Organización territorial de España

La organización territorial de España, un Estado autonómico, está basada en lo que indica el artículo 2 de la Constitución de 1978, que declara «la indisoluble unidad española» y «garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».[1]​ Este artículo está desarrollado por el Título VIII sobre la organización territorial del Estado, cuyo artículo 137 establece:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 137 de la Constitución española de 1978.[2]

Tras los pactos autonómicos de 1981 y 1992, España se vertebra en 17 comunidades autónomas, incluyendo una comunidad foral, y dos ciudades autónomas. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias hasta un total de 50 en todo el territorio nacional. A su vez, cada provincia está dividida en un número variable de municipios que en toda España suman un total de 8118.[3]​ Los municipios son las entidades territoriales básicas en la organización territorial de España.

Existen otras entidades territoriales con personalidad jurídica que consisten en agrupaciones de municipios (comarca mancomunidad de municipios) o en entidades de rango inferior al municipio, conocidas como entidades locales menores.

Judicialmente, el Estado se divide en Municipios, Partidos Judiciales, Provincias y Comunidades Autónomas. Un partido judicial puede estar compuesto por varios Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial.

Las 17 comunidades autónomas son: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y La Rioja. A estas se añaden Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, y también unos determinados territorios situados en el norte de África conocidos como plazas menores de soberanía, que son las Islas Chafarinas, Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Estos territorios son administrados directamente por el gobierno español desde Madrid. Como curiosidad también existe un municipio llamado Llivia perteneciente a la provincia de Gerona, Cataluña, que está rodeado en su totalidad por territorio francés.

Historia

La historia de la organización territorial de España comienza en el siglo XVI con la unión dinástica de la corona de Aragón y la corona de Castilla y la conquista del reino de Navarra.

Construcción del Estado de las autonomías

La Constitución española de 1978 no establece un modelo territorial acabado, sino que configura lo que Jesús Leguina Villa denominó "Estado unitario regionalizable",[4]​ es decir, un Estado que permitía el acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones, estableciendo para ello una serie de procedimientos que darían lugar a una posterior regionalización de la totalidad del territorio. El nuevo modelo de Estado políticamente descentralizado fue construido en los años posteriores a la promulgación de la Constitución.

La Constitución establecía dos formas de acceder a la autonomía: la vía lenta, establecida en el artículo 143, y la vía rápida, establecida en el artículo 151. La vía rápida permitía obtener un mayor nivel de autogobierno desde el principio pero tenía unos requisitos más exigentes que la vía lenta. Las comunidades que se formaban mediante la vía lenta no disponían de todas las competencias al momento de constituirse y debían esperar cinco años para poder recibir el resto de competencias que no fueran exclusivas del Estado.

Entre diciembre de 1979 y febrero de 1983 se constituyeron las diecisiete comunidades autónomas y se aprobaron sus respectivos estatutos de autonomía.

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