Moratoria nuclear

Se denomina moratoria nuclear a la suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales energéticas de fisión atómica ( centrales nucleares).

En las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, a raíz de algunos accidentes en diversas centrales de Estados Unidos y otros países, un sector de la comunidad científica y el incipiente movimiento ecologista comenzaron a defender que las actividades que implicaban la fisión atómica suponían un riesgo para la población y el medio ambiente en general, por los riesgos de fugas radioactivas o la compleja gestión de los residuos.

Esto llevó a varios gobiernos a plantearse la detención, y a veces la finalización, de los programas nucleares en curso. A la parada temporal de los programas se le denominó en España moratoria nuclear, ya que no implicaba el cierre de instalaciones activas, sino únicamente la paralización sine die de nuevas construcciones. Esta Moratoria Finalizó en 1997, por lo que el construir o no centrales nucleares nuevas es decisión de la iniciativa privada.

Debido a esta moratoria, en España la factura eléctrica incluyó entre 1996 y 2015 un canon o sobrecargo para las grandes compañías eléctricas en compensación por los enormes gastos que realizaron para empezar a construir centrales nucleares que luego no se terminaron de construir al rescindir el Estado los permisos de manera unilateral. El importe total ascendió a 5.717 millones de euros.[2]

Historia

España

A partir de 1950 se produce en España un gran interés en la energía nuclear con que en la década de 1960 da lugar a la ley de energía nuclear y a la primera central de este tipo en Zorita. A ésta le siguieron Garoña, Vandellós I, Ascó, etc., propiedades todas ellas de las grandes eléctricas del país ( Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa).

Tras la llegada en 1982 al poder del PSOE se suspendieron los ambiciosos programas de energía nuclear ya que la presión social había hecho incluir esta suspensión en el programa electoral de ese partido, entre otros. La moratoria se aprobó finalmente en 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico (Ley 40/1994, de 30 de diembre [4] ) dadas las tremendas inversiones que habían tenido que realizar las eléctricas, y que ahora no podrían obtener beneficios al haberse anulado los permisos.

Para compensarlas, el Estado español aprobó en 1996, una disposición que permite a las compañías eléctricas cobrar un porcentaje para recuperar las inversiones que permitió el gobierno iniciar y posteriormente detuvo (340.054 millones de pesetas para la central nuclear de Valdecaballeros, 378.238 millones de pesetas para la central nuclear de Lemóniz y 11.017 millones de pesetas para la unidad II de la central nuclear de Trillo.). Este porcentaje es de un 0,02% sobre la cantidad total a facturar antes de impuestos.[7] .

Debido a la disminución de los tipos de interés y al fuerte aumento de la demanda eléctrica, en 2006 se modifican los criterios de la moratoria, al amortizarse más rápidamente de lo previsto la deuda contraída. Por eso se disminuyó el porcentaje pagado en la factura eléctrica, pasando de un 1,72% a un 0,33%, disminuyendo a su vez el plazo de amortización hasta el año 2015, terminando de pagarse finalmente el 26 de octubre de 2015[8] .

Las compañías afectadas fueron: Iberdrola (propietaria de Lemóniz y del 48% de Valdecaballeros) compensada con 3.256'07 millones de euros, Sevillana (Propietaria del 52% de Valdecaballeros) compensada con 1.060'95 millones de euros, Unión Fenosa (propietaria del 64% de Trillo II) compensada con 42'17 millones de euros y Endesa (propietaria del 36% de Trillo II) compensada con 24'05 millones de euros. De modo que al percibir de una sola vez el importe de compensación gracias a la creación del Fondo de Titulización de Activos resultantes de la Moratoria Nuclear, consiguieron liquidar sus deudas y fortalecerse financieramente[4] . La adquisición de los derechos por parte del fondo se financió mediante la emisión de bonos (1.292'18 millones de euros) y la suscripción de dos préstamos (A y B por valor de 1.935'26 millones de euros y 1.069'80 millones de euros respectivamente).


Posibles causas

Existen básicamente dos interpretaciones sobre las causas de la moratoria nuclear.

La primera pone el énfasis en los movimientos ecologistas, que en aquella época tenían una fortaleza creciente y eran marcadamente antinucleares tras el accidente de Three Mile Island[10]

En palabras posteriores del presidente que impuso la moratoria en España, Felipe González, ésta se produjo por "dos razones: la seguridad y el agobio y sobrerresponsabilidad" que suponía la imposibilidad de eliminar los residuos radiactivos.[11] Circunstancias que, según alegó, habrían cambiado en 2006, lo cual explicaría su cambio de posición sobre la energía nuclear.

Otra interpretación de la moratoria nuclear, que de una forma u otra se dio en casi todo el mundo, apunta a causas puramente económicas, derivadas de la crisis del petróleo de 1973.[12]

Según David Bodansky, los encargos en EE.UU. pasaron de 129 en el periodo de 1971 a 1974 a 13 en el periodo 1975-1978.[13] En Estados Unidos no existió una moratoria nuclear y Three Mile Island sucedió un año después del parón en Estados Unidos.

Los defensores de esta opinión señalan dos motivos principales:

  • A la crisis del petróleo de 1973, le siguieron fuertes tensiones inflacionarias, que acabaron derivando en fuertes subidas de los tipos de interés cuando Paul Volcker llegó a la presidencia de la FED en 1979.[14] Esto supuso que los costes para la construcción de nuevas centrales fueran inabordables, así como la cancelación de muchos proyectos existentes.
  • Además el mismo efecto produjo una contención del consumo eléctrico en Estados Unidos respecto a las previsiones. Se pasó de un aumento medio anual del 9% entre 1900 a 1973, a un aumento anual medio del 2.5% desde 1974.[15]

En España uno de los defensores de esta teoría es el por entonces diputado socialista en el Parlamento Vasco y posteriormente Ministro de Industria y Energía en 1993 Juan Manuel Eguiagaray, que llega a decir que la moratoria nuclear fue tanto una compensación por las construcciones paralizadas, como un rescate financiero de las compañías eléctricas:

"Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1983. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz.".[16]

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