Rebelión cantonal

Rebelión cantonal
Rebelión cantonal.svg
Focos de sublevación cantonal y principales batallas
Fecha 12 de julio de 1873 - 13 de enero de 1874
Lugar Andalucía, Valencia, Murcia y otros lugares de España
Casus belli Proclamar la República Federal Española de "abajo arriba"
Resultado Victoria del gobierno republicano
Consecuencias Fin de la República Federal
Beligerantes
Cantones rebeldes Bandera de España República Española
Comandantes
Bahnmarke bleibt an Backbord liegen.svg Juan Contreras
Bahnmarke bleibt an Backbord liegen.svg "Antonete" Gálvez
Bandera de España Arsenio Martínez Campos
Bandera de España Manuel Pavía
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La Rebelión cantonal (o Revolución cantonal) fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron los republicanos federales «intransigentes» que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores «centrista» y «moderado» del Partido Republicano Federal.

La rebelión se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena -aunque tres días antes había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)- extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación constituiría la base de la República Federal Española. La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el federalismo «pactista» de Francisco Pi y Margall contra cuyo gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales «intransigentes». Al fracasar la política del gobierno de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el gobierno que le sustituyó presidido por el «moderado» Nicolás Salmerón no dudó en emplear al ejército dirigido por los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía para aplastar la rebelión, política que acentuó el siguiente gobierno del también «moderado» Emilio Castelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, comenzó el asedio de Cartagena, el último reducto de la rebelión, que no caería en manos gubernamentales hasta el 12 de enero, una semana después del golpe de Pavía que puso fin a la República federal dando paso a la dictadura de Serrano.

Aunque la rebelión cantonal fue considerada como un movimiento «separatista» por el Gobierno de la República, la historiografía actual destaca que la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.[1]

Antecedentes

La proclamación de la República

El 11 de febrero de 1873, al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32, pero sin definirla como unitaria o como federal, postergando la decisión a las futuras Cortes Constituyentes.[2]

Retrato de Estanislao Figueras, primer presidente del Poder Ejecutivo de la I República.

Ese mismo día la autoproclamada Asamblea Nacional nombró como presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras, cuyo gobierno tuvo que restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales que habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares, donde habían formado «juntas revolucionarias» que no reconocían al gobierno de Figueras, porque era un gobierno de coalición con los antiguos monárquicos del Partido Radical, y tildaban de tibios a los "republicanos de Madrid".[5]

Si la República viene,
No habrá quintas en España,
Por eso aquí hasta la Virgen,
Se vuelve republicana

Eso fue lo que el diputado José Echegaray, del Partido Radical, echó en cara a los líderes republicanos:[3]

[que sus seguidores entendían el federalismo como] aquí un cortijo que se divide, un monte que se reparte, allá un mínimum de los salarios, más lejos los colonos convertidos en propietarios, es quizás en otra provincia un ariete que abre brecha en las fuerzas legales para que el contrabando pase, el pobre contra el rico, el reparto de la propiedad, el contribuyente contra el Fisco...

El encargado de la tarea de restablecer el orden fue el ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, paradójicamente el principal defensor del federalismo "pactista" de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la disolución las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza aquéllas en "una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios",[6]

Caricatura de la revista satírica La Flaca del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los radicales, que defienden la república unitaria, y los republicanos federales que defienden la federal. Y también sobre la pugna entre los federales «transigentes» e «intransigentes»

Pi y Margall también tuvo que ocuparse en dos ocasiones de la proclamación por la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales «intransigentes», del «Estado catalán». La primera fue el 12 de febrero, al día siguiente de la proclamación de la República en Madrid, y Pi Margall logró convencerles de que desistieran mediante telegramas que les envió desde Madrid. La segunda se produjo el mismo día 8 de marzo en que en Madrid tenía lugar un intento de golpe de Estado por parte de los radicales que intentaban evitar que la república se proclamara federal impidiendo la convocatoria de Cortes Constituyentes. Esta vez no bastaron los telegramas de Pi y Margall sino que hizo falta que cuatro días después, el 12 de marzo, fuera a Barcelona el propio presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras para que la Diputación retirara la declaración.[7]

Especialmente después del tercer intento de golpe de estado del Partido Radical para paralizar la convocatoria de las Cortes Constituyentes que tuvo lugar el 23 de abril, arreció la presión de los republicanos «intransigentes» y de la prensa afín sobre el gobierno para que proclamara la República Federal sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes pero el gobierno se atuvo a la legalidad. El ministro de la Gobernación Pi y Margall recibió cientos de telegramas en los que se decía:[8]

Limítense a consagrar la voluntad de los municipios y de las regiones; resultará hecha la Federación de abajo arriba y no será obra de unas Cortes sino la de una nación

La proclamación de la República Federal

En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que a causa del retraimiento del resto de los partidos supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal. Pero esta situación era engañosa porque en realidad los diputados republicanos federales de las Constituyentes estaban divididos en tres grupos:[9]

  • Los «intransigentes» con unos 60 diputados formaban la izquierda de la Cámara y propugnaban que las Cortes se declararan en Convención, asumiendo todos los poderes del Estado -el legislativo, el ejecutivo y el judicial- para construir la República Federal de abajo arriba, desde el municipio a los cantones o Estados y desde éstos al poder federal, y también defendían la introducción de reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida del cuarto estado. Este sector de los republicanos federales no tenía un líder claro, aunque reconocían como su «patriarca» a José María Orense, el viejo marqués de Albaida. Destacaban dentro de él Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, los generales Juan Contreras y Blas Pierrad, o los escritores Roque Barcia y Manuel Fernández Herrero
  • Los «centristas» liderados por Pi y Margall coincidían con los «intransigentes» en que el objetivo era construir una república federal pero de arriba abajo, es decir, primero había que elaboran la Constitución federal y luego proceder a la formación de los cantones o Estados federados. El número de diputados con que contaba este sector no era muy amplio y en muchas ocasiones actuaban divididos en las votaciones, aunque se solían inclinar por las propuestas de los «intransigentes».
  • Los «moderados» constituían la derecha de la Cámara y estaban liderados por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón -y entre los que también destacaban Eleuterio Maisonnave y Buenaventura Abarzuza Ferrer- y defendían la formación de una República democrática que diera cabida a todas las opciones liberales, por lo que rechazaban la conversión de las Cortes en un poder revolucionario como defendían los «intransigentes» y coincidían con los pimargalianos en que la prioridad de las Cortes era aprobar la nueva Constitución. Constituían el grupo más numeroso de la Cámara, aunque había ciertas diferencias entre los seguidores de Castelar, que eran partidarios de la conciliación con los radicales y con los constitucionales para incluirlos en el nuevo régimen, y los seguidores de Salmerón que propugnaban que la República sólo debían fundamentarse en la alianza de los republicanos «viejos». Su modelo era la República Francesa, mientras que para «intransigentes» y «centristas» pimargalianos lo eran Suiza y Estados Unidos, dos repúblicas de estructura federal.

A pesar de esta división no tuvieron problemas en proclamar la República democrática federal el 8 de junio, una semana después de que se abrieron las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano «intransigente» José María Orense, por 218 votos contra dos:[10]

Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal.

La oposición de los «intransigentes» a los gobiernos federales de Figueras y de Pi y Margall

En cuanto se reunieron las Cortes Constiyentes el primer presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara para sustituirlo a su ministro de Gobernación Francisco Pi y Margall, pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento. Entonces Figueras tuvo conocimiento de que los generales «intransigentes» Juan Contreras y Blas Pierrad preparaban un golpe de estado para iniciar la República federal «desde abajo» al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. El 10 de junio Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia.[11]

El intento de golpe de estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los «intransigentes» rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid mientras el general Contreras al mando de la milicia de los Voluntarios de la República tomaba el ministerio de la Guerra. Entonces los «moderados» Emilio Castelar y Nicolás Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. "Castelar y Salmerón creyeron que Pi y Margall, cercano a los intransigentes, el que les había dado su base ideológica y su organización, podría controlar y contentar a la izquierda parlamentaria mediante un Gabinete de conciliación". Finalmente los «intransigentes» aceptaron la propuesta aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del gobierno que iba a presidir Pi y Margall.[12]

Retrato de Francisco Pi y Margall, segundo presidente del Poder Ejecutivo de la República.

El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.[14] Por último el programa incluía como prioridad la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República Federal.

Enseguida el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los «intransigentes» porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como «la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos». La inoperancia del gobierno a causa de la labor de bloqueo que realizaban los ministros «intransigentes» hizo que se presentara en las Cortes una proposición para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. La aprobación de la misma le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector «moderado», naciendo así un gobierno de coalición entre los «centristas» pimargalianos y los «moderados» de Castelar y Salmerón. La respuesta de los «intransigentes» fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al gobierno, y a continuación el 27 de junio los «intransigentes» presentaron un voto de censura contra el gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los «intransigentes», con la entrada en el gobierno de los "moderados" Maisonnave en Estado, Joaquín Gil Berges en Gracia y Justicia y José Carvajal en Hacienda, además de reforzar la presencia de los pimargalianos con Francisco Suñer en Ultramar y Ramón Pérez Costales en Fomento. El programa del nuevo gobierno se resumió en el lema «orden y progreso».[15]

El 30 de junio Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al país vasconavarro y a Cataluña. Los «intransigentes» se opusieron vivamente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la «pérdida de la democracia», aunque el gobierno les aseguró que sólo se aplicaría a los carlistas y no a los republicanos federales. Aprobada la propuesta por las Cortes el gobierno publicó un manifiesto en el que después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues «la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas».[16]

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