Revolución de 1868

Revolución de 1868
Caricatura etapas del sexenio La Flaca 1874.jpg
Caricatura de 1874 publicada en La Flaca sobre las etapas del Sexenio Democrático.
Contexto del acontecimiento
Fecha 19- 27 de septiembre de 1868
Sitio España
Impulsores Partido Progresista, Partido Democrático y una parte de la Unión Liberal liderados por Juan Prim, Francisco Serrano y Juan Bautista Topete
Motivos Véase Antecedentes
Gobierno previo
Gobernante
Forma de gobierno Monarquía constitucional
Gobierno resultante
Gobernante
Forma de gobierno Gobierno provisional
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La Revolución de 1868, llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre, también conocida por la Septembrina, fue una sublevación militar con elementos civiles que tuvo lugar en España en septiembre de 1868 y supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio del período denominado Sexenio Democrático. Como señaló María Victoria López-Cordón, «la Revolución de Septiembre fue una brusca sacudida en la historia del siglo XIX español, cuyos efectos se dejaron sentir ampliamente en toda la geografía del país»,[1] ya que a partir de ella tiene lugar en el país el primer intento de su historia de establecer un régimen político democrático, primero en forma de monarquía parlamentaria, durante el reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873), y después en forma de república, la Primera República (1873-1874). Sin embargo, ambas fórmulas acabarán fracasando.

Antecedentes

A mediados de los años 1860, el descontento contra el régimen monárquico de Isabel II era patente y el moderantismo español, en el poder desde 1844, salvo los intervalos del bienio progresista (1854-1856) y los gobiernos de la Unión Liberal (1858-1863), se encontraba en una fuerte crisis interna. Por su parte el Partido Progresista, con Pedro Calvo Asensio como uno de sus impulsores, había optado por el retraimiento en las elecciones para deslegitimar las Cortes que salieran de ellas. En 1864 volvió al poder el general Narváez que tuvo que abandonarlo tras los trágicos sucesos de la Noche de San Daniel, siendo sustituido por el general Leopoldo O'Donnell.

En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con la Monarquía de Isabel II que fue dominada por el gobierno de la Unión Liberal del general O'Donnell y que fue conocida como la sublevación del Cuartel de San Gil, porque fueron los sargentos de este cuartel de artillería los que protagonizaron el alzamiento. Al mes siguiente la reina Isabel II, destituyó al general O'Donnell por considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos, a pesar de que habían sido fusilados 66 de ellos, y nombró para sustituirle al general Narváez, líder del Partido Moderado.[2]

Narváez adoptó inmediatamente una política autoritaria y represiva lo que hizo imposible el turno en el poder con la Unión Liberal de O'Donnell, que entonces optó por hacer el «vacío en Palacio» —según la expresión del propio O'Donnell—, lo que significaba el retraimiento en el Senado, pero a lo que se negó en rotundo el líder unionista fue a pactar ninguna iniciativa con los progresistas con los que estaba «dolido por los acontecimientos del Cuartel de San Gil, en especial con Prim», líder del Partido Progresista y de la coalición de fuerzas que pretendía el derrocamiento de Isabel II. Solo tras la muerte de O'Donnell en noviembre de 1867, se sumaría la Unión Liberal —liderada entonces por el general Serrano— al pacto de Ostende que habían firmado un año antes progresistas y demócratas.[3]

La crisis económica de 1866-1868

La red de ferrocarriles en España durante el siglo XIX

A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque estuvo precedida de la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862 a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana, el detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas sufridas por las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito.[5]

A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868 motivada por la malas cosechas de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de «pan a ocho [reales]». La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas —incluidos los ferrocarriles— y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba «unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino».[6]

El pacto de Ostende

Juan Prim en 1869

El pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, que recibe su nombre por el de la ciudad de Bélgica donde se firmó el 16 de agosto de 1866, fue una iniciativa del general progresista Juan Prim con el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II. Constaba de dos puntos:[3]

1.º, destruir lo existente en las altas esferas del poder;
2.º, nombramiento de una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, siendo elegida por sufragio universal directo.

La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell, Prim y Serrano —paradójicamente, el mismo militar que había dirigido la represión de la sublevación del cuartel de San Gil— firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. «Con esto la Unión Liberal aceptaba la entrada en un nuevo proceso constituyente y en la búsqueda de una nueva dinastía, y, según el punto segundo [del pacto de Ostende], la soberanía única de la nación y el sufragio universal».[3]

La respuesta de Narváez fue acentuar su política autoritaria. Las Cortes cerradas en julio de 1866 no volvieron a abrirse porque fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para principios de 1867. La «influencia moral» del gobierno dio una mayoría tan aplastante a los diputados ministeriales que la Unión Liberal, lo más parecido a una oposición parlamentaria, quedó reducida a cuatro diputados. Además en el nuevo reglamento de las Cortes aprobado en junio de 1867, tres meses después de haber sido abiertas, se suprimió el voto de censura, reduciendo así sensiblemente su capacidad para controlar al gobierno.[7] En abril de 1868 fallecío el general Narváez y la reina nombró para sustituirle al ultraconservador Luis González Bravo que siguió con la política autoritaria y represiva de su antecesor.

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