Masacre de Mapiripán

Masacre de Mapiripán
Lugar Bandera de Colombia Mapiripán, Meta, Colombia
Coordenadas 2°53′31″N 72°08′01″O / 2°53′31″N 72°08′01″O / -72.1336
Blanco(s) civiles y militares
Fecha 15 al 20 de julio de 1997 (20 años)
Tipo de ataque asesinato masivo
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La Masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.

El Estado colombiano por medio de la Fiscalía General de la Nación logró comprobar que quienes ejecutaron dicha masacre fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, cargos por los que se condenó al extinto jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil.

El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.[1]

Falsas Victimas de la Masacre de Mapiripán

El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana ( Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el pago de una indemnización por los daños materiales y morales causados a Luis Fernando Figueredo Cagüeño, Carlos Felipe Figueredo, Johnatan Figueredo Cagüeño y William Alexander Molina Figueredo.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia estableció que la persona que fue reportada como muerta en la acción paramilitar está con vida y vive actualmente en la ciudad de Villavicencio. Para el ente investigador estas personas faltaron a la verdad cuando se acreditaron como víctimas de la masacre ante el organismo internacional.

Por estos hechos, los acusó formalmente por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Los procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos materia de investigación ante el juzgado 27 de conocimiento de Bogotá.

Por mentir para recibir beneficios económicos en la demanda presentada ante la Corte Interamericana ya han sido condenadas siete personas. El ente investigador está tras la pista de otras personas que se habrían beneficiado con el pago de indemnizaciones en el fallo emitido en octubre de 2005.[2]

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