Política de Cuba

El sistema político de Cuba ha sido, desde el triunfo de la Revolución cubana (enero de 1959), el de una democracia popular, con una socialización (estatización y en ocasiones, cooperativización) de los medios de producción. Durante casi cincuenta años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro (1959) y luego como presidente del Consejo de Estado, y del Consejo de Ministros (1976), el máximo órgano ejecutivo, actualmente presidido por su hermano Raúl Castro.

La actual Constitución de Cuba, reformada en 2002,[1] establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. La Constitución dice en su artículo 5 que:

El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

Comenzando en el año 1959, las tierras fueron sometidas a dos radicales reformas agrarias en las que se limitó la tenencia de tierras a tres caballerías por una sola persona que, según la constitución del 1976, previa autorización estatal, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o venderlas o permutarlas al Estado, o a cooperativas y agricultores pequeños[2] y la autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica provocada por el fin del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el Gobierno ha promovido una apertura a la inversión de capital extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudieran hacer los cubanos. Las inversiones del exterior son permitidas siempre que el capital extranjero no sea más del 49 % del capital invertido en una industria.

Las fuerzas opositoras al Gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación de un sistema de partido único —según el artículo 5 de la Constitución de 1976, el Partido Comunista de Cuba es definido la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado»—. Ellos también señalan la imposibilidad de promover organizaciones opositoras,[ cita requerida] en referencia al artículo 62 de la Constitución vigente que establece:

Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

El Gobierno cubano ha sido acusado de violar los derechos humanos en calidad de pena de muerte, represión a los ciudadanos y presos políticos.[ cita requerida]

Poderes del Estado

Asamblea Nacional del Poder Popular

El parlamento unicameral cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, es el órgano supremo del poder del Estado. Tiene las potestades constituyente y legislativa, así como la atribución de elegir a los miembros de los órganos ejecutivos, judiciales y complementarios de instancia superior.

Los diputados cubanos de la Asamblea Nacional no son propuestos por ningún partido, ni siquiera por el Partido Comunista de Cuba, sino por los delegados de las Asambleas Municipales elegidos por el propio pueblo, aunque su amplia mayoría milita en él. Los gastos de las elecciones son sufragados por el Estado, e incluso queda prohibido por la ley que los candidatos hagan campaña a su favor. De este modo, para dar a conocer a los candidatos se utilizan otros métodos, como la colocación de biografías y fotos de los candidatos en lugares públicos de la Circunscripción Electoral, y los candidatos, todos juntos, se reúnen con los electores en locales públicos, en centros de trabajo, estudiantiles, cooperativas agrícolas, etc.

El diputado cubano no rinde cuenta de su actuación al partido, sino, única y exclusivamente, como establece la ley, a sus electores y a la Asamblea del Poder Popular del municipio por donde resultó elegido.

La Asamblea Nacional se reúne en dos períodos de tres o cuatro días por sesión ordinaria al año, y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado. En ella los diputados se reúnen en sus respectivas Comisioness para tratar y discutir todos los asuntos que son de su competencia. En estas reuniones es frecuente y normal que participen Ministros y máximos dirigentes de organismos estatales para informar de su trabajo y conocer de las preguntas y criterios de los diputados.

Como parte de ese mismo proceso, una buena parte del tiempo los diputados se reúnen en sesión plenaria para que Ministros del Gobierno informen de su gestión. En este contexto se produce un amplio debate, se hacen preguntas de todo tipo, se formulan críticas y sugerencias sobre las que los Ministros deberán responder de inmediato o en plazo breve.

Al finalizar este proceso la Asamblea pasa a debatir, en sesión plenaria, el Orden del Día, que previamente deberán aprobar los diputados, el cual contempla en primer lugar, los asuntos que la propia Constitución obliga:

  • Presupuesto de la Nación.
  • Política económica y su comportamiento.
  • Proyectos de leyes.
  • Evaluación de programas y actividades de los Organismos de la Administración Central del Estado.
  • Analizar y aprobar los Acuerdos del Consejo de Estado.
  • Designación de miembros del Consejo de Ministros.
  • Elección de jueces y fiscales.

También el Orden del Día contempla temas de actualidad que previamente fueron sugeridos por las Comisiones Permanentes. A su vez, cada diputado puede formular propuestas de temas al momento mismo en que se pone a consideración el Orden del Día para su aprobación.

Entre cada sesión de la Asamblea Nacional se mantienen funcionando las Comisiones Permanentes de Trabajo (que son nombradas por la propia Asamblea Nacional), las que cuentan con un plan temático para todo el año, que previamente han aprobado sus integrantes; y, que contiene también asuntos que han sido indicados por el presidente de la Asamblea Nacional. Igualmente se sostienen activos los Grupos Parlamentarios de Amistad que mantienen vínculos con parlamentos de todas las regiones del mundo.

Para hacer un uso racional del tiempo de cada diputado, teniendo en cuenta que éstos no son profesionales de la actividad parlamentaria; y, que por tanto, se mantienen laborando en sus respectivos centros de trabajo, cada diputado realiza fundamentalmente las tareas encomendadas por la Comisión Permanente en el ámbito de la provincia donde reside.

Al menos dos veces al año, el diputado ha de reunirse con sus electores para conocer de sus opiniones, demandas y críticas sobre situaciones de la comunidad o del funcionamiento de empresas y organismos estatales. Estos encuentros se desarrollan en un proceso que dura de dos a tres meses.

Además, el diputado debe participar en las sesiones ordinarias de la Asamblea del Poder Popular del municipio en el cual fue electo, al menos cuatro veces al año. En cumplimiento de lo que la ley determina el diputado rinde cuenta ante la Asamblea Municipal una vez durante el mandato y, adicionalmente, en todas las ocasiones que se le solicite. Él participa de manera sistemática en reuniones de trabajadores, campesinos y estudiantes; visita fábricas, escuelas, cooperativas agrícolas; se reúne con dirigentes de empresas y organismos estatales y con muchos otros representantes de las instituciones locales y nacionales y de la sociedad civil. A su vez los diputados se reúnen sistemáticamente para evaluar y discutir en el seno de sus Comisiones y en ocasiones entre todos los que residen en una misma provincia para dar sus criterios y analizar los proyectos de leyes que serán presentados a las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Las leyes de mayor trascendencia, aquellas que pueden afectar o les incumbe a la población en su conjunto o a los trabajadores y a su familia, se consultan y discuten con ellos en fábricas, cooperativas campesinas y escuelas así como en los barrios, entidades e instituciones de todo el país antes de ser analizadas, debatidas y aprobadas en el Parlamento.

El artículo 76 de la Constitución establece que todas las Leyes y acuerdos que adopte la Asamblea Nacional se tienen que tomar por mayoría de votos, con excepción de los que se refieran a las reformas de la propia Constitución que requerirán de las dos terceras partes de los que integran el Parlamento. Las leyes que la Asamblea Nacional aprueba no pueden ser vetadas por el Gobierno, o el presidente, ni pueden disolverla.[3]

Consejo de Estado

El Consejo de Estado es el órgano superior que representa al parlamento entre cada uno de sus periodos plenarios de sesiones. Tiene la condición de jefatura colegiada del Estado y está compuesto por su presidente (jefe de Estado y de Gobierno), un primer vicepresidente (que lo es también del Gobierno), cinco vicepresidentes, un secretario y veintitrés miembros. Este órgano tiene potestad legislativa plena, a través de decretos-leyes que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Consejo de Ministros

El Gobierno cubano, colegiado en el Consejo de Ministros es quien ostenta las funciones ejecutivas. Sus miembros son elegidos por el parlamento o por el Consejo de Estado, por tiempo indefinido e individualmente (aunque en determinadas fechas se han efectuado renovaciones mayoritarias, la última el 2 de marzo de 2009). Está integrado por el presidente y el primer vicepresidente del Consejo de Estado, por un número indeterminado de vicepresidentes (actualmente 6), que pueden ser o no ministros, su Secretario, el resto de los ministros y los presidentes de otras entidades con rango de ministerio. El Gobierno cubano sesiona en pleno o selectivamente con carácter semanal.

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