Ley Paccionada Navarra

Escudo de Navarra (oficial).svg

Se conoce como Ley Paccionada o Ley de Modificación de Fueros a la ley dictada por el regente de España y de Navarra Baldomero Espartero, de fecha 16 de agosto de 1841, por la que se liquidaban definitivamente las instituciones del Antiguo Régimen en Navarra, pero se establecía un régimen económico-administrativo especial para la provincia de Navarra.

Su denominación de "paccionada" alude al hecho de que su elaboración se hizo de acuerdo al procedimiento derivado del compromiso ofrecido en el llamado Abrazo de Vergara por el general Baldomero Espartero a la finalización de la Primera Guerra Carlista, fue alcanzado entre el gobierno nacional y la Diputación Provincial de Navarra. Dicho compromiso, concretado después en la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, establecía que las modificaciones en la legislación privativa foral de Navarra no se haría sin escuchar antes a la provincia. La Ley Paccionada fue el sustento del régimen económico-administrativo especial del que disfrutó Navarra durante la segunda mitad del siglo XIX y el XX, permaneciendo en la actualidad formalmente vigente aunque sobrepasada en casi todo su contenido por la actual norma institucional básica de Navarra, el Amejoramiento del Fuero, texto éste que en su disposición final afirma su vigencia salvo en lo que se oponga a lo establecido por el propio Amejoramiento.[1]

Origen

La derrota de las armas carlistas en la primera guerra civil de tal nombre se había sellado con el convenio conocido como Abrazo de Vergara firmado en Oñate el 29 de agosto de 1839 entre el general del ejército liberal Baldomero Espartero y el del ejército carlista Rafael Maroto y hecho público en Vergara delante de las tropas de ambos bandos dos días después. En dicho convenio se recogían una serie de compromisos relativos a la liberación de los prisioneros de guerra, el respeto y reconocimiento a los grados de oficialía del ejército carlista, la integración de los soldados del ejército carlista en el ejército liberal, así como determinadas medidas relativas a la suerte de huérfanos y viudas. Así mismo, recogía como principal estipulación de carácter político que el propio general liberal recomendaría con interés al gobierno de la monarquía el mantenimiento de los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, territorios éstos en los que junto a Aragón y en Cataluña el apoyo a la causa carlista había sido especialmente significado y cuya defensa del sistema foral había sido una de las banderas del carlismo.

Apenas dos meses después de firmado, ese compromiso en relación a los fueros de Navarra y de las provincias vascas fue convertido en ley y sancionado por la reina Isabel II en la Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839. Dicha norma establecía que eran confirmados los fueros de Navarra y de las provincias vascongadas, en tanto se introducían en ellos las modificaciones pertinentes para compatibilizarlos con el régimen constitucional liberal, para lo que se establecía que se consultaría antes a Navarra y a los territorios vascos.

De esta manera, y para llevar a término esa modificación de fueros (el conocido en la época como "arreglo foral") dentro del proceso de supresión de instituciones del Antiguo Régimen que había llevado a la abolición de la Inquisición, de la Mesta y de los Tribunales Reales del Antiguo Régimen, la Diputación del Reino fue suprimida y nombrada en su lugar una diputación provincial integrada principalmente por personalidades de la burguesía liberal navarra, a la que en cumplimiento de la norma de 1839 se le confirió la representación de la provincia para negociar la modificación de los fueros.

Finalizadas las negociaciones, en las que alcanzaría especial protagonismo José Yanguas y Miranda a la sazón secretario de la Diputación Provincial de Navarra, se llegó a un acuerdo sobre el que la ley sería finalmente elaborada, siendo finalmente aprobada por las cortes generales el 16 de agosto de 1841.

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