo se agudizan los enfrentamientos entre los partidarios de la revolución y los contrarios a ella. El 13 de ese mes de 1937, tras los sucesos de las Jornadas de Mayo de Barcelona, los dos ministros comunistas, Jesús Hernández y Vicente Uribe, proponen al Gobierno que se castigue a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Obrero de Unificación Marxista ( POUM), iniciándose en la práctica la represión contra este último partido. El 16 de mayo dimite Largo Caballero, a lo que sigue la formación del gobierno del socialista Juan Negrín (aparentemente un hombre de Prieto) pero sin apoyo de anarquistas ni de revolucionarios.

Sucesos posteriores relacionados

El día 25 queda excluida la FAI de los Tribunales Populares. El 8 de junio de 1937, el gobierno (trasladado a Valencia), lanza un decreto por el que ilegalizaba temporalmente las colectividades rurales que aún no habían sido disueltas. El 14 de junio, se forma un nuevo gobierno de la Generalidad, también sin los anarquistas y los revolucionarios. El 15 es ilegalizado el POUM y su comité ejecutivo es detenido. El 16 se disuelve la 29.ª División (Ex División Lenin, del POUM).

En agosto, se prohíbe por medio de una circular del gobierno las críticas a la URSS.[ cita requerida] En este mes también el gobierno central dispone la disolución del Consejo de Defensa de Aragón, prácticamente el último órgano de poder revolucionario que quedaba, el cual es ocupado militarmente por tropas del Ejército republicano el día 10. Joaquín Ascaso, su presidente, es detenido. Asimismo, la undécima división comunista arremete contra diversos comités del pueblo aragoneses y disuelve la producción agrícola colectiva, que poco después se reorganiza en muchos casos. El día 7, el gobierno reautoriza el culto religioso en privado, una de sus muchas medidas intentando restablecer el poder del Gobierno en la zona republicana, al tiempo que en Barcelona se producen manifestaciones contra la suspensión de la publicación anarcosindicalista Solidaridad Obrera, disueltas con gran violencia. El día 16 se prohíben en Barcelona los mítines políticos. El 26 del mismo mes, el Consejo asturiano se proclama Consejo Soberano de Asturias y León, ente soberano e independiente de la República.

El 21 de octubre, se produce una manifestación de la CNT y de los militantes socialistas ante la prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia, amenazando con echar las puertas abajo si no se liberaba a los presos. El 12 de noviembre, la CNT se retira de los comités del FPA.

El 6 de enero de 1938, el Gobierno publica un decreto por el que se prohíbe toda nueva emisión de billetes y monedas de comités, ayuntamientos, corporaciones, etc. y se da un plazo de un mes para que sean retirados de la circulación, intentando acabar con los últimos restos de la Revolución. Durante ese año regresan muchos de los grandes terratenientes y exigen la devolución de sus bienes.[ cita requerida] La colectivización es anulada progresivamente pese a la gran oposición popular que suponía.

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