Proclamación del Estado Catalán en octubre de 1934

La señera, bandera oficial de Cataluña.

El 6 de octubre de 1934 tuvo lugar en Barcelona la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys. Estos hechos se encuadran dentro del movimiento insurreccional producido por la entrada de la CEDA en el gobierno de la República ( Revolución de octubre de 1934), en virtud de sus resultados en las elecciones generales de noviembre de 1933, y son conocidos en la historiografía nacionalista catalana como hechos del seis de octubre.

Antecedentes

Tras la Dictadura de Primo de Rivera el rey Alfonso XIII nombró en enero de 1930 al general Dámaso Berenguer presidente del Gobierno para que restableciera la "normalidad constitucional". Pero la "Dictablanda" del general Berenguer fracasó dando paso al breve gobierno del almirante Juan Bautista Aznar que convocó elecciones municipales para el domingo 12 de abril.[2]

La proclamación de la República Catalana el 14 de abril de 1931

Proclamación de la Segunda República en Barcelona.

En Cataluña, concurrieron a las elecciones municipales cuatro grupos además de los monárquicos: a la derecha, la Lliga Regionalista; en el centro, el nuevo Partit Catalanista Republicà (Acció Catalana Republicana), fruto de la fusión entre Acción Catalana y Acción Republicana de Cataluña; a la izquierda, la recién creada Esquerra Republicana de Catalunya. Al margen de los partidos catalanistas, radicales y socialistas reproducían la Conjunción Republicano-Socialista del resto de España. ERC en Barcelona obtuvo 25 concejales, frente a 12 de la Lliga Regionalista y otros 12 de la candidatura republicana-socialista).

Alrededor de la una y media de la tarde del 14 de abril, Lluís Companys, uno de los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en la Plaza de San Jaime para proclamar la República e izar la bandera republicana.[5]

Catalanes: Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. De acuerdo con el Presidente de la República española Señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos adoptados en el Pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresen cúal es en estos momentos su voluntad...

La proclamación de la “República Catalana” hecha por Macià en Barcelona fue el problema más inmediato que tuvo que afrontar el Gobierno Provisional de la Segunda República Española. Así el 17 de abril, sólo tres día después de haberse proclamado la República, tres ministros del Gobierno Provisional (los catalanes Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d’Olwer, más Fernando de los Ríos) se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià alcanzando un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente “aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes”, y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre Gobierno de la Generalidad de Cataluña recuperando así el nombre de la institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714.[6]

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932

El proyecto de estatuto para Cataluña, llamado Estatuto de Nuria fue refrendado el 3 de agosto de 1931 por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría y fue presentado a las Cortes Constituyentes por el presidente de la Generalitat Francesc Macià. Pero el Estatuto respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que se había aprobado en la Constitución de 1931 (ya que el "Estado integral" definido en la Constitución respondía a una concepción unitaria, no federal), aunque condicionó los debates parlamentarios sobre la organización territorial del Estado.[7]

Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuaron el proyecto de Estatuto de Cataluña a la Constitución y aun así encontró una enorme oposición en la cámara para su aprobación, especialmente entre la Minoría Agraria (donde estaba integrada Acción Nacional, núcleo aglutinante de la futura CEDA) y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV en la Minoría vasco-navarra, y que incluyó una amplia movilización callejera “antiseparatista”. Tras cuatro meses de debates interminables, sólo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 motivó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor (todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical) y 24 en contra. El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado (la versión final eliminaba todas las frases que implicaban soberanía para Cataluña; se rechazaba la fórmula federal; los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales, etc), "pero cuando el presidente del Consejo de ministros Manuel Azaña fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación”.[8]

A las pocas semanas de la aprobación de Estatuto, se celebraban elecciones al Parlamento de Cataluña, con nuevo triunfo arrollador de ERC, que conseguía 56 de los 85 escaños en juego. El Parlamento se constituía el 6 de diciembre, con Lluís Companys como primer Presidente de la cámara legislativa, y ERC formaba un gobierno monocolor. En enero de 1934 la autonomía catalana asumía facultades judiciales con la creación del Tribunal de Casación de Cataluña, así como nuevos poderes ejecutivos, incluyendo los de Orden Público al desaparecer de la estructura política la figura de los gobernadores civiles, que representaban al Estado español en Cataluña. Antes, el día de Navidad de 1933 moría el presidente Macià. El 1 de enero de 1934 era elegido Lluís Companys para sucederlo.

El conflicto con el gobierno del Partido Radical: la Ley de Contratos de Cultivos de 1934

Mientras, en noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales del periodo republicano, que fueron ganadas por la CEDA de José María Gil-Robles, con casi 120 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con poco más de cien escaños. Los socialistas perdieron la mitad de sus escaños y los republicanos de izquierda quedaron virtualmente barridos de la cámara. Las diferencias políticas entre el gobierno de izquierda de la Generalidad y los gobiernos de la derecha de España, inicialmente sin ministros extremistas de la CEDA, dificultaban las relaciones entre ambos poderes y el normal ejercicio de la autonomía.

En Cataluña, uno de los principales propósitos del presidente Companys, uno de los fundadores de la Unió de Rabassaires, era la de realizar una reforma agraria adaptada a las especificidades del campo catalán, en el que miles de pequeños agricultores dedicados al cultivo de la uva, no disponían de la propiedad de la tierra, sino que la cultivaban bajo contratos a largo plazo que dependían de la vida de las viñas ( rabassa morta). El programa de la Unió de Rabassaires propugnaba el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los pequeños agricultores, los rabassaires.[10]

La anulación de la Ley de Contratos de Cultivos creó una grave crisis política entre Madrid y Barcelona (incluyendo la retirada de los diputados de ERC de las Cortes Españolas) y una considerable exacerbación nacionalista, que favorecía las actividades paramilitares y la propaganda separatista de las Joventuts d'Estat Català, dirigidas por Josep Dencàs. Dencàs logró la consejería de Gobernación el 18 de septiembre represaliando además al movimiento anarcosindicalista de la ciudad, en tanto que a Miquel Badia, de ERC, se le encargan los servicios de Orden Público de Cataluña.[11]