Parapolítica

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Parapolítica (o para-política) es el nombre con el que se conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se llama «paramilitares» a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.

Según las investigaciones y condenas judiciales varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos alcanzaron cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales.[2]

El escándalo se desató en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez afectaron las relaciones internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,[4]

Antecedentes

Aunque mucho se especulaba sobre el poderío político de las autodefensas en el país no fue sino hasta 2006 que se empezaron a revelar hechos y acusaciones concretas sobre cómo los grupos criminales de extrema derecha que con financiación del narcotráfico, se habían adentrado en los gobiernos seccionales, el Congreso, la política, los debates electorales y las Fuerzas Armadas.

Si bien, desde el año 2002, cuando era Representante a la Cámara el senador Gustavo Petro venía denunciando la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de Luis Camilo Osorio,[10]

En el año 2005 el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia del Estado, Jorge Noguera Cotes es investigado por diferentes acusaciones, entre otras las del ex jefe de informática del organismo Rafael García, testigo clave del proceso, de poner este organismo de inteligencia al servicio de las autodefensas del norte del país.[13]

En julio de 2006 la Corte Constitucional condiciona la Ley de Justicia y Paz que había tramitado el gobierno ante el Congreso para el proceso de desmovilización de paramilitares. La Corte estableció que para que los jefes paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales debían:

"hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los “desaparecidos” y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar", estableciendo que quienes no cumplan con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los beneficios de dicha ley.[14]

Es entonces cuando los jefes paramilitares concentrados en cárcel de máxima seguridad comienzan sus revelaciones para poder acogerse a dicha ley. Salvatore Mancuso pone al descubierto hechos criminales de alta gravedad que comprometen a políticos de diferentes regiones del país.[15]

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