Ley de Seguridad del Estado

La Ley 12927, sobre Seguridad del Estado,[2]

Durante la Dictadura Militar, encabezado por Augusto Pinochet, la LSE fue objeto de numerosas reformas dirigidas a ampliar las conductas punibles y aumentar sustancialmente las penas, especialmente para los delitos contra el orden público. Por lo anterior, a fin de incluir las modificaciones introducidas en aquél entonces, el 3 de julio de 1975 se promulgó el Decreto Nº 890 que fijó su texto actualizado y refundido, siendo publicado en el Diario Oficial el 26 de agosto del mismo año. Durante la transición a la democracia la gran mayoría de las modificaciones introducidas durante la dictadura militar fueron eliminadas, siendo objeto de reformas en 1991, 2001, 2002, 2004 y 2010.

Esta ley permite a los tribunales de justicia acelerar los procesos, pudiendo dictar sentencia con mucha mayor rapidez. Todas aquellas personas que condenadas por delitos previstos en esta ley quedan inhabilitadas para ejercer cargos y oficios públicos, de acuerdo a las normas del Código Penal.

Historia

A partir de la década de 1930 comienzan a promulgarse en Chile textos dedicados de manera especial a regular materias sobre la seguridad del Estado y orden público, como los siguientes:[3]

  • El DFL Nº 143 de 1931, que estableció como delito contra la seguridad interior la propagación de noticias tendenciosas o falsas.
  • El Decreto Ley Nº 50 de 1932, que reguló una serie de figuras penales que serían retomadas por los cuerpos normativos posteriores, tales como la apología de la violencia, la propagación y promoción de doctrinas subversivas, la incitación a la revuelta o al terrorismo, entre otras.
  • La Ley Nº 6026, de Seguridad Interior del Estado,[4]​ promulgada en 1937, estableció la distinción entre delitos contra la seguridad interior del estado y delitos contra el orden público, que sería recogida por la legislación posterior, incluida la LSE.

La directa antecesora de la Ley de Seguridad del Estado fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley Nº 8987 del año 1948), la cual es generalmente es conocida por haber establecido la proscripción ideológica del Partido Progresista Nacional y del Partido Comunista, el borrado del registro electoral de sus militantes y de las personas sospechosas de participar en dichas organizaciones, lo que significó la inhabilitación y cesación del cargo de regidores, alcaldes, diputados y senadores electos de tales partidos políticos. Similares sanciones se aplicaron en la designación y contratación de empleados en la administración pública, municipalidades e instituciones de educación, además de prohibir toda organización, propaganda y toda asociación similar. Se sancionaron todas las reuniones o actos que interrumpieran el normal desarrollo de las actividades productivas, limitándose el derecho de huelga. También sancionaba a quienes cooperaran o efectuaran actos contrarios a la misma.[5]

La Ley de Defensa de la Democracia fue derogada en 1958, junto con la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937, con la publicación de la Ley 12.927. Al momento de su derogación, el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo, que había aplicado regularmente la Ley de Defensa de la Democracia durante los primeros años de su mandato,[3]​ El propio Ibáñez añadió, en el mismo mensaje, que el propósito de la Ley 12.927 era la protección del sistema democrático de gobierno.

Durante el régimen militar la LSE fue objeto de numerosas reformas dirigidas a ampliar las conductas punibles y aumentar sustancialmente las penas, especialmente para los delitos contra el orden público.[3]

Ya en la transición a la democracia, y como resultado de las llamadas Leyes Cumplido —llamada así por Francisco Cumplido, ministro de justicia del presidente Patricio Aylwin— la gran mayoría de las modificaciones introducidas a la ley durante el régimen militar fueron eliminadas. En tal sentido, el texto actual de la LSE se asemeja en gran medida al existente con anterioridad al régimen militar.[3]

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