Política de vivienda en España

Aunque las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en la VIII legislatura se ha creado el Ministerio de la vivienda. Este ministerio ha centrado sus actuaciones en intentar que el parque de viviendas desocupadas salgan en alquiler sin usar medidas fiscales. Para ello ha creado la Sociedad estatal de alquiler, que trata de intermediar entre propietarios e inquilinos. El resto de actuaciones en vivienda son de cada comunidad autónoma y se centran normalmente en sortear viviendas protegidas.

También desde el ministerio se han impulsado actuaciones contra la corrupción urbanística como la nueva ley del suelo, (la cual, en contra de la idea popular sobre ella, no busca solucionar el problema del acceso a la vivienda sino el de la corrupción urbanística). Para ello, protege al pequeño propietario de terrenos a costa de dificultar la construcción. Por este motivo sus detractores consideran que ralentizara la construcción de viviendas con la correspondiente subida de precio.

El 23 de julio de 2008 el ministerio de vivienda anunció que durante los próximos cuatro años adquirirá suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La oferta será llevada a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

Complejidad administrativa

El ministro de Fomento de España, José Blanco López, ha anunciado el 30 de noviembre de 2010 nuevas medidas para mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda a los ciudadanos defendiendo firmemente la rehabilitación como motor de la recuperación del sector.[1] Tres ejes serán las prioridades del Ministerio: el económico, el social y la sostenibilidad urbana. José Blanco ha asegurado que los primeros retos a los que se debe hacer frente son “reactivar el empleo en el sector de la construcción y afrontar la digestión de viviendas y suelo que aún quedan en stock en el mercado inmobiliario”. Para el impulso de la rehabilitación Blanco ha anunciado que se facilitará la financiación con tipos de interés atractivos y se impulsarán medidas para agilizar los trámites administrativos.

Los directivos de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), critican la maraña administrativa que envuelve a su actividad ya que desde el año 2001, se han aprobado 91 normas generales sobre la vivienda: 56 autonómicas y 35 del ministerio.[2]

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