Régimen electoral de Uruguay

El régimen electoral de Uruguay rige desde la modificación del 8 de diciembre de 1996, introduciendo una verdadera reforma del sistema electoral originalmente previsto por la anterior Constitución de 1967.

El nuevo sistema introdujo :

  1. la candidatura única a la Presidencia de la República
  2. la reducción de candidatos para las Intendencias Departamentales;
  3. la eliminación de diferencias entre lemas permanentes y accidentales;
  4. la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y las departamentales; y
  5. las elecciones internas abiertas y simultáneas de los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia de la República, así como de los órganos deliberativos de cada partido político.

Además, desde 2010 existe la elección de Concejos Municipales (al presidente se lo denomina Alcalde) para varias localidades, atento a la creación de un tercer nivel de gobierno.

El sufragio y sus garantías

Lo primero que expresa la Constitución de Uruguay al referirse al sufragio es que es obligatorio, así como la inscripción Cívica (art. 77).

La obligatoriedad del sufragio, igual que la de la inscripción cívica, todavía aquella más que ésta, encuentra dificultades en la aplicación práctica, siendo difícil sancionar a quienes no cumplen con estos deberes. Luego de varios proyectos se aprobó una ley estableciendo sanciones para quien no vote (prohibiciones de hacer trámites, cobros, obtener empleos públicos y otros similares). Esta ley se aplicó efectivamente a partir del año 1971, exigiéndose, por un prolongado lapso posterior a las elecciones nacionales de ese año, para la realización de cualquier trámite ante una dependencia pública, la constancia de haber votado.

Para apoyar esta medida, el 13 de abril de 1989 se reglamentó todo lo concerniente a la obligatoriedad del voto, estableciendo el sistema de estampar un sello en la Credencial Cívica en el acto de emitir el voto. El ciudadano que no exhiba la Credencial Cívica con dicho sello no podrá otorgar escrituras públicas, ni cobrar sueldos, ni jubilaciones, ni pensiones, ni percibir sumas de dinero que el Estado le adeude por cualquier concepto, ni ingresar a la Administración Pública, ni inscribirse, ni rendir exámenes en la enseñanza pública, ni obtener pasajes para el exterior en ninguna empresa o compañía de transporte.

Quien no haya podido ejercer el voto por causas fundadas deberá acreditarlo dentro de los 30 días siguientes al acto eleccionario, ante la Junta Electoral; se consideran causas fundadas las siguientes: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impidan, el día de la elección, concurrir a votar por razones de fuerza mayor; o hallarse comprendido en una de las causales de suspensión de la ciudadanía establecidas en el art. 80 de la Constitución.

El ciudadano que, sin causa justificada, no cumpliera con la obligación de votar, incurrirá en una multa de una unidad re ajustable la primera vez, y tres unidades por cada una de las siguientes. Las multas se duplicarán cuando los ciudadanos omisos sean profesionales o funcionarios públicos.

La Constitución expresa también que el sufragio es secreto. Se trata de la solución de un problema discutido en la doctrina.

Desde el punto de vista teórico, el voto público parece mejor, pues no existe razón para que el ciudadano tenga que ocultar por quien sufraga. Pero en la práctica tratándose de la elección de ciudadanos, se ha hecho necesario implantar el voto secreto como una de las máximas garantías a la libertad del sufragio. Mientras éste no se estableció, predominaban las presiones que ejercían sobre los votantes quienes tenían una relación de superioridad por alguna razón, los jefes sobre sus empleados, los patrones sobre sus obreros, etc.

Además del secreto, el sufragio en el régimen uruguayo es universal, habiéndose eliminado todas las posibles restricciones al ejercicio de este derecho ciudadano.

Otra de las garantías que se establecen para el sufragio, que tiene que ver con la libre reflexión del elector, es la llamada veda propagandística.

La Ley Nº: 16.019 de abril de 1989 dispuso que los actos de propaganda proselitista en la vía pública, o en locales abiertos al público o en medios de difusión, deberán cesar cuarenta y ocho horas antes del día de la elección, plebiscito o referéndum.

También impide dicha ley durante los dos días anteriores difundir encuestas o consultas o cualquier tipo de manifestación o exhortación dirigida a influir en la decisión.

En cuanto al sistema de votación, desde principios del siglo XX Uruguay aplica la antigua tecnología de depositar el sobre que contiene la hoja de votación dentro de una urna.[1] Al finalizar la jornada comicial, los integrantes de la mesa receptora de votos proceden a realizar el escrutinio, es decir, a contar los votos, en presencia de delegados partidarios. Se ha hablado de voto electrónico, pero todavía no se ha implementado.

Other Languages