Nacionalismo canario

Bandera tricolor canaria o "bandera nacional canaria", creada por el MPAIAC en la década de 1960.
Mapa de Canarias, con la costa de África en la esquina inferior derecha.

El nacionalismo canario es una corriente ideológica que pretende la consideración del archipiélago de Canarias como nación. No obstante, a lo largo de su historia el término ha sido usado por diversidad de movimientos políticos de un amplio espectro: desde movimientos abiertamente independentistas hasta otros movimientos más moderados partidarios del federalismo dentro de España, pasando por regionalistas o simplemente autonomistas.

Incluye, asimismo, a muchas tendencias políticas y sociales, siendo tradicionalmente las organizaciones de izquierda las más reivindicativas.

Manifestación realizada en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de marzo de 2010, por la independencia de Canarias.

Períodos de autogobierno en Canarias

En los últimos años de la Conquista de Canarias, que culminó el 30 de mayo de 1481, Tenesor Semidán, líder grancanario (posteriormente converso al cristianismo y bautizado como Fernando de Guanarteme) firmó la Carta de Calatayud junto a Fernando II de Aragón. Dicha carta establecía la creación de un "Reino de Canarias" que se integraría en el conjunto de reinos que luego darán forma a la actual España.

Graffiti nacionalista en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

La Carta establecía también los derechos y deberes de los canarios, algunos de sus puntos destacables eran:

  • El reparto de tierras y otros medios de producción entre los canarios.[4]
  • Mantenimiento de los "títulos nobiliarios" entre los canarios.[1]
  • Existencia de una fiscalidad diferenciada.[1]
  • Existencia de milicias canarias.[6]
  • El derecho de placet con respecto a las leyes de la Corona.[6]
  • La acuñación de moneda propia hasta 1776.[3]
  • La posibilidad de comerciar independientes del monopolio comercial español.[7]
  • Mantenimiento de roles socialmente relevantes por parte de las mujeres canarias (como fue el caso de Inés Chemida) o en temas legales (como fue el caso de María de Güímar) o en temas de sucesión.[1]
  • Mantenimiento de normas civiles magas como el derecho de separación de las mujeres.[8]
  • Reclamación de los derechos por parte de los canarios ante los tribunales.[1]
  • Cobro de deudas de los canarios a los colonos como se puede ver en la herencia de Fernando Tacoronte.[1]

En principio sólo formaba parte del pacto la isla de Gran Canaria, pero las otras islas lo fueron aceptando según crecía el descontento con el régimen señorial establecido inmediatamente tras la conquista castellana.

La Carta y los posteriores tratados de integración creaban unos organismos, a distintos niveles, tales como los cabildos insulares, la Audiencia de Canarias o el Obispado.

La Carta fue pasada por alto por las autoridades centrales en no pocas ocasiones[ cita requerida], lo que conllevó algunos levantamientos y actos de rebeldía:

  • Levantamiento de Ichasagua en 1502.[1]
  • Mantenimiento de poblados y asentamientos tradicionales canarios en contra de las pretensiones de los colonos.[1]
  • El asalto del Cabildo de Tenerife y la quema del censo fiscal de Fernández de Lugo.[1]
  • Levantamiento de Agüimes para evitar el robo de las tierras en explotación por y para los canarios por parte de colonos españoles.[3]
  • El ajusticiamiento del Intendente Ceballos en 1720, en Santa Cruz de Tenerife.[6]
  • Levantamiento en la Aldea en 1770 por las roturaciones de tierras.[6]
  • Levantamientos en 1778 por la explotación de las tierra en Arico, Chasna y La Aldea.[6]

El vacío administrativo permitió, sin embargo, la esclavitud hasta bien entrado el siglo XVI (no obstante las prohibiciones que el Papa expidió en 1434 y 1462 y las que publicaron los Reyes Católicos en 1470, 1490 y 1499). Otro de los puntos negativos del pacto era el " impuesto de sangre", que obligaba a algunos canarios a repoblar las tierras conquistadas en América, lo cual a la larga crearía un vínculo con Sudamérica y que llevaría a la participación de canarios y descendientes de canarios en las guerras de independencia de esos territorios, sobre todo en Cuba. Dicho impuesto de sangre existió como contrapartida a la excepción canaria al monopolio de la Casa de la Contratación. En el marco de la política mercantilista de la Corona castellana, todo el comercio de Europa con las colonias americanas estaba monopolizado por la Casa de la Contratación y sujeto a un estricto control, a excepción de Canarias que podía comerciar libremente con América; ello convirtió al archipiélago en un enclave fundamental del comercio internacional y supuso además que la vinculación económica de Canarias con Inglaterra fuese más fuerte que con el resto de los territorios de la Corona. La excepcionalidad canaria, obviamente, contó con la oposición de la Casa de la Contratación, pero la burguesía y los sectores económicamente acomodados surgidos al calor del comercio supieron jugar con la apetencia de otras potencias por un territorio con una posición geoestratégica como Canarias, y el temor de la monarquía hispánica a perder el archipiélago a manos de una potencia extranjera.

Las garantías de autogobierno se fueron difuminando a lo largo del siglo XVIII y ya en el siglo XIX la burguesía de las islas de Gran Canaria y Tenerife se decantan mayoritariamente por participar de la política española.

La llamada "Bandera del Ateneo", primera bandera nacionalista canaria, creada en 1907.