Primer bienio de la Segunda República Española

El primer bienio de la Segunda República Española constituye la primera etapa de la Segunda República Española, delimitada entre su proclamación el 14 de abril de 1931 y la celebración de las elecciones generales de noviembre de 1933, que dieron paso al segundo bienio.[1]

Sin embargo, hay historiadores[3]​ se profundizaron y radicalizaron las reformas iniciadas durante el periodo constituyente (abril-diciembre de 1931) con el propósito de modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas.

También hay historiadores que sitúan el inicio del primer bienio, en sentido restringido, en octubre de 1931 cuando Azaña pasa ocupar la presidencia del Gobierno Provisional tras la dimisión de Niceto Alcalá-Zamora, por estar en desacuerdo con la redacción final que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trata la cuestión religiosa.[5]

Periodo constituyente (abril-diciembre de 1931)

Miembros del gobierno provisional de la Segunda República; de izquierda a derecha: Álvaro Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Alejandro Lerroux.

El Gobierno Provisional de la Segunda República Española ostentó el poder político en España desde la caída de la Monarquía de Alfonso XIII hasta la formación del primer gobierno ordinario el 15 de diciembre, seis días después de la aprobación de la nueva Constitución de 1931. Hasta el 15 de octubre de 1931 el gobierno provisional estuvo presidido por Niceto Alcalá-Zamora, y tras la dimisión de este a causa de la redacción que se había dado al artículo 26 de la Constitución que trataba la cuestión religiosa, le sucedió Manuel Azaña al frente del gobierno.[6]

Al día siguiente de su formación, la Gaceta de Madrid publicó un decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional que fue la norma legal por la que se rigió el Gobierno Provisional hasta la aprobación de la nueva Constitución y en el que se autoproclamó como «Gobierno de plenos poderes». En dicho estatuto el reconocimiento de los derechos y libertades fue acompañado de la posibilidad de su suspensión por parte del gobierno, sin intervención judicial, «si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama».[8]

La «cuestión regional»

Acto de homenaje a Rafael Casanova en 1931 presidido por Francesc Macià, presidente de la Generalitat de Cataluña.

El problema más inmediato que tuvo que afrontar el Gobierno Provisional fue la proclamación de la «República Catalana» hecha por Francesc Macià en Barcelona el mismo día 14 de abril. Tres días después, tres ministros del Gobierno Provisional se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià, alcanzando un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la «República Catalana» a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía «aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes». Por otro lado se reconocía al gobierno catalán pero este dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, recuperando así «el nombre de gloriosa tradición» de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714.[9]

El proyecto de estatuto para Cataluña, llamado Estatuto de Nuria, fue refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría,[12]

En el caso del País Vasconavarro, el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía se inició casi al mismo tiempo que el de Cataluña. Una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos por la ley de 1839, junto con la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1841.[14]

La «cuestión religiosa»

Las primeras decisiones del Gobierno Provisional sobre la secularización del Estado fueron muy moderadas. En el artículo 3º del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional se proclamó la libertad de cultos y en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa.[18]

Ciudades en las que se produjo la quema de conventos durante 1931.

Diez días después se produjeron los sucesos conocidos como la quema de conventos, cuyo detonante fueron los incidentes producidos el domingo 10 de mayo con motivo de la inauguración en Madrid del Círculo Monárquico Independiente,[21]

La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos. Por la tarde, por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular —los sucesos más graves se produjeron en Málaga—.[23]

La respuesta del Gobierno Provisional a la «quema de conventos» se limitó a suspender la publicación de dos diarios, el católico El Debate y el monárquico ABC,[26]

El cardenal Pedro Segura.

La Iglesia católica criticó todas estas medias laicistas, pero de nuevo la reacción más radical partió del cardenal Segura que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía «la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas».[28]

Dos meses después se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el cardenal Segura volvía a ser protagonista. El 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad y en el que se aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado.[30]

La «cuestión militar»

Manuel Azaña en 1932.

El ministro de la Guerra Manuel Azaña se propuso alcanzar dos objetivos con su reforma militar: reducir el excesivo número de oficiales, paso previo para modernizar el ejército, y acabar con el poder «autónomo» de los militares, poniéndolos bajo la autoridad del poder civil.[34]

En cuanto al segundo objetivo, «civilizar» la vida política poniendo fin al intervencionismo militar, uno de sus hitos fundamentales fue la derogación de la Ley de Jurisdicciones de 1906 casi inmediatamente después de formarse el Gobierno Provisional.[43]

Aunque ello parezca extraño, no llegó a modificarse el Código de justicia Militar y en todos los choques que se produjeron entre el pueblo y la Guardia Civil, siguieron interviniendo los Consejos de guerra

La reforma militar de Azaña fue duramente combatida por un sector de la oficialidad, por los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares La Correspondencia Militar y Ejército y Armada. A Manuel Azaña se le acusó de que querer «triturar» al Ejército.[46]

La «cuestión agraria»

Unos de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el Gobierno Provisional en la primavera de 1931, fue la grave situación que estaban padeciendo los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, donde el invierno anterior se habían superado los 100 000 parados, y los abusos en la contratación y los bajos salarios los mantenían en la miseria.[49]

La aplicación de los decretos se encontró con la oposición de los propietarios, que se apoyaron en los ayuntamientos, en su mayoría monárquicos, y en el recurso a la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra ( FNTT) de UGT y a las Casas del Pueblo socialistas, que funcionaban a modo de cuarteles generales de los obreros sindicados de las distintas localidades. Así «en los pueblos y aldeas, inevitablemente, las primeras semanas de la República provocaron un cierto ambiente de guerra de clases».[50]

La crisis del gobierno provisional y el ascenso de Manuel Azaña

Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente del Gobierno Provisional de la Segunda República Española que dimitió en octubre de 1931 por estar en desacuerdo con el tratamiento dado a la cuestión religiosa en la Constitución de 1931 y que el 10 de diciembre fue elegido por las Cortes primer Presidente de la Segunda República.

En octubre de 1931 las Cortes debatieron el asunto más polémico de la futura Constitución: la « cuestión religiosa». La intervención del día 13 de Manuel Azaña, ministro de la Guerra del Gobierno Provisional y líder del pequeño partido Acción Republicana, fue decisiva para que las fuerzas políticas de la coalición republicano-socialista que había ganado las elecciones constituyentes de junio alcanzaran un acuerdo relativamente más moderado sobre la cuestión religiosa que el propuesto inicialmente por la ponencia.[51]

Sin embargo, la redacción final del artículo 26 de la Constitución no contó con el apoyo de los miembros declaradamente católicos del gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, fundamentalmente porque se mantuvo la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas.[55]

El gobierno provisional se reunió ese mismo día 14 por la tarde para resolver la grave crisis provocada por la dimisión de su presidente. Los socialistas no estaban dispuestos a asumir la presidencia, por lo que no quedaba más opción que escoger entre Alejandro Lerroux, veterano líder del Partido Republicano Radical, el grupo republicano que contaba con más diputados, o Manuel Azaña, líder de Acción Republicana, un grupo con menor representación parlamentaria. Pero fue el propio Lerroux el que adelantándose a todos propuso como presidente a Azaña, lo que fue aprobado inmediatamente y por aclamación por el resto de miembros del gabinete.[57]

Según Lerroux, su decisión de proponer a Azaña como sustituto de Alcalá-Zamora en lugar de postularse él mismo para el cargo de presidente, obedeció al hecho de que su gobierno no habría contado con el apoyo ni del Partido Republicano Radical-Socialista ni del PSOE por lo que difícilmente habría conseguido una mayoría estable en las Cortes. Como había dicho poco antes de la crisis, «el Parlamento, en su mayoría, se dedicaría a procurar nuestro fracaso, y, principalmente, el mío». Sin embargo, el historiador británico Nigel Townson considera esta interpretación «harto discutible» ya que Azaña, según dejó constancia en sus diarios, estimaba prematuro asumir la presidencia y por tanto, le habría apoyado, y el rechazo de los radical-socialistas y de los socialistas a un gobierno radical no era tan evidente.[58]

En realidad la verdadera razón de que Lerroux hubiera propuesto a Azaña era que pensaba que era una solución interina[61]

El apoyo a Azaña por parte de todas las fuerzas políticas se debió a que durante los últimos meses se había convertido en la figura más destacada del Gobierno Provisional. Contaba su destacada y difícil labor al frente del Ministerio de la Guerra poniendo en marcha una reforma militar de gran calado y sobre todo su liderazgo demostrado en sus intervenciones parlamentarias, especialmente la del día anterior sobre la cuestión religiosa.[63]

Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de que el elegido fuera Azaña dada su escasa experiencia política, al menos si se compara con la de Alejandro Lerroux. Según el historiador británico Nigel Townson, además del liderazgo demostrado por Azaña, en su designación también contaron lo que él llama «razones estratégicas». «Para los socialistas y radical-socialistas era la elección ideal: compartía muchas de sus ideas, alejaba de la presidencia a Lerroux y sería capaz de mantener la unidad de la coalición republicana-socialista al menos hasta la Constitución. Ello se debía a que Acción Republicana, el único partido que gozaba de buenas relaciones con los radical-socialistas y los socialistas por una parte, y con los radicales por otra, actuaba como bisagra en el gabinete. Azaña tenía la ventaja adicional para los socialistas de encabezar un pequeño partido que no amenazaba su posición en el seno de la mayoría gobernante».[56]

El primer gobierno de Azaña (octubre-diciembre de 1931)

La salida del gobierno de los dos ministros católicos —a Miguel Maura le sustituyó al frente del Ministerio de la Gobernación el republicano de la ORGA Santiago Casares Quiroga, que hasta entonces había ocupado el Ministerio de Marina, cargo que pasó a José Giral, de Acción Republicana[65]

Las relaciones entre los radicales y el partido de Azaña también se deterioraron debido a que los «azañistas» durante el debate constitucional en muchas ocasiones votaron junto con los radical-socialistas y los socialistas y no apoyaron las propuestas del partido de Lerroux. Sucedió, por ejemplo, durante la discusión sobre la bicameralidad o la unicameralidad de las Cortes, en la que los radicales defendieron un parlamento bicameral, compuesto por el Congreso y el Senado, mientras que los «azañistas» junto con los socialistas proponían uno unicameral, que fue la alternativa que finalmente se adoptó. Más grave fue el enfrentamiento suscitado durante el debate sobre el procedimiento de elección del presidente de la República, en el que de nuevo Acción Republicana votó junto con radical-socialistas y socialistas en contra de la propuesta de los radicales, lo que los puso «furiosos», según anotó Azaña en su diario, añadiendo a continuación: «dicen que Acción Republicana es una querida que les ha salido infiel».[66]

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