Plan Ibarretxe

La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco, también llamada Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, Nuevo Estatuto Político de Euskadi o, popularmente, Plan Ibarretxe, fue anunciada por el lehendakari (presidente del gobierno del País Vasco) Juan José Ibarretxe en el pleno de política general del Parlamento Vasco en septiembre de 2001, presentado el 25 de octubre de 2003. El pleno del Parlamento vasco lo aprobó el jueves 30 de diciembre de 2004 y decidió su envío al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, con 39 votos a favor y 35 en contra.[1] Dicho estatuto supone una reforma del vigente desde 1979 siguiendo los cauces marcados por el artículo 46 del citado texto.

En enero de 2005, el presidente del Parlamento Vasco entregó la propuesta de Estatuto al presidente del Congreso, para su debate y votación, siendo rechazado el 1 de febrero por 313 votos en contra ( PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor ( PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones ( ICV).[2]

Características

El Plan proponía un nuevo estatuto de autonomía, basándose en tres pilares:

Además, la propuesta plantea una serie de reformas:

  • Libertad de relaciones con Navarra y el País Vasco francés, basada en el respeto a las decisiones que tomen cada una de las regiones.
  • Un poder judicial autónomo.
  • Que España garantice una representación directa en Europa, tal y como ocurre en los Países Bajos, Bélgica o los distinos Estados de Alemania.
  • Garantías de que el nuevo estatuto no pueda ser restringido o anulado unilateralmente. Para ello, se adaptaría el Tribunal Constitucional, se crearía una comisión bilateral para solucionar conflictos, y los tratados y acuerdos internacionales que afecten a las competencias del País Vasco deberán ser aprobados por sus instituciones para que le afecte.
  • Reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad vasca a todos los habitantes de la Comunidad, permitiéndoles el disfrute o acreditación de la doble nacionalidad vasca y española. El ostentar una u otra nacionalidad no supondría merma o incremento de derechos y obligaciones, por cuanto que estas cuestiones estarían aparejadas a la ciudadanía y no a la nacionalidad.
  • Selecciones deportivas nacionales vascas oficiales.
  • Competencias exclusivas en administraciones públicas, educación, cultura, deporte, política lingüística, asuntos sociales, sanidad, economía, hacienda, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, transportes, seguridad pública, trabajo y seguridad social.

Quedarían fuera: la defensa; legislación civil, mercantil y penal (sin perjuicio del derecho foral, sustantivo y del los contratos de administraciones públicas); marina mercante; nacionalidad española (inmigración extranjería, derecho a asilo,...); producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; control del espacio aéreo y política exterior.

El plan se tramitó como una reforma del estatuto de autonomía vasco, en varias etapas:

  1. Presentación extraparlamentaria de la propuesta del lehendakari.
  2. Debate extraparlamentario.
  3. Presentación y debate en el Parlamento Vasco.
  4. Aprobación por el Parlamento Vasco.
  5. Remisión a las Cortes Generales y negociación con el Estado.
  6. Ratificación en referendo por la sociedad vasca.
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