Referéndum presidencial de Venezuela de 2004

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Referéndum presidencial de 2004
Ratificación o revocatoria del mandato de Hugo Chávez
15 de agosto de 2004
Tipo Referéndum vinculante

Demografía electoral
Población &&&&&&&023054210.&&&&&023 054 210
Hab. inscritos &&&&&&&014037900.&&&&&014 037 900
Votantes &&&&&&&&09815631.&&&&&09 815 631
Participación
  
69.92% Green Arrow Up.svg 46.4%
Votos válidos &&&&&&&&09789637.&&&&&09 789 637
Votos nulos &&&&&&&&&&025994.&&&&&025 994

Resultados
Vota No Referendum 2004.jpg
No –
Votos 5.800.629 Green Arrow Up.svg 255.4%
  
59.1%
Blue flag waving.svg
 –
Votos 3.989.008 Green Arrow Up.svg 454.8%
  
40.64%

El Referéndum presidencial de Venezuela de 2004 fue un referéndum revocatorio presidencial celebrado el 15 de agosto del 2004 en Venezuela para decidir la permanencia de Hugo Chávez en la jefatura del Estado, cuyo resultado oficial fue de no revocarlo.

La polarización política en Venezuela incidió en el nombre elegido para este referéndum, el cual fue llamado por la oposición venezolana «referéndum revocatorio», mientras que por el contrario, los seguidores del gobierno de Hugo Chávez lo denominaron «referéndum ratificatorio». Este tipo de elecciones también suelen llamarse «plebiscitos».

El resultado del referendo fue no destituir a Chávez con el 59,1 % de los votos, pero hubo alegatos de fraude por parte de la oposición. Los informes de los observadores internacionales rechazaron esta hipótesis,[9]

La petición

Antecedentes

Fue un referéndum activado por la oposición para intentar destituir democráticamente al presidente Chávez mediante el voto popular según lo previsto en la propia Constitución de 1999, Lo que motivó la realización del referéndum fue la crispación social y la crisis política que sumió al país, y que desembocó en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 realizado por la oposición. El resultado fue el derrocamiento durante dos días del presidente Chávez, pero este fue repuesto por un contragolpe realizado por sus seguidores. Ese mismo año la oposición pedía la renuncia de Chávez y se la exigió mediante sendas marchas durante todo el año 2002.

Previamente, el mismo año la oposición, mediante el apoyo principal de los empresarios, había realizado un paro que se denominó Paro Petrolero, por afectar a la empresa estatal de PDVSA debido a su prolongada duración. Las consecuencias de la paralización de las actividades económicas, especialmente petroleras entre diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 fueron graves. Los efectos en lo político, económico y social fueron muy negativos para la población y el país. La Organización de Estados Americanos (OEA) y el estadounidense Centro Carter organizaron una «mesa de negociación y acuerdo», en donde se realizó un pacto contra la violencia entre gobierno y oposición que no fue cumplido, pero sirvió de preámbulo para acordar llevar a cabo el referéndum.

La oposición exigía en un primer momento realizar lo que se denominó referéndum consultivo, que se caracterizaba por no ser vinculante. El gobierno presidido por Chávez, afirmó que sólo aceptaría la realización del referéndum previsto en la carta magna, pero la oposición estuvo en un primer momento en contra de la opción aceptada por Chávez, alegando que este se tenía que realizar en la mitad del período presidencial (a mediados de 2004) y no estarían dispuestos a esperar tanto ya que el país se podría sumir en una guerra civil. En este aspecto el chavismo alegó que la inestabilidad y la confrontación era promovida por la oposición de forma malintencionada y aseguró que si esta dejaba de crear disturbios, la confrontación se acabaría y que en general la oposición no ofrecía ninguna alternativa al gobierno.

Después de la finalización del paro (nunca se hizo una declaración oficial sobre la finalización del mismo) la oposición siguió activa, promoviendo más movilizaciones. Durante el año 2003 se continuó con la realización de marchas, disturbios y cacerolazos promovidos por la Coordinadora Democrática, los canales de televisión, la patronal Fedecámaras y sus empresarios inscritos, además del sindicato CTV y la Iglesia católica, para forzar la renuncia de Chávez. Además ocurrían contra-marchas pro-Chávez, como respuesta a la marchas de la oposición

Las manifestaciones chavistas y antichavista se sucedían a diario. Para detenerlas, las partes aceptaron está fórmula de referéndum propuesta por la citada mesa de negociación y acuerdo. Referéndum que como se mencionó antes está comtemplado en la Constitución Bolivariana de 1999.

Base constitucional

La llamada a referéndum está fundamentada en dos artículos de la constitución de 1999

Artículo 72: Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.

Artículo 233: Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

Recolección de firmas de la oposición

Marcha realizada en Caracas

La ley electoral exigía la recolección de un número de firmas de la población venezolana para poder activar el referéndum y en el plazo de un número de días para llevar a cabo dicha recolección. Así, la oposición aglutinada en la Coordinadora Democrática, que es una coalición de partidos políticos, asociaciones civiles, ONG y otro tipo de organizaciones cuyo objetivo en común era el derrocamiento de Chávez, decidió iniciar la labor de recolección de firmas donde tuvo un masivo apoyo de los medios de comunicación privados nacionales, tanto de televisión, prensa y radio que en su mayoría estaban en contra de Chávez.

Las formas de pedir las firmas fueron muy diversas. Se crearon puestos en sitios públicos como plazas o calles. Personas comisionadas para tal fin («itinerantes») recorrían casa por casa en busca de firmantes, los ciudadanos que deseaban firmar tenían que hacerlo en libros diseñados para tal fin, se debía colocar la firma, el número de cédula y la huella dactilar.

En agosto del 2003, aproximadamente 3.2 millones de firmas fueron presentadas, pero estas fueron rechazadas por los miembros del organismo encargados de las elecciones en el país: Consejo Nacional Electoral (Venezuela) (CNE); basándose según la oposición en un tecnicismo legal: que las firmas se habían recogido prematuramente; específicamente antes de la mitad del período presidencial. En septiembre del 2003, la revista inglesa The Economist informó que el Gobierno había utilizado un escuadrón de movilización rápida para allanar las oficinas del CNE. Adicionalmente la revista reportó que el gobierno estaba castigando aquellos ciudadanos que firmaban la petición del referéndum. Igualmente el gobierno y algunos firmantes denunciaron haber firmado en su lugar de trabajo, presionados mediante coacción y en contra de su voluntad por sus jefes bajo amenazas en caso de negarse. Según las denuncias, dichos trabajadores pertenecían a la nómina de empresas privadas que estaban en contra del gobierno de Chávez, entre las mencionadas estaban algunas transnacionales como la fabricante de automóviles Kia.

Cedulacion de venezolanos en Alta Vista, Catia, Municipio Libertador de Caracas, el 17 de abril de 2004.

En noviembre de 2003, la oposición recolectó un nuevo conjunto de firmas, obteniéndose en el plazo máximo de cuatro días la cantidad de 3.6 millones de ellas. En febrero de 2004, Roberto Abdul, uno de los directores de Súmate, la ONG que recogió las firmas, declaró que de acuerdo con los cálculos de la organización, al menos el 8 % de las firmas (0.288 millones) eran inválidas. Sin embargo el CNE rechazó la petición de referéndum alegando que tan solo 1.9 millones de las firmas eran válidas, 1.1 millones presentaban serias dudas, y cerca de 0.5 millones eran completamente inválidas (por pertenecer a personas fallecidas, menores de edad y extranjeros). De las firmas consideradas dudosas por el CNE (1.1 millones), 876 017 tenían sus datos personales escritos con la misma caligrafía con la excepción de la firma misma. La oposición alegó que dichas firmas denominadas asistidas eran firmas en las cuales la persona encargada del centro de recolección asistía a los firmantes rellenando toda la información y luego les indicaba dónde firmar. La decisión del CNE dio origen a manifestaciones violentas que resultaron en la muerte de 9 personas, 339 arrestos y 1200 heridos.

Tras una apelación a la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la corte incluyó como válidas unas 800 000 firmas, con lo que el total de firmas válidas llegó a 2.7 millones; este monto constituyó 300 000 firmas más de las necesarias para convocar el referéndum. Sin embargo una semana más tarde, la sala Constitucional del mismo tribunal rechazó la decisión de la sala Electoral al dictaminar que esta había obrado fuera de su jurisdicción.

A continuación los nombres de los firmantes se hicieron públicos. El presidente de la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV) declaró a la Associated Press que se habían empezado a despedir de los ministerios de gobierno, de los organismos públicos, de los gobiernos municipales y de las empresas del gobierno, a aquellas personas que habían firmado la petición del referéndum. El ministro de Salud Roger Capella declaró también a la Associated Press justificando los despidos diciendo que «todos aquellos que firmaron para activar el referéndum contra el presidente Chávez deberían ser despedidos del Ministerio de la Salud». Días después Capella se retractó diciendo que esa era su opinión personal y no era política oficial.

Eventualmente, como compromiso para resolver el impasse creado, el CNE dictaminó que permitiría un proceso de «reparo», consistente en permitir que durante un lapso de cinco días en mayo de 2004, aquellas personas cuyas firmas estaban siendo cuestionadas confirmaran que si eran en efecto auténticas. Al final de este período, el número de firmas validadas por el CNE alcanzó la cifra de 2 436 830. De esta manera se alcanzaba el monto mínimo de firmas necesarias para convocar el referéndum. Durante estos días de validación de firmas, miles de cédulas de identidad falsas y equipo para su fabricación fueron confiscados en el curso de allanamientos policiales. Los simpatizantes de Chávez alegaron que esto indicaba que la oposición había usado estos equipos para falsificar firmas; mientras la oposición señalaba que estos equipos habían sido plantados maliciosamente.[10]

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