Régimen Económico y Fiscal de Canarias

El Archipiélago canario, debido a su condición insular y de lejanía geográfica de Europa, así como a la escasez de recursos naturales, ha contado con un tratamiento singular tanto en el ámbito administrativo como en el económico y fiscal, desde el siglo XVI tras su incorporación a la Corona de Castilla. Estos derechos se tradujeron en el siglo XIX en un sistema librecambista, con los denominados Puertos Francos, que perduró hasta la Guerra Civil Española; un régimen fiscal basado en la libertad comercial de importación y exportación, en franquicias aduaneras y, además, en la existencia de impuestos locales.

El primer REF

El sistema librecambista de los puertos francos fue evolucionando durante la dictadura del General Franco y las medidas específicas para promover el desarrollo económico y social de las Islas se plasmaron en 1972 en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

La Constitución Española de 1978 reconoce en su Disposición Adicional 3ª la existencia en Canarias de un régimen especial para las islas. Este régimen puede ampliarse o reducirse al arbitrio del legislador nacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2003) ya que el régimen especial tiene un sentido esencialmente finalista y vinculado a la solidaridad atendiendo al hecho insular y menor renta disponible por habitante canario[Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2003, de 30 de enero, fundamento jurídico 5.a)] Por tanto y si en un futuro los niveles de riqueza se igualasen con la media española este régimen especial no tendría sentido y tendería a su extinción, pasando en este momento las islas a ser contribuyentes netos a favor de otras regiones menos favorecidas.

A nivel europeo, la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), el 1 de enero de 1986, hizo inaplazable la actualización del REF, ya que, aunque se estableció un sistema especial de integración consagrado en el artículo 25 del Acta de Adhesión del Reino de España a la CEE y en el Protocolo 2 de la misma, no colmó las aspiraciones canarias, principalmente en lo que se refería a las exportaciones agrícolas al resto de la Comunidad. Por ello, el Parlamento canario adoptó el 21 de diciembre de 1989 una resolución en la que pidió una mayor incorporación en la Comunidad Europea.

La nueva situación obligaba a una imprescindible reforma de los aspectos fiscales recogidos en el REF que, respetando una presión fiscal menor que en el resto de la Nación, fuera introduciendo de manera progresiva la legislación aduanera comunitaria y una fiscalidad indirecta moderna, acorde con las exigencias de la CEE y garantizadora de la financiación de las haciendas locales.

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