Proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia

Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 después de ser sacado del proceso de Justicia y Paz.

El proceso de desmovilización de las AUC es un proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de los grupos narcoterroristas en Colombia.

El proceso se inició bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entonces bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptó un cese de hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno. A pesar de las desaparición y posterior asesinato de Castaño por miembros de las AUC, el proceso ha continuado con varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por Salvatore Mancuso. Varios medios, entre ellos la revista Semana han cuestionado diferentes aspectos de estas desmovilizaciones.

Las negociaciones se han realizado principalmente en la vereda Santa Fe de Ralito en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, conocidas también como las conversaciones de Ralito. En el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, por medio de los diálogos y los acuerdos de Ralito, se desmovilizaron cerca de 31.671 miembros de las AUC.

Ante el vacío jurídico, el gobierno impulsó una ley en el Congreso, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue aprobada en 2005, y ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartes de la ley. Human Rights Watch y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba la confesión plena de los delitos de los paramilitares, la Corte implantó la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley.

Críticas

El proceso de desmovilización ha sido criticado por personajes como el ex presidente Andrés Pastrana quien afirmó, entre otras cosas, que dicho proceso había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. El gobierno calificó las críticas de Pastrana como "un sartal de sandeces".[2]

Otra de las críticas tiene que ver con la reparación de las víctimas. En septiembre de 2007, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, criticó el que tras dos años de iniciado el proceso no se ha dado el primer caso de reparación a las miles de víctimas de las AUC, siendo que la reparación era una de las condiciones para que los desmovilizados de dicho grupo recibieran beneficios judiciales.[3]

Por otro lado se han presentado múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se asegura que varios de los desmovilizados siguen delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales. El gobierno anunció que extraditaría a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" a los Estados Unidos por encontrar pruebas de que seguía en negocios de narcotráfico desde su sitio de reclusión. No obstante dependiendo a la situación en la que se encuentren los desmovilizados se deben tomar medidas que aseguren su orden y cumplimiento de los acuerdos tratados

Críticas de la Federación Internacional de Derechos Humanos

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en informe emitido el 2 de octubre de 2007, al Estado "le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares" y que las versiones libres que deben entregar los paramilitares a los jueces del proceso "se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo". Agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido las condiciones adecuadas de seguridad ya que "16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", asegura además que el número de desplazados sigue en aumento "a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país". Agrega que debido a esta investigación hace un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de este país frente a la violación de Derechos Humanos y hace un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación cuanto antes para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el primero de noviembre de 2002.[4]

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