Pactos de la Moncloa

Palacio de La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de España desde 1976.

Los Pactos de la Moncloa (formalmente fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, tomando conocimiento y comprometiéndose a su desarrollo el Congreso de los Diputados dos días después, y el Senado el 11 de noviembre, entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (que finalmente lo firmaría) y de la CNT, con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la gran inflación que alcanzaba el 26,390 %.[1]

La coyuntura económica

La coyuntura económica era grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de lleno a España -a la que no había afectado tan rápidamente como a los países europeos considerados aliados de Israel por la OPEP-, el desempleo -que durante el franquismo quedaba ocultado por la emigración a Europa, y que ahora en crisis no admitía, produciéndose en cambio el retorno de los emigrantes-, la inflación había superado la frontera del 26%[2] a mediados del año 1977, y se temía la posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación, como las que posteriormente sufrieron los países iberoamericanos. Se hablaba de fuga de capitales desde los últimos años del franquismo. Los empresarios, acostumbrados al corporativismo y al intervencionismo que presidía las relaciones económicas y sociales durante el franquismo, recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos de clase, que exhibían una retórica reivindicativa que, según como fuera entendida, a veces era tomada por revolucionaria.

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