Revocatoria del mandato

La revocación de mandato, revocatoria de mandato o referéndum revocatorio (en inglés, recall election), es un procedimiento por el cual los electores pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa.

A través de este procedimiento los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a una autoridad electa, como un presidente, un gobernador o alcalde, cuyo fundamento sería el principio de soberanía popular. Es un mecanismo de interrupción o término anticipado del mandato popular.

el origen de esta revocatoria del señor jhon paredes miler el vocero de la ficha de sistemas . que su incumplimiento como vocero y su irresponsabilidad ha llevado a que todos piensen en revocarlo de su cargo. y también hay sospechas de compra de votos

Historia

La figura de la revocatoria del mandato es la menos común de los mecanismos de democracia participativa en la actualidad.

En Suiza, se encuentra previsto en los estatutos de seis cantonesBerna (desde 1846), Soleura y Turgovia (desde 1869), Schaffhausen (desde 1872), Ticino (desde 1892), y Uri (desde 1988)―; aunque a nivel federal no está contemplado. La posibilidad de referendos revocatorios de mandatos (junto con la elección popular de los ejecutivos, la iniciativa y el referéndum legislativo) se introdujo en varias constituciones cantonales después de la década de 1860 en el curso de un amplio movimiento de reforma democrática. El instrumento no ha sido de ninguna importancia práctica ―con la excepción de una experiencia en la ciudad de Aarau durante el siglo XIX, los pocos intentos de recuperación hasta el momento han fracasado, por lo general debido a que el número requerido de firmas no se recogió― y fue suprimido en el curso de las revisiones constitucionales en Argovia (1980), Basilea (1984) y Lucerna (2007)[1]

En los Estados Unidos de América, varios estados, condados y ciudades ( towns) incluyen disposiciones sobre este mecanismo en sus constituciones, pero a nivel nacional no es utilizado. En ese sentido, el primer caso de un funcionario separado de su cargo mediante revocatoria fue el del alcalde ― mayor― de Seattle Hiram Gill en 1911. A continuación, siguieron la misma suerte el alcalde de Boise, Jeremiah Robinson, en 1916; y el gobernador de Dakota del Norte, Lynn Frazier, en 1921. El último caso registrado, fue la remoción del gobernador de California Gray Davis en 2003.

En Canadá fue establecido en 1995 por la provincia de British Columbia.

La República Bolivariana de Venezuela lo prevé en el artículo 72 de su Constitución, el cual prescribe: "Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato." Así, el presidente Hugo Chávez se sometió al referéndum presidencial, que lo ratificó en su cargo en los comicios del 15 de agosto de 2004.

A Ecuador, en la Constitución de 2008, se suma a Venezuela.

En Bolivia se incorpora en su constitución del 2009 la revocatoria de mandato, donde son revocables toda autordad electa mediante el voto universal, y así lo sostiene el artículo 240 que dice: «Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el órgano judicial, de acuerdo con la ley», donde se prevé la revocatoria del mandato para todas las autoridades de elección popular, incluyendo el presidente de la República.

La República Argentina no lo prevé en su Constitución Nacional pero sí lo hacen las provincias de Chaco (introducido en 1957), Chubut (1994), Córdoba (1923 y 1987), Corrientes (1960), La Rioja (1986), Río Negro (1988), Santiago del Estero y Tierra del Fuego (ambas en 1991). Otras provincias lo regulan a nivel municipal, como Entre Ríos (1933), Neuquén (1957), Misiones (1958), San Juan (1986) y San Luis (1987). Desde 1996 también lo regula la Ciudad de Buenos Aires.[2]

En México, el Estado de Yucatán fue el primero en introducir la revocatoria, en 1938. Curiosamente, el mecanismo, que no se activó nunca, fue declarado inconstitucional 72 años más tarde. Similar recorrido cabe al mecanismo introducido en Chihuahua en 1997 y también declarado inconstitucional y eliminado de la normativa en consecuencia. A pesar de estos precedentes, el mecanismo fue incluido posteriormente en los estados de Oaxaca (1998), Morelos (2011), Guerrero (2013), Zacatecas y Aguascalientes[3]

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