Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1919

Palacio de la Música Catalana donde el 26 de enero de 1919 se reunieron los alcaldes y los delegados de los municipios catalanes para aprobar el proyecto de Estatuto de Autonomía propuesto por la Mancomunidad de Cataluña.

El Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1919, también conocido como Proyecto de Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña al haber sido elaborado en enero de 1919 por la Mancomunidad de Cataluña, fue el primer proyecto de Estatuto de autonomía que desde Cataluña se propuso para su aprobación por el parlamento español. El mismo se enmarca en la campaña autonomista catalana de 1918-1919 que desarrollaron las fuerzas políticas catalanas encabezadas por la Liga Regionalista de Francesc Cambó y por la propia Mancomunidad presidida por Josep Puig i Cadafalch, también miembro de la Liga. El proyecto fue aprobado en Barcelona el 25 de enero de 1919 por la Asamblea de la Mancomunidad de Cataluña y los parlamentarios catalanes que dos meses antes habían abandonado las Cortes en señal de protesta por el rechazo al proyecto de Bases para la autonomía de Cataluña que habían presentado. Al día siguiente, domingo 26 de enero, fue ratificado por los alcaldes y los delegados de los municipios catalanes reunidos en el Palacio de la Música Catalana. Sin embargo cuando fue presentado ante el parlamento español el gobierno del conde de Romanones y los partidos del turno se negaron siquiera a debatirlo.

La elaboración del proyecto

Tras la retirada de las Cortes de los parlamentarios catalanes en noviembre de 1918, el gobierno del liberal conde de Romanones convocó una comisión extraparlamentaria para que redactara una propuesta de autonomía para Cataluña que sería llevada a las Cortes. El 21 de diciembre de 1918 los parlamentarios catalanes junto con la Asamblea de la Mancomunidad y los diputados de las cuatro diputaciones se reunieron en Barcelona para decidir si participaban en la comisión creada por el gobierno. Los partidos republicanos catalanes propusieron que los presentes se erigieran en asamblea constituyente y redactaran una propuesta de Estatuto de autonomía para Cataluña, mientras que los parlamentarios de los partidos dinásticos opinaban que había que formar parte de la comisión gubernamental. Finalmente se resolvió que el Consejo de la Mancomunidad y los parlamentarios adjuntos elaboraran un borrador de Estatuto, aunque sin descartar la posibilidad de acudir también a Madrid.[2]

la omisión absoluta del decreto publicado creando la Comisión extraparlamentaria, hecho que tiene el valor de un requerimiento solemne dirigido a Cataluña, y el silencio que se guarda respecto a la potestad de las Cortes, a quienes toda aspiración autonomista tiene que someterse en definitiva.

El 29 de diciembre, dos días después de que se conocieran los 33 miembros de la comisión extraparlamentaria nombrada por el gobierno, el Consejo de la Mancomunidad y los vocales catalanes de la comisión, entre los que se encontraban Cambó y el presidente de la Mancomunidad, Puig i Cadafalch, se reunieron y decidieron no acudir a la comisión para no romper la unidad de los que apoyaban la autonomía ya que los republicanos se oponían. Además alegaron que también habían rehusado asistir determinados políticos que como Eduardo Dato, que tenía detrás una buen número de diputados, lo que imposibilitaba que lo que acordara la comisión después fuera refrendado por las Cortes. Como dijo un periódico republicano catalán, «la Comisión nació muerta […] y, al cabo, las Cortes decidirán en última instancia, anulando toda eficacia a la Comisión». A pesar de ello Romanones mantuvo la convocatoria.[3]

El 11 de enero de 1919 presentó su proyecto la comisión extraparlamentaria. Aunque en él se introducían avances indudables —Cataluña dispondría de una asamblea denominada Diputación y de un gobierno con el nombre de Generalidad; las cuatro diputaciones provinciales desaparecían aunque el poder regional no tendría la potestad de modificar la división territorial provincial existente; se reconocía la cooficialidad del catalán, incluida la administración de justicia; también se establecía la posibilidad de crear una policía regional que se coordinaría con la estatal— se trataba más bien de un proyecto de descentralización administrativa ya que no se concedía al poder regional ninguna competencia exclusiva ni se le traspasaba ningún servicio del Estado y además se creaba una nueva figura, la del gobernador general de la región, que podía negarse a sancionar las disposiciones de la Diputación y de la Generalidad si consideraba que éstas contenían extralimitaciones. Además nombraba delegados en las cuatro provincias, gozaba de la potestad de disolver la asamblea regional (o Diputación) y de convocar nuevas elecciones si contaba con la aprobación del gobierno de Madrid, y mantenía las atribuciones de los gobernadores civiles en materia de libertad de imprenta, de asociación y de reunión, y de orden público —la Guardia Civil estaba bajo sus órdenes directas—. Los juristas catalanes nombrados por la Mancomunidad para que estudiaran el proyecto destacaron que los poderes concedidos al gobernador suponían un retroceso respecto de la relativa independencia que tenía la Mancomunidad «que no tiene contacto directo de ningún tipo con los gobernadores [civiles]».[4]

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