Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) ley educativa española, promulgada por el gobierno del PSOE y sustituyó a la Ley General de Educación de 1970, vigente desde la dictadura de Franco. Fue derogada por la Ley Orgánica de Educación ( LOE), en el año 2006.

Antecedentes

El retraso de España respecto a Europa en diversos aspectos hizo que tradicionalmente la educación pública en el país no se encontrara tan avanzada como en otros países de su entorno. No fue hasta el siglo XIX cuando se comenzó a regular la instrucción pública como institución que posibilitara una educación global de la persona.

Ley Moyano (1857)

Estatua de Claudio Moyano en la cuesta homónima de Madrid.

La primera intención de modernizar los sistemas educativos españoles apareció con la Ley Moyano de 1857[1]​ que entre sus intenciones tenía las de delimitar la fuerte influencia de la Iglesia española en la educación, legislar la educación de carácter privado en las etapas de primera y segunda enseñanza, e implantar una metodología más científica en la segunda enseñanza.

Los presupuestos liberales de esta ley se mantuvieron durante casi un siglo pero los avances profundos fueron lentos o inexistentes debido a la inestabilidad política en las décadas siguientes: la dictadura de Primo de Rivera, el breve período de la Segunda República Española, y el régimen de Franco.

Ley General de Educación (1970)

A mediados del siglo XX, con la dictadura, se asentó la enseñanza con marcado carácter religioso, cívico y patriótico, tal como se aprecia en la Ley de Educación Primaria de 1945.[3]​ Estos autores señalan que las intenciones o fines de la ley son, en resumen, éstos:

Lograr un criterio de unidad e interrelación distintos niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo, producir una adecuación de contenidos y métodos educativos a la evolución psicobiológicas de los alumnos, proceder de una revisión y actualización periódica de planes y programas, construir un servicio continuado de orientación educativa, contemplar una valoración del rendimiento educativo referida no sólo al aprovechamiento, sino a la acción de los propios centros escolares”…

Ramón López Martín y Alejandro Mayordomo (pág. 70, párr.2)

La construcción por parte de los tecnócratas, teniendo como premisa las ansias de desarrollo y el bienestar económico, supuso un cambio tecnológico y sociocultural, haciendo que el Franquismo se adaptara a los nuevos tiempos y cambiara "sus criterios de legitimación política; de la Iglesia y el Movimiento, a la ciencia y la técnica como pilares legitimadores del régimen". Ahora bien, según estos autores, este cambio sociopolítico, sobre todo con el punto de llegada tecnocrático que supuso la Ley General de Educación de 1970, "tendrá efectos no controlados, con modificaciones y cambios culturales imprevistos. Sin duda, la desconexión -cuando no enfrentamiento- entre las orientaciones políticas y las propuestas curriculares, alcanzará su máximo grado” (pág. 83, párr.3)[3]

Nuevas Leyes

Entre finales de los años 1970 y los años 1990 se produjo una nueva etapa de reforma ya que España se había convertido en un país democrático y el sistema educativo imperante debía cambiar.

En 1980 el gobierno de UCD promulgó la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE)[4]

Con los posteriores gobiernos del PSOE aparecieron también:

  • La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) En 1985,
  • La LOGSE en 1990
  • y finalmente en 1995 la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG).