Ley de Comuna Autónoma

Ley de Comuna Autónoma en el Boletín N°12 de las Leyes y Decretos del Gobierno de Chile, diciembre de 1891.

La Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, más conocida como «Ley de Comuna Autónoma», fue una norma legal chilena aprobada el 22 de diciembre de 1891, durante el gobierno del presidente Jorge Montt, y publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre del mismo año, que otorgaba considerables cuotas de autonomía a las municipalidades, entregándoles, además, el manejo de las elecciones políticas.[1] También regulaba las funciones que debían desempeñar las nuevas municipalidades.

Características

Esta ley dividió al país en 297 comunas, las funciones de la comuna recaían sobre Asambleas Electorales quienes establecían impuestos, resolvían sobre las enajenaciones e inversiones en la comuna e incluso elegir a los municipales.

Esta ley permitía a los municipios una total independencia del poder ejecutivo, se le otorgaron facultades a los municipios mucho más amplias, incluidas las antiguas facultades que tenían los gobernadores de departamentos. Las facultades cubrían aspectos como el aseo y el ornato de las poblaciones, el fomento de la educación y de las industrias, la salubridad, la policía de seguridad, entre otras.

Esta norma establecía el número de municipales que se debían elegir —nueve—, de los cuales tres eran alcaldes y el resto, regidores. Además, existían los regidores supernumerarios, que se elegían uno más por cada 10.000 habitantes cuando las poblaciones superaban las 20.000 personas. Para el caso de Santiago y Valparaíso, el Presidente debía dividir la población en diez y cinco circunscripciones, respectivamente. Cada circunscripción elegiría tres municipales y cada Municipalidad estaría compuesta por la totalidad de los municipales elegidos en cada circunscripción. Los tres municipales de cada circunscripción conformaban una junta local que realizaba las labores confiadas por la Municipalidad y presidía la asamblea de electores.

Lejos de garantizar elecciones libres y democráticas, la Ley de Comuna Autónoma traspasó la manipulación electoral desde el presidente de la República a los caudillos locales, lo cual hizo aumentar la corrupción y la práctica del cohecho.

Este modelo que funcionó muy bien en Europa no tuvo el mismo resultado en Chile, debido a la poca cultura política existente, la falta de fondos para hacer efectivo el rol de las Asambleas Electorales y principalmente, porque el modelo facilitaba a unos pocos caudillos terratenientes nombrar los alcaldes y regidores, así como los cargos de otros empleados, concentrando así el poder local en verdaderos feudos locales. Esto obligaba a los contrincantes a utilizar métodos y prácticas irregulares como la compra de votos de los electores, de vocales de mesa e incluso a los mismos municipales.

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