Matanza de Acteal

Masacre de Acteal
Caso Acteal 2.jpg
Juan Vásquez Luna, de Las Abejas, en la audiencia ante la CIDH
Fecha 22 de diciembre de 1997
Lugar Acteal
Resultado Inconcluyente
Consecuencias 45 indígenas asesinados, 18 personas condenadas por portación de armas de fuego
Beligerantes
Indígenas tzotziles de Las Abejas Logo of the Mexican Army.svg Ejército Mexicano
Figuras políticas
Subcomandante Marcos Jorge Madrazo Cuéllar
Ernesto Zedillo
Bajas
45 indígenas asesinados
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Columna de la Infamia en el sitio donde ocurrió la Masacre de Acteal, en la que perdieron la vida 45 personas a manos de paramilitares.

La Matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización " Las Abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana pentecostal (protestante) de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano califica la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, los opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideran como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad que sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune.[5]

Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados solicitaron un juicio de amparo, que finalmente les fue otorgado a 20 de ellos el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (en aquél tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar) fabricó evidencias para inculpar a los presos.

Relación de los hechos

El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal, del municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( EZLN). Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de " Las Abejas", fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares al interior de la iglesia, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.

Con respecto a la masacre, unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidos y luego recluidos en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, afirmó en su momento que era necesario que la Procuraduría General de la República investigara en relación a los instigadores de esta masacre.

Entre los supuestos participantes figuraron ocho ex oficiales de seguridad pública que fueron condenados a penas de un poco más de tres años de prisión y luego fueron puestos en libertad. De acuerdo con monseñor Ruiz fueron estos oficiales los que propiciaron la matanza de indígenas o que de alguna forma no evitaron que se conformaran los grupos armados.

Según datos extraoficiales se cree que en Chiapas, en aquella época, operaban más de diez grupos paramilitares, que combatían al EZLN. Algunos activistas los vinculan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71 años en medio de críticas por presuntos actos de corrupción y autoritarismo.

Reanudado el proceso se ha encontrado en el expediente que existen 83 personas presas alegando como cargos en su contra la portación de armas de fuego, en el expediente obra que solo existen tres armas que se usaron durante los hechos, además de que de ninguno de los consignados se obtuvo un dictamen positivo en la pericial de restos de pólvora.

La sentencia causa penal 223 dictada en el 2007 condena a 18 personas por portación de armas de fuego, haciendo incongruente los hechos notorios con la sentencia, además de que sin basarse en dictámenes profesionales se condenó a los detenidos.

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