Proceso de Reorganización Nacional

Proceso de Reorganización Nacional
Jorge Rafael Videla.png
La primera junta militar, de izquierda a derecha: Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Agosti.
Contexto del acontecimiento
Fecha Miércoles, 24 de marzo de 1976[1]
Sitio Flag of Argentina.svg  Argentina
Impulsores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, entre otros.
Influencias ideológicas de los impulsores anticomunismo,[16]
Gobierno previo
Gobernante María Estela Martínez de Perón
Forma de gobierno Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante Junta Militar: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti de facto
Forma de gobierno Dictadura militar
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Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar,[nota 1] que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón ( peronista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín ( UCR).

Una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como «el Proceso». Es considerada «la dictadura más sangrienta de la historia argentina».[33]

El Proceso[nota 2] se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.

Reseña histórica

Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista- guevarista).

El argumento explícito de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el "desgobierno", la "corrupción" y el "flagelo subversivo":

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Las Fuerzas Armadas desarrollarán, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas. Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo, tras estas aspiraciones compartidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria.

Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional. En esta nueva etapa hay un puesto para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente, pero se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino.

La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia. No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.[34]

  • Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército;
  • Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral. de la Armada;
  • Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aérea.

La violencia política, que se venía incrementando significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. En ese sentido se pronuncia el profesor García cuando considera que la decisión de Montoneros de convertirse en un auténtico ejército regular clandestino en 1975 y su búsqueda de la confrontación directa con las Fuerzas Armadas a mediados de ese mismo año —con algunos éxitos iniciales[37] Rodolfo Walsh opinó:

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

( Rodolfo Walsh - Carta Abierta a la Junta Militar- Marzo de 1977)[38]

Una detallada explicación posible de las consecuencias económicas del golpe de Estado se encuentran en la nota "Una pesada herencia" de Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina.[39]

El desencadenamiento del golpe de estado y las acciones posteriores del gobierno provocaron en la sociedad reacciones dispares que incluso en algunos casos fueron variando con el correr del tiempo.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la « guerra sucia», coordinada con otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos[41]

El gobierno de facto secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominadas «los desaparecidos» —unas sospechosas de ser guerrilleros y otras simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas— en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.

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