Proceso de Burgos

El Proceso de Burgos, también conocido como el Juicio de Burgos o el Consejo de Guerra de Burgos, fue un juicio sumarísimo iniciado el 3 de diciembre de 1970 en la ciudad española de Burgos contra dieciséis miembros de la organización armada nacionalista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) acusados de los asesinatos de tres personas durante la dictadura del general Franco. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que las condenas a muerte impuestas a seis de los encausados no llegaran a ser ejecutadas, siendo conmutadas por penas de reclusión.

Documental británico de 1971 sobre la España de Franco. Incluye la disolución de una manifestación de estudiantes en Madrid por la Policía Armada a caballo con motivo del Proceso de Burgos y el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en la sesión de las Cortes franquistas celebrada en julio de 1969.

Contexto político

En diciembre de 1970, el general Francisco Franco contaba ya con 78 años, sufría párkinson desde hacía diez y su vitalidad iba en disminución. En 1967 había situado al almirante Luis Carrero Blanco en la vicepresidencia, y primer ministro de hecho, como forma de asegurarse que la dictadura llevara adelante una política de continuismo; y en julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue designado su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey, prestando juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Sin embargo, eso no hizo disminuir la preocupación de la élite franquista por garantizar su continuidad cuando Franco muriese. Esto quedaría meridianamente claro con ocasión de la remodelación del gobierno tras el caso Matesa en 1969 y con ocasión de las repercusiones que tuvo el Proceso de Burgos de 1970, que afectaron a los diferentes sectores de las fuerzas del régimen de manera distinta. Mientras que los falangistas de la línea dura, atrincherados en la burocracia estatal y sindical y la feroz represión policial, intentaban parar cualquier tipo de reforma, los sectores más pragmáticos apostaban por adaptar las formas políticas del régimen a las demandas de un capitalismo a gran escala, tanto nacional como multinacional. Sin diferencias sustanciales en lo ideológico, su esquema de un franquismo sin Franco se basaba en la esperanza de que continuara la prosperidad económica como sustituto de la liberalización política.

El escándalo financiero conocido como caso Matesa fue aprovechado por el ministro de información Manuel Fraga para hacer daño a los llamados tecnócratas, varios de los cuales estaban implicados, favoreciendo la publicidad del caso. El final de la crisis gubernamental se produjo el 29 de octubre de 1969 con un profundo reajuste ministerial, siendo sustituidos 13 de los 18 ministros. Franco destituyó tanto a los ministros corruptos como a los que dieron publicidad al tema. Sin embargo, los tecnócratas, ligados al Opus Dei, pudieron conservar su influencia en el nuevo gobierno, en el que las figuras dominantes eran Carrero Blanco y Laureano López Rodó (impulsor de los Planes de Desarrollo Económico y Social). El llamado «gobierno monocolor» iba a ser el que implementara una serie de reformas tecnocráticas en España que posibilitaran, con la firma diversos acuerdos internacionales, su apertura al exterior. Como paso previo a su posible integración en la OTAN y la CEE,[1] se firmaron los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial Preferencial con la CEE, y en septiembre de 1970 Franco recibió la visita de Richard Nixon y Henry Kissinger.

Mientras tanto, la tensión social, los conflictos laborales y la oposición política iban en aumento en escala e intensidad de forma continuada. El año 1969 comenzó con desórdenes estudiantiles en las Universidades de Barcelona y Madrid, y la muerte del estudiante Enrique Ruano cuando se hallaba detenido por la policía. Al finalizar el año, el Tribunal de Orden Público había condenado con 223 años de cárcel a 93 militantes de partidos políticos, todavía ilegales. La represión también alcanzó al Colegio de Abogados, sufriendo una deportación interna Gregorio Peces-Barba, Juan María Bandrés, Miguel Castells y Elías Ruiz-Ceberio, quienes luego ejercerían como abogados en el Proceso de Burgos. En 1970, se llevaron a cabo más de 1.500 huelgas, con más de 400.000 huelguistas en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla y Granada. En esta última ciudad tres trabajadores de la construcción perderían la vida al disolver la policía una manifestación. En septiembre de 1970, en la apertura del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en San Sebastián, un nacionalista vasco, Joseba Elósegui, prendió fuego a su ropa y se arrojó en llamas desde las gradas para protestar ante Franco, allí presente, gritando: «Gora Euskadi askatuta» ("Viva Euskadi libre").

Todo ello fue un caldo de cultivo de protestas que estalló con ocasión del consejo de guerra contra los dieciséis militates de ETA. Sin embargo, aunque la oposición política transformó el Proceso de Burgos en un juicio popular al propio régimen y la presión popular evitó que las condenas a muerte fueran ejecutadas, el franquismo estaba lejos de desmoronarse y supo reconducir la crisis de diciembre de 1970 hacia posiciones inmovilistas; lo que significaría una mayor contundencia represiva y una reafirmación de los principios fascistas del régimen, siendo los últimos años de la dictadura los más duros desde la posguerra. Todavía hicieron falta siete largos años para tener las elecciones generales de 1977, las primeras desde la Segunda República, ocho para tener la Constitución de 1978 que reformó el régimen franquista (paradójicamente desde su propia legalidad) hasta convertirlo en un sistema democrático, y nueve para los primeros estatutos de autonomía; durante la llamada Transición.

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