Parlamento de París

El Parlamento de París es una institución francesa del Antiguo Régimen. Formó parte de los "tribunales soberanos", que pasan a recibir el nombre de "tribunales superiores" a partir de 1661, en que se inicia el reinado personal de Luis XIV.

Tiene sus orígenes en la Curia regis medieval, y aparece como tal a mediados del Siglo XIII. Fue adquiriendo autonomía de modo progresivo para juzgar los contenciosos como órgano especializado con sesiones regulares, la curia in parlamento, que San Luis, rey de Francia establece en la isla de la Cité, al lado del palacio real, y que tuvo su primera reglamentación general con una ordenanza de Felipe III en 1278.

A partir del Siglo XV, se crearon en diversas provincias otros parlamentos. Sin embargo, el de París siguió siendo el tribunal de mayor importancia en el reino. Era conocido simplemente como "el Parlamento".

Papel que desempeñó

Atribuciones judiciales

El parlamento goza de la delegación de justicia, lo que le permite dictar sentencias en nombre del rey. Al representar al rey al más alto nivel en cuanto a sus prerrogativas judiciales, su jurisdicción se extiende a la totalidad del reino. En 1278, además, se crea en el seno del Parlamento de París una sección que se encarga de los asuntos que llegan "de la tierra gobernada por derecho escrito", es decir, el sur de Francia.

El parlamento es un tribunal soberano, por lo que sus decisiones son inapelables. Sin embargo, el rey puede presidir este tribunal, modificar sus sentencias, interrumpir un procedimiento o llevar un caso ante su Consejo. A solicitud de un litigante, presentada por uno de los procuradores, puede anular (casser, romper) el dictamen por ser erróneo y enviar el caso ante el tribunal para que éste vuelva a dirimir (procedimiento precursor de la casación, del verbo casser).

El parlamento juzga en primera instancia las causas relativas a los vasallos del rey. A partir de 1278, sin embargo, la mayoría de estas causas se llevan a otras instancias, como los bailliages y las sénéchaussées, y únicamente los grandes señores feudales o aquellos que gozan de un fuero personal otorgado por el rey son juzgados ante el parlamento.

El parlamento resuelve las apelaciones de las jurisdicciones reales de menor rango (bailliages, prévôtés) y de los órganos judiciales señoriales de su competencia (cerac de la mitad del reino).

Atribuciones no judiciales

El parlamento conserva atribuciones propiamente administrativas: como la inspección de los administradores locales o la participación en la elaboración de distintas ordenanzas. El propio rey utiliza con frecuencia el parlamento como órgano consultivo, en especial en momentos de crisis y lo invita que participe en las reformas judiciales o administrativas que propone.

Para completar ambigüedades de las leyes o para fijar reglas de procedimiento aplicables, el parlamento también elabora reglamentos.

Por último, registra las ordenanzas y edictos reales, lo que permite que puedan alegarse en decisiones del Tribunal (esta formalidad equivale en cierto modo a su publicación en el Boletín Oficial). Si el parlamento opinaba que una ley era contraria a los intereses del Estado, tenía un derecho de objeción (remontrance), que le permitía negarse a registrarla y presentar observaciones al rey. Había tres grados: la "remontrance" propiamente dicha, la "representación" y el más sencillo, la carta. Para imponer su voluntad al Parlamento, el rey podía en un primer momento emitir una carta conminatoria ordenando de modo expreso al parlamento el registro. Si la asamblea mantenía su criterio utilizando "remontrances iterativas", el rey podía forzar el registro por medio de un "asiento de justicia" (lit de justice). Entre 1673 y 1715, el parlamento fue privado de facto de este derecho por Luis XIV, que exigió el registro de sus decisiones antes de que el parlamento pudiera emitir sus "remontrances".

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