Petromocho

El Petromocho[1] fue el nombre atribuido a un escándalo político ocurrido en el Principado de Asturias en 1993.

Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze (cuya documentación estaba supuestamente verificada por un notario suizo, Roland Rochat), comenzó a negociar con el Gobierno del Principado de Asturias del socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil en octubre de 1992, asegurando haber sido enviado de parte del Banco Internacional Saudí. Su propuesta era la de realizar una inversión de hasta 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. La negociación llegó a durar hasta siete meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. Se dio a conocer que con anterioridad a sus maniobras en Asturias había intentado una operación similar con el Gobierno de Andalucía, sin éxito.

El proyecto fue anunciado en mayo de 1993, siendo presentado como una de las mayores inversiones industriales jamás realizadas en España. La construcción comenzaría en 1994 y se completaría en 1998. La refinería, con una capacidad de producción de 180.000 barriles al día, crearía hasta 4.000 puestos de trabajo.

Apenas una semana después (y a tan sólo dos de las elecciones generales en España) el diario gijonés El Comercio, tras una investigación realizada por tres de sus redactores, destapó el fraude. El Banco Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento del proyecto anunciado, y saltó el escándalo: la ingenuidad del gobierno asturiano parecía haber llegado al punto de dejarse engañar por un simple intermediario durante meses.

El Gobierno asturiano, con el presidente Rodríguez-Vigil y el consejero de Industria Víctor Zapico a la cabeza, se mostró públicamente confundido por los hechos y reconoció que no sabía en absoluto el objetivo del montaje, aunque aseguró que Lauzet no percibió ninguna cantidad económica durante las negociaciones.

Además, el portavoz del Gobierno, llegó a sugerir en público la posibilidad de que todo fuera un plan para desacreditar al PSOE.

En cualquier caso, Rodríguez-Vigil se vio obligado a dimitir en los días siguientes, citando razones de «dignidad política». La presidencia fue asumida por Antonio Trevín Lombán. Mientras, Lauze mantuvo su declaración de inocencia.

Un año después Jean-Maurice Lauze, un antiguo miembro[3] en este caso a un año de prisión y multa de 250.000 pesetas por falsedad documental continuada. La sentencia estableció un móvil económico, pero sobre el asunto sobrevoló la sospecha de que este no se había aclarado completamente, en especial en lo referente a posibles comisiones o adelantos durante la negociación.

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