Manos Limpias (España)

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, conocido popularmente como Sindicato Manos Limpias o simplemente, Manos Limpias, es una asociación española fundada en 1995 como organización de representación de empleados de la función pública. Su relevancia en España no se debe tanto a sus acciones sindicales como a las abundantes denuncias presentadas sobre temas variados que afectan a la política municipal y nacional. Su dirigente fue detenido en abril del 2016 y permanece en prisión.

Trayectoria

Fundada en 1995 con sede en la calle de Ferraz en Madrid, la organización Manos Limpias está presidida por Miguel Bernad Remón.[1]

Entre los asuntos recurrentes en los que el colectivo ha sido muy activo está el sumario y juicio por los atentados del 11-M. Manos Limpias ha presentado denuncias ante la Justicia y el Consejo General del Poder Judicial contra los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón, y contra la fiscal Olga Sánchez, sin ningún éxito. De hecho, tras presentar una querella contra el juez Juan del Olmo, por una supuesta destrucción de pruebas del 11-M, el Tribunal Supremo no solo la desestimó, sino que denunció a su vez a Manos Limpias por los delitos de acusación y denuncia falsas.[5]

Entre 1997 y 2009, el sindicato interpuso un total de dieciocho querellas, denuncias y quejas en distintos ámbitos contra el juez Baltasar Garzón, todas sin éxito.[8]

Asimismo, ha interpuesto denuncias contra las instituciones que apoyan a las selecciones deportivas catalanas; contra Nunca Máis; contra piquetes sindicales en una huelga del Metro de Madrid o contra la acampada de los trabajadores de Sintel en el Paseo de la Castellana. También han solicitado al arzobispado de Madrid la suspensión a divinis de los sacerdotes de la parroquia de San Carlos Borromeo. El 16 de mayo de 2007 denunció ante la fiscalía del TSJC presuntas vulneraciones masivas de los derechos humanos de los reclusos en las prisiones catalanas. En enero de 2008 su denuncia contra Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao por negarse a acatar las órdenes del Tribunal Supremo y disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak llevó a la inhabilitación de los acusados.[9]

Otro de sus frentes de actuación es la homosexualidad. Ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la ley que habilitaba los matrimonios entre personas del mismo sexo; a Los Lunnis ante el Defensor del Menor por mostrar una familia homoparental en un episodio; a José Mantero, el párroco de Valverde del Camino que fue, en 2002, el primer sacerdote católico español en reconocer su homosexualidad; y al guardia civil de Mallorca que, a finales de 2002, solicitó convivir en la casa cuartel con su pareja;[7]

Miguel Bernad afirmó, en 2006, que un 70% de las denuncias había prosperado y que el 30% restante no lo hizo por "falta de medios económicos",[10] en tanto que en 2005 afirmaba "Hemos ganado el 30% de las demandas presentadas".

En julio de 2008, a raíz de las investigaciones policiales sobre varios casos de corrupción urbanística, el diario El País puso en conocimiento de la opinión pública las presuntas relaciones entre el secretario general del sindicato y varios de los comisionistas investigados.[13] donde se trató el coste para que retiraran su acusación sobre Cristina de Borbón.

El 27 de mayo de 2009 fue admitida a trámite una nueva querella contra el magistrado Baltasar Garzón, esta vez por presunta prevaricación (haber dictado resoluciones manifiestamente injustas o con conocimiento de su impertinencia), en el procedimiento judicial abierto por el querellado para investigar los crímenes y desapariciones ocurridas en España durante la dictadura franquista. En junio de 2009 denuncia también al dramaturgo y cabeza de lista a las elecciones europeas de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), Alfonso Sastre, por supuestas amenazas editadas en un artículo de opinión en el diario Gara.[ cita requerida]

En marzo de 2011 se personó como acusación particular en el Caso de los ERE falsos de Andalucía.[14]

En febrero de 2012 se personó en el Caso Nóos solicitando la imputación de la infanta Cristina de Borbón.[16]

En marzo de 2013, solicitó la imputación de dos responsables del Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP, por sendos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.[19]

En abril de 2016, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, desmantela la cúpula de esta organización debido a diversas acusaciones contra el secretario general, Miguel Bernard y once de sus trabajadores, que fueron detenidos por esos presuntos delitos.[21]


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