Pragmática Sanción de 1789

Las Cortes, reunidas en San Jerónimo en Real, Madrid, en 1789, juran su reconocimiento al príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Cuadro de Luis Paret y Alcázar, 1791. Estas Cortes fueron las que aprobaron la Pragmática Sanción de 1789

La Pragmática Sanción de 1789 fue una Pragmática Sanción acordada por el rey Carlos IV de España y aprobada el 30 de septiembre de 1789 por las Cortes, que por razones de política exterior Carlos IV no hizo pública y hubo que esperar más de cuarenta años para que Fernando VII, su hijo y sucesor, la promulgara por medio de la Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1830. Esta Ley anulaba el Auto Acordado del 10 de mayo de 1713 de Felipe V que, excepto en casos muy extremos, imposibilitaba a las mujeres acceder al Trono, por lo que comúnmente es denominada « Ley Sálica» aunque, técnicamente, no lo fuera.[nota 1] Por tanto, la Pragmática restablecía el sistema de sucesión tradicional de las Siete Partidas, en concreto la Partida Segunda, según la cual las mujeres podían reinar si no tenían hermanos varones ya que tenían preferencia sobre los varones de parentesco más lejano.

La aprobación de la Pragmática por las Cortes de 1789

Seis meses después de haber accedido al trono por la muerte de su padre Carlos III, el nuevo rey Carlos IV convocó el 5 de mayo de 1789 las preceptivas Cortes para que juraran como heredero al trono y príncipe de Asturias a su hijo Fernando, que contaba con cinco años de edad. Desde principios del siglo XVI, tras la derrota de las Comunidades de Castilla, a las Cortes de Castilla no acudían ni el estamento nobiliario ni el estamento del clero, y sólo estaban representadas las 20 ciudades y villas castellanas con derecho al voto, a las que, desde los decretos de Nueva Planta de Felipe V de 1707 y 1714, se habían incorporado 17 ciudades y villas de la Corona de Aragón. Las Cortes fueron inauguradas por el rey Carlos IV el 19 de septiembre, en un ambiente de gran inquietud por los acontecimientos que se habían producido en Francia desde que se hizo pública la convocatoria: el triunfo el 14 de julio de 1789 de la Revolución Francesa que puso fin al Antiguo Régimen y a la Monarquía Absoluta de Luis XVI, de la dinastía borbón como Carlos IV. La presidencia de las Cortes la ocupaba Pedro Rodríguez de Campomanes, que acababa de ser nombrado Gobernador del Consejo de Castilla.[1]

Retrato de Carlos IV por Francisco de Goya, 1789

El asunto principal que trataron las Cortes tras la jura del Príncipe de Asturias, pese a no haber sido convocadas con poderes a tal efecto, fue la cuestión de la sucesión de la Corona, pues Carlos IV quería contar con ellas para derogar el Auto Acordado de 10 de mayo de 1713 de Felipe V y de las Cortes de Castilla convocadas en principio por el nuevo rey para que sancionaran su renuncia al trono de Francia, una de las condiciones impuestas por los aliados para poner fin a la Guerra de Sucesión española. Según el Auto Acordado, se sustituía la norma de sucesión tradicional castellana establecida en las Partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, por una nueva ley "casi sálica, que excluía prácticamente a las mujeres de la sucesión y por la que se preferían todos los varones de las líneas de una familia a las hembras de mejor línea y grado".[1]

Según el historiador Enrique Giménez López, catedrático de Historia moderna de la Universidad de Alicante, las razones que llevaron a Carlos IV a plantear la cuestión sucesoria fueron tres:[1]

En primer lugar, la preocupación por la supervivencia de sus descendientes masculinos, una línea todavía insegura. De los seis hijos varones de Carlos IV, cuatro habían muerto en sus primeros años de vida, y sólo sobrevivían Fernando, con sólo cinco años de edad [era el noveno de los 14 descendientes], y Carlos, de año y medio. Otras cuatro hijas eran ya adolescentes y habían superado el momento crítico de la niñez.
En segundo lugar, por razones de política exterior, ya que existía la posibilidad, en el caso de extinguirse la línea de sucesión masculina, de que la infanta Carlota Joaquina, casada con el heredero al trono portugués, uniera ambas coronas.
Por último, por razones jurídicas, ya que el auto acordado de 1713 obligaba a que el heredero fuera nacido y criado en España, condición que no reunía Carlos IV, que había nacido y se había criado en Nápoles, pues si bien había sido jurado como heredero en las Cortes de 1760 sin dificultad alguna, el rey estaba interesado en revocar una ley que podía poner en cuestión, aunque remotamente, la legalidad de su ascenso al trono.

Las Cortes aprobaron por unanimidad el retorno al orden sucesorio de Las Partidas, pero faltó el último trámite para que la Pragmática tuviera plena validez jurídica: su sanción, promulgación y publicación. Esto se debió a razones de política exterior, según explicó el secretario de Estado y virtual primer ministro, el conde de Floridablanca:[1]

No pareció conveniente indisponerse con ambas Cortes Francia y Nápoles, donde reinaban sendas ramas de los Borbones] ni acelerar la publicación de un acto que ya está completo en la substancia, aunque reservado

Pudo existir otra razón por la que la pragmática de 1789 no se sancionara inmediatamente: la precipitada disolución de las Cortes el 17 de octubre a causa del pánico que causó en la corte española la noticia del asalto del palacio de Versalles por los parisinos diez días antes y el traslado forzoso de la familia real a París. Floridablanca tenía miedo de que las Cortes españolas hicieran lo mismo que los Estados Generales franceses y se autoproclamaran Asamblea Nacional -"lo cierto es que en la sesión del 13 de octubre algunos procuradores habían manifestado a Campomanes [presidente de las Cortes] el deseo de dirigir peticiones, en nombre del Reino al monarca"-.[2]

Hubo que esperar 41 años para que entrara en vigor, hasta el 29 de marzo de 1830 en que el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, la sancionó, promulgó y mandó publicar.[1]

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