Primera Ley de Reforma Agraria de Cuba

La Primera Ley de Reforma Agraria se firmó el 17 de mayo de 1959 en La Plata, Sierra Maestra, Cuba dentro del proceso de la Revolución Cubana. Según los individuos que apoyaron a esta ley, su objetivo era eliminar la situación de explotación del campesinado que hasta esa fecha había estado condenado a vivir en el camino real bajo el acoso de la guardia rural.

El statu quo reinante antes de firmarse esta ley era la de un 80% de las mejores tierras cubanas se encontraban en manos de un grupo de compañías norteamericanas. Así, enormes territorios se convirtieron en granjas populares y se organizó la producción agrícola en productos como el arroz, cítrico, ganado, café, viandas, tabaco y otros productos.

La medida, anunciada por la Revolución, provocó el inmediato apoyo de muchos cubanos. La Ley de Reforma Agraria confiscó todas las propiedades de más de 400 hectáreas de extensión y entregó la tierra a numerosos campesinos.

Reemplazada por la Segunda Ley de Reforma Agraria de Cuba de 1961.

Generalidades

Ley del gobierno revolucionario cubano que liquidó el latifundio y la aparcería y cuyo objetivo fundamental era la redistribución de las tierras del país favoreciendo a los campesinos más pobres. La Ley perjudicó los intereses de los latifundistas nacionales y extranjeros y los alineó contra la Revolución Cubana.

Fue la más trascendental de las medidas adoptadas por la Revolución en su primera etapa, pues benefició a más de 100 000 familias campesinas y asestó un duro golpe al latifundismo y el dominio imperialista sobre Cuba. Anuló el derecho de las empresas e individuos extranjeros a poseer tierras en Cuba, salvo aquellos que fueran pequeños agricultores.

Fijó en 30 caballerías (402 hectáreas) el máximo de tierra que podía poseer una persona. Dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para aplicar las medidas adoptadas, el cual sería presidido por el Primer Ministro Fidel Castro. La Ley constaba de 15 por cuantos, 67 artículos, 7 disposiciones transitorias y una disposición final. La última confería a la Ley de Reforma Agraria rango constitucional al declararla parte de la Ley Fundamental de la República[1].

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