Antecedentes
La Constitución de 1857, jurada el 5 de febrero de 1857, tenía una ideología marcadamente liberal por lo que ciertos artículos fueron considerados contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, institución que hasta ese momento contaba con gran influencia en la opinión pública y era su principal institución financiera.
Por ello, de manera arbitraria, a toda persona que por propia convicción o por necesidad juraba dicha Constitución, quedaba inmediatamente excomulgada por la Iglesia incluyendo a aquéllos que de una u otra manera eran beneficiados por la enajenación de bienes eclesiásticos mandada por dicha Carta Magna. Esto origina una pugna adicional entre Iglesia y el Estado dividiendo a la población en dos facciones: quienes apoyaban al Estado —principalmente liberales puros y moderados, y quienes estaban a favor de los privilegios de la Jerarquía de la Iglesia Católica, llamados conservadores, herederos ideológicos del llamado legado de los insurgentes criollos que tan solo 36 años antes habían consumado la independencia bajo la fórmula política del Imperio. Por tal, si bien los liberales representaban las ideas en boga, el estatus todavía de héroes de algunos de los antiguos líderes conservadores pesaba y dab cierta legitimidad entre los criollos acaudalados.
Las leyes contenidas en la Constitución de 1857 aspiraban a ser modernas. Y desde luego, fueron parte de un proyecto nacional con un horizonte discursivo socialmente más inclusivo, y con pretensiones propias de la Modernidad Cultural y Política; ideas inspiradas (a veces extrapoladas incluso) en la Ilustración Europea—primordialmente Francesa y Británica—y en la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, un parte del pueblo, fiel a su Iglesia Católica y a la vez adoctrinado por ella, las veían como un código sacrílego, merecedor de toda reprobación.
El 15 de noviembre de 1857 el presidente Comonfort convocó en el Palacio Arzobispal de Tacubaya al escritor y diplomático Manuel Payno, al gobernador del Distrito Federal Juan José Baz y al general Félix María Zuloaga con la intención de consultarles acerca de la viabilidad de seguir gobernando con una constitución que era impugnada por la mayor parte de la población. Esta reunión marcó el inicio de una conspiración cuyo fin era derogar la Constitución de 1857.
El 14 de diciembre de 1857 el Congreso de la República llamó a comparecer a Manuel Payno, a Juan José Baz y al Ministro de Gobernación Benito Juárez García ante las sospechas levantadas por el diputado
Eligio Sierra acerca de una conspiración entre el Ejecutivo contra la constitución liberal. En tal sesión, Benito Juárez afirmó que el ejecutivo estaba en toda la disposición de cumplir los acuerdos con el Congreso, a mantener el orden y progreso públicos y aseguraba que de ninguna manera se estaba gestando un golpe de estado.
