Ley Orgánica del Estado

Cartel propagandístico gubernamental pidiendo el voto afirmativo en el referéndum de la Ley Orgánica del Estado.

La Ley Orgánica del Estado (1966) fue promulgada durante la tercera etapa del régimen franquista, por un gobierno en el que la mayor parte del poder estaba en manos de tecnócratas. Junto con las otras siete leyes fundamentales del régimen se consiguió el proceso de institucionalización del régimen franquista. Fue aprobada en referendum el 14 de diciembre de 1966, con el voto favorable del 98.01% de los votantes.[1]

Contenido

Se estructura en sesenta y seis artículos distribuidos en diez títulos:

  • Título I. El Estado nacional. Recoge la soberanía nacional y los fines fundamentales del Estado: la defensa de la unidad de hombres y mujeres; la integridad, independencia y seguridad de la Nación; la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles; el amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad; y la promoción de un orden social justo. Asimismo, regula la bandera nacional. Entre los derechos destacan los de asociación, libertad religiosa y la posibilidad de crear asociaciones políticas.
  • Título II. El jefe del Estado. Es el representante de la Nación. Se recoge su estatuto y su inviolabilidad. Estará asistido por el Consejo del Reino y se le faculta para la convocatoria de referéndum. Se recoge la figura del heredero de la Corona, sin especificar quien deba ser éste.
  • Título III. El Gobierno de la Nación. Separa la figura de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno. Este último será designado por un plazo de cinco años por el Jefe del Estado a partir de una terna propuesta por el Consejo del Reino. El Presidente del Gobierno nombra y separa libremente a los ministros. Este sistema se implantó plenamente en 1972, cuando Franco designó como Presidente del Gobierno a Luis Carrero Blanco (que fue asesinado por ETA en 1973) y al que sustituyó Carlos Arias Navarro.
  • Título IV. El Consejo Nacional. Denominado Cortes Españolas, ejerce el poder legislativo. Posee un sistema de elección complejo, con miembros natos (así, rectores de universidades), miembros designados por el Jefe del Estado y miembros elegidos por la comunidad, en representación de la Familia, de las Corporaciones Locales y de la Organización Sindical. En concreto, eran 102 los procuradores elegidos por el tercio de familia, algo que ya preveía la Ley Constitutiva de las Cortes en 1942, pero que hasta ese momento no habían sido elegidos.
  • Título V. La Justicia. Recoge la independencia de la Justicia y la gratuidad para los que carezcan de recursos. Los órdenes jurisdiccionales son ordinarios (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y del Trabajo) y especiales (Militar y Eclesiástico).
  • Título VI. Las Fuerzas Armadas. Se integra por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público. Los tres ejércitos disponen de un Estado Mayor, coordinado a través del Alto Estado Mayor. La Junta de Defensa Nacional propone al Gobierno las líneas concernientes a seguridad y defensa nacional.
  • Título VII. La Administración del Estado. Recoge el principio de legalidad, prevé un procedimiento administrativo con recurso y el sometimiento al control judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa. Recoge el Consejo de Economía Nacional y el Tribunal de Cuentas.
  • Título VIII. La Administración Local. Recoge los municipios y provincias y prevé que el Estado promueva el desarrollo de la vida municipal y provincial, proteja y fomenta el patrimonio de las Corporaciones locales y asegure a éstas los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
  • Título IX. Relaciones entre los Altos Órganos del Estado. Regula las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo.
  • Título X. El recurso de contrafuero. Se prevé un recurso contra actos legislativos o disposiciones generales del Gobierno que vulneren los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes fundamentales del Reino.